La Fiscalía de Alicante investiga la expulsión de 13 jóvenes con síndrome de Down de un pub

Un juzgado de Valencia condenó el año pasado a la propietaria de un local por un caso similar

La Fiscalía de Alicante investiga la expulsión de 13 jóvenes con síndrome de Down de un pub del centro de Alicante, cuyo encargado "les compelió a abandonar el local por razón de su minusvalía", según han explicado fuentes de la Asociación Alicantina de Síndrome de Down, a la que están afiliados los jóvenes afectados.

Los hechos se produjeron en la noche del pasado 6 de noviembre, cuando los 13 jóvenes acompañados por cuatro monitores realizaban una salida de ocio organizada por la citada asociación, consistente en una cena y una visita a un pub del casco antiguo de Alicante. Al entrar el grupo en el pub Basic de la plaza de San Cristóbal, el encargado del establecimiento se acercó y les preguntó a los monitores si tenían intención de permanecer mucho tiempo. Al recibir una respuesta afirmativa, el encargado "les compelió a abandonar el local por razón de su minusvalía", según los denunciantes. Los monitores del grupo optaron por marcharse, y pusieron los hechos en conocimiento de la Asociación, cuya Junta Directiva ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Alicante por un presunto caso de discrimiación.

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La fiscalía ha iniciado una investigación para determinar si los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas. Para ello, la policía ya ha tomado declaración a los monitores que acompañaban al grupo, así como al responsable del local, quien, al conocer la denuncia, se ha disculpado por lo ocurrido a través de la red social Facebook, según fuentes de la asociación alicantina de síndrome de Down.

El año pasado, el Juzgado Penal número 12 de Valencia condenó a la propietaria de otro pub en Valencia por no permitir la entrada al local a un grupo de ocho jóvenes con síndrome de Down. En la sentencia de este caso, el magistrado consideró que la dueña del local había cometido un delito contra los derechos fundamentales de los afectados.

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