El juez actúa contra 14 políticos y técnicos por prevaricación en el 'caso Navas del Marqués'

El juez de Ávila que investiga los planes para construir una urbanización con 1.600 viviendas, hoteles y campos de golf en un pinar protegido en Las Navas del Marqués (Ávila) ha concluido buena parte de la instrucción y ha actuado contra 14 políticos y técnicos por prevaricación. El juez considera que en la tramitación la urbanización -que ya fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia y por el Supremo- hay indicios de delito en el ex presidente de la diputación, Félix San Segundo, y el alcalde de la ciudad, Gerardo Pérez, todos del PP, en el promotor de la urbanización, Francisco Gómez alias El Paloma, entre otros. El caso quedó separado en cuatro piezas y el juez ha concluido la instrucción de dos de ellas. En Valladolid se tramita una tercera que afecta a cargos autónomicos. El juez ha pedido al fiscal que acuse para sentarlos en el banquillo.

El juez recoge todo el trámite de aprobación de la urbanización, desde que la comisión territorial de urbanismo dio su visto bueno en 1999 pese a que "la ponencia propuso que se informara desfavorablemente" ya que "no se justificaba la necesidad de dicha reclasificación dado el elevado valor forestal y pasajístico del terreno". Todos los terrenos en los que iban las casas están en un pinar maduro protegido como lugar de importancia para la cigüeña negra desde 1995. "Hay que destacar que no existe ningún informe del Servicio de Medio Ambiente" en el expediente, apunta el auto judicial.

Al aprobar la urbanización, la comisión de urbanismo obligó a la empresa a reforestar 200 hectáreas pero la ponencia de impacto ambiental afirmó en 2002 que no podía pronunciarse sobre la medida. El plan salió adelante definitivamente el 30 de abril de 2003 bajo la presidencia de San Segundo pese a que el 3 de enero de ese año un informe interno advirtió de que no se podía recalificar y de que era necesario una evaluación de impacto ambiental. Por esta pieza el juez actúa contra San Segundo y otras 11 técnicos que participaron en la comisión de urbanismo.

En otra pieza, el juzgado investigó las relaciones entre la empresa pública Montes de las Navas -del Ayuntamiento y la comunidad autónoma, ambos del PP, y la constructora Residencial Aguas nuevas, de El Paloma. Antes de que el terreno saliera a concurso ya habían firmado un acuerdo sobre los terrenos. El juez afirma que el alcalde, Gerardo Pérez, y el secretario municipal, Carlos de la Vega, llevaron a cabo unos contratos con la promotora "en los que se obviaron exigencias legales [...] para acceder a las exigencias del promotor de la Ciudad del Golf [...], las cuales no habrían podido ser satisfechas sin vulnerar la ley.

Así, en 2001, la empresa de El Paloma y la empresa pública propiedad del monte ya acordaron su intención de llevar a cabo la compraventa del terreno. El acuerdo compromete a las administraciones para que el proyecto salga adelante. Es decir, antes de la tramitación ambienta, representantes del Ayuntamiento firmaron que se comprometían a aprobar el proyecto, como así ocurrió pese a las trabas de los técnicos ambientales. El juez da el paso para procesar a los tres. Cuando el tererno salió a concurso El Paloma fue el único que acudió y se llevó el terreno al precio de salida

Cuando en 2006 el TribunalSuperior vetó al obra El Paloma inició la tala del pinar y se llevó 2.243 de los 63.000 que inicialmente tenía permiso para arrancar.

Carlos Bravo, de la Asociación Ecologista Centaurea de Ávila, se feliecitó por las resoluciones judiciales: "La instrucción se ha retrasado mucho por los sucesivos recursos. Pero que el juez mande a los responsables al banquillo tiene mucho sentido después de la sentencia del Supremo que falló que era ilegal".