El copago y la privatización, escollos del pacto sanitario

La idea de obtener un pacto sobre la sanidad que haga que el sistema de atención no dependa de los vaivenes políticos -lo mismo que se hizo con las pensiones en el pacto de Toledo- ganó hace año y medio, cuando lo propuso IU, el apoyo de casi todos los grupos parlamentarios -el PNV se considera al margen porque el País Vasco tiene un sistema propio de financiación-. Pero llevarlo a cabo ha sido imposible. La semana pasada, el presidente de la subcomisión correspondiente, Gaspar Llamazares, dio por fracasado el intento. Según ha explicado hoy hay dos causas: "la voracidad de la derecha", y la "indiferencia del Gobierno".

Llamazares repartió hoy el texto de 60 puntos que especifica las líneas generales de lo que debería ser ese acuerdo, según lo que se debatió en la subcomisión correspondiente. El documento navega entre las propuestas concretas y las declaraciones de principios. Y es en las primeras en las que se basa el rechazo de CiU y PP.

Entre los enunciados polémicos está que se aumente la financiación para la sanidad -algo en lo que todos están de acuerdo-, y que esta sea finalista. Llamazares concretó en que se trataría de dedicarle un punto más del PIB. La segunda parte supondría cambiar el modelo de financiación autonómica, según el cual el Gobierno central reparte un dinero entre las comunidades y estas lo gastan en lo que quieren. Con la nueva propuesta, parte de ese dinero -que se sugiere salga, entre otros, de impuestos al tabaco y el alcohol- solo se podría usar en sanidad.

Pero donde hay más rechazo es en el tema del copago. El documento presentado a los grupos habla directamente de su "rechazo", con la salvedad de que se modifique el de los medicamentos (los jubilados no pagan y los trabajadores sí). Para Contxita Terruellas, portavoz de CiU, esto es inaceptable, porque debe permitirse el debate.

El otro punto de fricción está en los modelos de los sistemas sanitarios. Se trata, en definitiva, de permitir que los servicios se privaticen o hacer una apuesta por los servicios públicos. Pero aquí hay muchos matices. El PP tiene en varias comunidades, sobre todo Madrid y Valencia, modelos de conciertos muy amplios con aseguradoras privadas y otros modelos de gestión. En Cataluña también hay dudas, porque de hecho el sistema sanitario se basa en el concierto con dos grandes redes privadas. El documento propone que se haga una evaluación de estos sistemas, ya que, según Llamazares, "son mucho más caros que una gestión privada".

Hay otros aspectos, como la participación de las comunidades autónomas, que también levantan ampollas. La Ley de Cohesión y Calidad que se aprobó cuando gobernaba el PP dejó un Consejo Interterritorial con muy pocas capacidades decisorias. Hay grupos que creen que esto debe cambiar, y así lo recoge el documento, pero los límites a esta nueva ordenación no están claros (el PP ha llegado a proponer, ahora, que las comunidades participen en la elaboración del presupuesto del ministerio).

El resultado es que el Congreso tira la toalla, lo que, sin embargo, no quita para que la ministra de Sanidad crea que un pacto todavía es posible, pero en el marco de las reuniones con los representantes de las Administraciones autonómicas.