El freno verde funciona

Denuncia tras denuncia, recurso tras recurso, años que pasan hasta que nadie sabe muy bien cómo acabará el galimatías legal en el que se ha transformado una denuncia contra una obra o una actuación urbanística, que se considera atentan contra el medioambiente. Ecologistas y colectivos sociales lo saben bien. "Es una carrera de fondo, pero yo creo que no cunde el desánimo porque empezamos a ver éxitos en el ámbito judicial. Se paran proyectos", advierte Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace. Sostiene que los únicos que denuncian son las ONG o los grupos ecologistas. "Solo pedimos a las administraciones públicas que realicen su trabajo, que controlen y que hagan cumplir la ley. Y a los tribunales, celeridad. Parece absurdo que lo tengamos que hacer nosotros, pero así es". Greenpeace tiene un presupuesto de 50.000 euros al año para las denuncias y su defensa. "Es mucho dinero, teniendo en cuenta el tipo de organización que somos".

La directora del departamento legal de WWF, Rita Rodríguez, comenta que ellos no tiene ningún interés en perseguir infracciones. "Acudimos a la vía judicial cuando es el último recurso que queda". A veces cunde el desánimo. "Es desesperante, hay ocasiones en que te dan ganas de tirar la toalla, irte a vivir y dejarte de líos", comenta Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, que piensa que el problema se debe a que la política se ha introducido en todos los ámbitos. "Se llega a situaciones absurdas, de hechos consumados, como cuando los tribunales deciden que una obra es ilegal, pero ya está en funcionamiento", opina Mario Rodríguez.

Como ejemplos de la labor de estos colectivos destacamos dos actuaciones urbanísticas (el hotel de El Algarrobico, en Almería, y el desdoblamiento de la M-501, en Madrid); la parada del vertido de residuos industriales a las marismas del río Tinto, Huelva, y un proyecto de refinería que está provocando un fuerte rechazo social en Extremadura.

Símbolo del destrozo costero

Actuación: hotel Azata Sol, de 22 plantas y 411 habitaciones.

Ubicación: paraje del Algarrobico, en Carboneras (Almería). Parque natural del cabo de Gata-Níjar.

Situación actual: paralizado cautelarmente por un juez de Almería el 22 de febrero de 2006. Licencia municipal revisada de oficio en septiembre de 2008. Recurrida por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los ecologistas están convencidos de que el hotel se acabará demoliendo. "Tiene 16 sentencias en contra", indican desde Greenpeace. La pregunta del millón es saber cuándo. "Todavía tenemos por delante siete u ocho años", sostiene Jaime del Val, de la organización Salvemos Mojácar, que lleva desde 2005 luchando para que "este despropósito", levantado en uno de los pocos parajes vírgenes que quedaban en el litoral almeriense, desaparezca. Los detractores tienen claro que es ilegal porque está situado en una zona protegida e incumple la Ley de Costas, al no respetar la servidumbre de 100 metros desde la ribera del mar, donde no se puede construir. El edificio está a 47 metros del dominio público marítimo-terrestre y otras construcciones, como la piscina, a 14 metros.

La empresa, por su parte, espera que los tribunales les den la razón, porque "todos los informes" que tenían "eran positivos, incluso los de Costas", explica José Rodríguez, subdirector de Azata. "En ocasiones, miramos hacia atrás por si hubo algún indicio de que iba a haber problemas que nos pasaran inadvertidos, y no los encontramos. No nos hubiéramos planteado la construcción en caso de ser ilegal", afirma.

Para Greenpeace, la historia de El Algarrobico empezó a gestarse en 1987 cuando se crea el parque natural del cabo de Gata-Níjar. En ese mismo año las normas urbanísticas de Carboneras clasifican los terrenos de El Algarrobico como urbanizables. El conflicto se produce cuando en 1994 el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque dice que en ese suelo no se puede edificar. Los ecologistas sostienen que el Ayuntamiento se tenía que haber adaptado a este PORN, y convertir El Algarrobico en no urbanizable. Esto no ocurre, y en 2003 el municipio concede a Azata licencia de obras y se inicia la construcción.

