La objeción a Ciudadanía llega a Estrasburgo

La polémica por la asignatura de Educación para la Ciudadanía se fue apagando después de que el Tribunal Supremo dijera hace más de un año que la objeción a esta materia no es legal. Ya entonces, sus más aguerridos detractores (creen que la materia adoctrina e impone visiones morales no compartidas, afirmación con la que no están de acuerdo ni el Gobierno ni el Supremo) aseguraron que llegarían, si fuera necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y lo acaban de cumplir.

Un total de 197 padres españoles presentaron el pasado viernes ante ese tribunal una demanda colectiva contra el Estado español porque dicen que Ciudadanía vulnera derechos fundamentales. El director de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, declaró los querellantes proceden de Castilla y León, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra y Murcia.

La demanda, según el abogado, pretende pedir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que adopte medidas provisionales que obliguen al Estado español a no forzar la entrada de los niños en clase de Ciudadanía. Además, solicita que el tribunal reconozca que en estos casos se han vulnerado derechos fundamentales de los padres y de los hijos, como la libertad ideológica y educativa, discriminación y derecho a la intimidad personal y familiar, que están, según añadió, tutelados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La demanda lleva aparejada la petición de una compensación por los daños morales causados a estos niños por cursar Educación para la Ciudadanía, y pide al Tribunal Europeo de Estrasburgo que requiera al Estado español para que respete la neutralidad ideológica en el sistema educativo.