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Cataluña agilizará las adopciones nacionales y la acogida

Una de las novedades de la ley es que se podrá actuar sobre una familia donde haya algún menor en riesgo sin necesidad de desamparar al menor

El Parlamento catalán ha aprobado hoy por unanimidad la ley de la infancia y la adolescencia, que refuerza la protección de los menores maltratados, agiliza las adopciones nacionales y crea la acogida, por parte de profesionales, de niños desamparados. La consejera de Acción Social, Carme Capdevila, ha destacado "el acuerdo tan amplio" que ha conseguido esta ley, que supone "un cambio de paradigma, porque sitúa a los menores en el centro del sistema, como ciudadanos de derecho y no sólo como objetos de protección".

La citada ley dedica un título entero al maltrato infantil e incluye una medida que hace posible que sea el maltratador quien abandone el hogar, para evitar que el niño maltratado por un miembro de su familia se vea obligado a marcharse de su casa. Asimismo, la nueva legislación limita a dos meses el tiempo máximo para que los padres biológicos del niño puedan oponerse a la resolución de acogida preadoptiva, con el objetivo de agilizar los trámites, que hasta ahora se alargaban hasta tres y cuatro años.

Los partidos de la oposición han mostrado su apoyo a la ley, pero han destacado la necesidad de que la Generalitat apruebe en sus presupuestos la partida necesaria para desarrollarla, a pesar del recorte presupuestario que la situación económica augura. La memoria económica de la ley señala un gasto anual de 2.820.000 euros, de los cuales 235.000 corresponden a la puesta en marcha de un Centro de Investigación sobre Malos Tratos Infantiles, 1.125.000 euros van destinados a aumentar el presupuesto dedicado a prestaciones para menores en situación de riesgo y el resto se distribuye entre el servicio Infancia Responde, la Unidad de Detección y Prevención de Maltratos Infantiles y el Registro Unificado del Maltrato Infantil, entre otros gastos derivados de la ley.

"Nos preocupa el tema económico", ha dicho el diputado de CiU Josep Lluis Cleries, que se ha visto refrendado en este punto por la representante del PPC Maria Angeles Olano, que ha apuntado: "parece evidente que la crisis nos va a llevar a recortes en muchas partidas".

"Es necesario que los municipios tengan buenas dotaciones presupuestarias para poder aplicar esta ley", ha añadido la diputada de ICV-EUiA Laura Massana. El consenso y la voluntad de aprobar unánimemente esta ley ha sido la nota predominante del pleno, en el que finalmente el PP ha votado a favor, a pesar de que en su día interpuso una enmienda a la totalidad por su oposición a que la ley reconociera el derecho de las menores a decidir sobre su maternidad.

El redactado definitivo de este punto señala que las menores "tienen derecho a decidir sobre la maternidad en relación con su grado de madurez y de acuerdo con la legislación vigente", en referencia a la ley aprobada recientemente en las Cortes. Una de las novedades importantes de esta ley es que se podrá actuar sobre una familia donde haya algún menor en riesgo sin necesidad de desamparar al menor.

En el capítulo de las adopciones cabe destacar que el tiempo máximo entre la constitución del acogimiento preadoptivo y la adopción será de un año y medio para evitar dilaciones y "porque la vida de un niño tiene parámetros diferentes a los de un adulto y no puede esperar tres años para disponer de un entorno estable", ha aclarado la consejera.

La ley también prevé nuevas modalidades de acogida, como el acogimiento familiar permanente o el acogimiento profesional, que pretende reducir el número de niños internados en centros de menores.

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