La primera denuncia de los verdes llega en 2005. Un año después, el Juzgado de Almería paraliza la actuación de forma cautelar. Casi cinco años más tarde, el hotel sigue en pie. Los ecologistas sostienen que tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Medio Ambiente siguen sin actuar. Del Val advierte de que "el nuevo plan general de Carboneras plantea otra vez El Algarrobico como urbanizable". Añade que "el hotel es la estrella, pero en esta costa hay actuaciones peores, como playa Macenas, con 3.000 viviendas y un campo de golf en terreno protegido".

Stop a los vertidos de Fertiberia

Actuación: vertidos de fosfoyesos (residuos industriales tóxicos y ligeramente radiactivos).

Ubicación: marismas del río Tinto (junto a la ciudad de Huelva).

Superficie contaminada: 1.200 hectáreas de marismas del río Tinto (han alcanzado la desembocadura del río Odiel), con 120 millones de toneladas, según datos ecologistas.

Estado actual: suspendidos los vertidos por sentencia de la Audiencia Nacional desde el 31 de diciembre 2010. La empresa debe restaurar la zona.

Por fin. Se acabaron los vertidos de fosfoyesos en la desembocadura del río Tinto. Han sido años de denuncias, pero WWF, Greenpeace y colectivos sociales como la Plataforma de la Mesa de la Ría lo han logrado. "Llevamos luchando desde julio de 2000. Por fin ha habido un resultado, pero ahora hay que afrontar la recuperación de la marisma, que es otra historia", indica Rita Rodríguez, directora del departamento legal de WWF. Fertiberia, empresa de fabricación de fertilizantes, llevaba más de cuarenta años deshaciéndose de su basura industrial (fosofoyesos) en unos terrenos situados en la costa. Tenía un permiso. La Administración pública le concedió licencia en el año 1968 para construir depósitos de decantación para verter los restos de su actividad sobre 720 hectáreas en la desembocadura del río Tinto. Le impusieron unas condiciones que ha incumplido de forma reiterada. Al fabricar el abono se producen unos residuos que al principio se tiraban directamente a las marismas. Más tarde, se empezaron a decantar en unas balsas y los fosfoyesos se amontonaban en capas. "Tenían permiso para acumular tres metros de altura y ahora se elevan hasta 25", denuncia Cristo Bejarano, portavoz de la Plataforma Mesa de la Ría.

En 2002, los colectivos sociales de Huelva que luchaban por acabar con los vertidos deciden reunirse en una plataforma. Un año después, se confirman los incumplimientos y el Ministerio de Medio Ambiente declara la caducidad de la concesión para verter los residuos industriales. Desde entonces, WWF y la Plataforma de la Mesa de la Ría reclaman a las administraciones responsables que hagan cumplir la ley. La Audiencia Nacional confirma en 2007 que no puede usar la costa para los vertidos y que no se puede ocupar dominio público marítimo terrestre para actividades que se puedan emplazar en otro lugar. "Han sido muchos años, pero ahora hay que empezar a hablar de recuperar la marisma. El plan propuesto no nos parece el adecuado porque no se llevan los residuos de aquí, se trata de recubrirlos y los elementos contaminantes se pueden seguir filtrando a los estuarios de los ríos Tinto y Odiel", explica Bejarano. WWF afronta la recuperación de la marisma a largo plazo, no solo como un espacio para disfrutar, sino para prevenir inundaciones que puedan llegar con el cambio climático.

Sin declaración de impacto ambiental

Actuación: desdoblamiento M-501 (18 kilómetros entre los pueblos de Quijorna a Navas del Rey, en Madrid).

Afección al medio ambiente: atraviesa la zona de especial protección de aves (ZEPA) de los ríos Cofio y Alberche.

Estado actual: en funcionamiento desde 2008. Denunciada por Ecologistas en Acción por carecer de Declaración de Impacto Ambiental. A la espera de decisión del Tribunal Supremo.

Sin prisa, pero sin pausa. La M-501, conocida como la carretera de los pantanos, que une Madrid con la provincia de Ávila (70 kilómetros), se va duplicando tramo a tramo. Los ecologistas alertan sobre el daño medioambiental, mientras la Comunidad de Madrid esgrime la siniestralidad de la carretera y los atascos. Primero se acometió la ampliación desde la M-40 a Quijorna (22 kilómetros), atravesando el parque regional del curso medio del río Guadarrama. En 2006 se duplicaron los 18 kilómetros de Quijorna a Navas del Rey, una actuación que está en los tribunales porque se llevó a cabo sin la preceptiva declaración de impacto ambiental (informe que evalúa los posibles daños al entorno o a la población de un proyecto).

