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Los vascos con pocos ingresos podrán exigir ante el juez el derecho a una vivienda

El solicitante deberá llevar registrado al menos cuatro años en Etxebide.- Se impondrá un canon a las casas deshabitadas durante más de dos años

Un vasco con pocos recursos (menos de 15.000 euros anuales) podrá exigir a su gobierno una vivienda en alquiler. La futura Ley de Vivienda del País Vasco establece, entre otras novedades, el llamado derecho subjetivo, cuya principal novedad es que, si el Gobierno autonómico no le proporcione un inmueble o le da una prestación, se podrá reclamar a los tribunales. La otra novedad de la normativa, aún en fase de anteproyecto, es que se obligará al pago de un canon (10 euros por metro cuadrado útil) a los propietarios de pisos vacíos que estén desocupados más de dos años, salvo excepciones como segunda residencia o motivos laborales y de salud.

El consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, ha adelantado hoy el contenido del anteproyecto, que se espera presentar al Consejo de Gobierno para su aprobación a finales de año. Se abre ahora un proceso de participación para que tanto la ciudadanía como los diferentes partidos políticos hagan sus aportaciones al texto. Los cálculos del Gobierno autónomo es que pueda entrar en vigor en 2012.

Para que la Administración reconozca el derecho ciudadano a una vivienda, el solicitante tendrá que tener vecindad administrativa en Euskadi, carecer de vivienda digna y no disponer de medios económicos para acceder a una vivienda libre, estar inscrito en el registro oficial de demandantes y tener unos ingresos determinados. Pero no se esperará a que se desarrolle el reglamento y, un año después de la aprobación definitiva, podrán beneficiarse de este derecho las familias de tres o más miembros con ingresos anuales por debajo de 15.000 euros.

La nueva ley incluye la expropiación forzosa de viviendas de protección oficial a los dueños cuyos ingresos se hayan duplicado durante tres años seguidos respecto a los máximo establecidos para acceder a estos pisos y fijará por vez primera diferentes precios, según las rentas, para una misma vivienda protegida.