Sanidad y Política Social se alían para atender a los dependientes

Una comisión integrada por representantes del Ministerio de Sanidad y Política Social y de las comunidades autónomas se encargará de elaborar un libro blanco donde se recojan las estrategias para una eficaz coordinación sociosanitaria desde la que atender a las personas dependientes. En ese documento, que deberá estar listo a finales de este año, se incorporarán algunas buenas prácticas que sobre esta materia ya funcionan en las comunidades, como reconoció la ministra, Trinidad Jiménez.

Se trata de que los profesionales de las administraciones sanitarias y de servicios sociales compartan información sobre esas personas a las que ambos atienden, ancianos, por ejemplo, con enfermedades crónicas o que necesitan cuidados paliativos, enfermedades mentales, niños pequeños con discapacidad. Algunos consejeros, y la ministra, también hablaron ayer de complementar las residencias geriátricas con ciertas plazas medicalizadas para no tener que trasladar al anciano varias veces al hospital por crisis propias de la edad, por ejemplo.

Por ahora no son más que ideas y propuestas que ayer se escucharon en la primera conferencia interterritorial de consejeros de Sanidad y de Política Social. El ministerio destinará 21 millones de euros para la atención a personas polimedicadas que viven en residencias (10), para los cuidados paliativos (ocho) y tres para el resto de iniciativas, como son el tratamiento de enfermedades raras, de pacientes con ictus, salud mental y formación de pacientes y familiares.

Lo que han llamado Escuela de Pacientes es un programa de cursos para familiares que cuidan en casa a personas dependientes y para los propios pacientes, para que aprendan a mover, a levantar, a asear a personas de movilidad reducida. O incluso trucos para que el anciano se tome las pastillas, que hasta ahora han ido de boca en boca. Este programa contará con la experiencia de profesionales sanitarios. Algo parecido a lo que ya se aprobó desde el ámbito social.

Por otro lado, la ministra anunció ayer un acuerdo inminente con las comunidades para que todas dispongan de un documento idéntico para la valoración médica de la persona que solicita una ayuda por Dependencia. En la actualidad ese informe médico es obligatorio para determinar el grado de dependencia, pero en cada comunidad es distinto.

Trinidad Jiménez opinó ayer que la coordinación sociosanitaria puede suponer "un ahorro de recursos y mejorar la eficiencia" en la atención a personas dependientes.