El Gobierno regional sorteó el problema esgrimiendo que la obra era de interés general debido a la alta siniestralidad de la vía y a las retenciones. Contaba con el beneplácito de los alcaldes de la zona, incluidos los socialistas. Pero no con el de Ecologistas en Acción, que denunció las obras ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Unión Europea. "En la zona se encuentra la zona de especial protección de aves (ZEPA) de los ríos Cofio y Alberche y existían alternativas para mejorar el trazado sin aumentar los carriles", explican. Además, el proyecto había sido descartado en 1998 por Alberto Ruiz Gallardón (entonces presidente de la Comunidad madrileña). Tenía un informe negativo de la Consejería de Medio Ambiente, además de un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que lo desaconsejaba por los daños ambientales.

En febrero de 2008, con las obras muy avanzadas (empezaron en julio de 2006), el TSJM anula el acuerdo de la Comunidad que aprobaba el desdoblamiento y dice que los terrenos tienen que volver al estado inicial. "Pedimos la paralización de la obra, pero el juez nos exige un aval de 490.000 euros, que no logramos reunir". La Comunidad de Madrid recurrió esta sentencia ante el Supremo. La carretera también está pendiente de la decisión del Tribunal de Justicia Europeo. Fuentes del Gobierno regional recuerdan que el 30% del valor de la obra se ha destinado a medidas como la reintroducción de conejos y el cuidado de las rapaces y otros animales. En cuanto al desdoblamiento del resto de la vía hasta el límite con la provincia de Ávila, la Consejería de Transportes indica que no está previsto para esta legislatura.

Luchar antes de que se inicie

Actuación: proyecto refinería Balboa.

Ubicación: sierra de San Jorge, Santos de Maimona (Badajoz). Oleoducto desde Huelva de unos 200 kilómetros.

Estado actual: realizado estudio de impacto ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente está a la espera de recibir más información para llevar a cabo la declaración de impacto ambiental.

La refinería Balboa todavía es un proyecto. A pesar de ello ha despertado una fuerte oposición en la zona donde se quiere construir. También cuenta con el apoyo, según la empresa promotora, el grupo Alfonso Gallardo, del 90% de la población. Como recuerda el portavoz de la Plataforma Ciudadana Refinería No, Leonardo Clemente, en las últimas elecciones se presentaba como "proyecto estrella". La infraestructura precisa la construcción de un oleoducto de 200 kilómetros desde el Huelva hasta la comarca de Tierra de Barros (Badajoz), que atravesaría varios lugares protegidos como los parques naturales de sierra de Aracena y picos de Aroche. Por este motivo, la preocupación por el impacto que podría tener se ha extendido a otros lugares de España e incluso a la vecina Portugal. En la Estación Biológica de Doñana las dudas se refieren a la repercusión que podría tener el incremento de tráfico de petroleros, por si se produce una marea negra.

Según indican en la página web de la futura refinería, la instalación tendrá una capacidad nominal de 110.000 barriles/día de crudo (aproximadamente 5.750.000 toneladas/año de crudo más otras materias primas) y obtendrá 5.341.700 toneladas/año de productos finales. Al mismo tiempo, la empresa destaca que será una instalación de nueva generación, absolutamente respetuosa con su entorno y con menores emisiones y vertidos que cualquiera de las existentes en España, porque usarán las tecnologías más avanzadas, que se emplearán en el diseño y construcción de la planta y que permitirán maximizar la transformación del crudo tratado en productos finales de alto valor añadido.

Son previsiones que no convencen a sus detractores, que han presentado 80.000 alegaciones al estudio de impacto ambiental que la empresa ha presentado al Ministerio de Medio Ambiente para que este a su vez ejecute una declaración de impacto ambiental que puede ser positiva o negativa. Un portavoz del ministerio indica que están a la espera de que la empresa les complete la documentación.

El portavoz de la plataforma ciudadana en contra de la refinería piensa que con su trabajo han conseguido salir del ámbito regional y que se les escuche en Madrid, en Europa, en la Unesco. "Aquí la riqueza es la vid y el olivo, de donde se obtiene la uva para la denominación de Ribera del Guadiana. En mi opinión, no necesitamos una refinería", concluye Clemente.