La chequera negra

Pocos axiomas son tan ciertos como el de dinero es poder. Eso no significa que quienes tengan los bolsillos llenos siempre puedan salirse con la suya. El dinero se sigue usando para tratar de borrar las huellas de comportamientos criminales, que quedan impunes gracias a un puñado de dólares. Esto es particularmente cierto en el mundo del petróleo. Se trata de la industria más potente del planeta y la que más beneficios genera: sólo en 2008, las cinco mayores petroleras (BP, Exxon Mobile, Chevron, ConocoPhilips y Royal Dutch Shell) ganaron más de 100.000 millones de dólares. En la lista Fortune 500 de las empresas más rentables de Estados Unidos, Exxon Mobile y Chevron ocupan los dos primeros puestos, y entre las industrias cuyos beneficios crecen más rápido, siete de diez están relacionadas con el petróleo.

Con estas premisas resulta fácil entender por qué las multinacionales del petróleo no tienen problema en sacar la chequera cuando alguien decide plantarles cara. El caso más sonado ocurrió en 2009. La familia del activista y opositor nigeriano Ken Saro-Wiwa, ejecutado por su Gobierno junto a otros siete opositores en 1995, llevaba 14 años persiguiendo en los tribunales a Royal Dutch Shell por asesinato. El ejército de abogados de la empresa había conseguido alargar el proceso todos esos años, con el consiguiente desgaste para la acusación, miembros del pueblo ogoni, habitantes del delta del Níger, contaminado y destruido por la extracción de petróleo. Ken Saro-Wiwa era el líder de una comunidad que organizó a los ogoni para exigir responsabilidades a Shell. La familia acusaba a la multinacional de haber sobornado al Gobierno nigeriano para deshacerse de Saro-Wiwa y de haber pagado por los soldados que perpetraron innumerables abusos contra los ogoni. Antes de que sus testimonios pudieran llegar a un juicio que ya no se podía retrasar más, Shell optó por zanjar el asunto pagando a las familias 15 millones de dólares, calderilla para una empresa que se embolsó 27.000 millones de dólares en 2008. Y asunto arreglado. La empresa sigue siendo una de las principales explotadoras de recursos petroleros en Nigeria, aunque ya no trabaja en el delta.

Shell tenía un objetivo claro: evitar el deterioro público de su imagen al salir a la luz los documentos del caso. No obstante, en una decisión sin precedentes, esos documentos se han hecho públicos: http://pacer.psc.uscourts.gov

Hay muchas formas de ver el caso. Shell, que no ha reconocido ningún tipo de culpabilidad, dijo que el acuerdo era "un gesto humanitario". En palabras de Malcolm Brinded, director de exploración y producción de Shell, "siempre hemos mantenido que las acusaciones eran falsas". "Aunque estábamos listos para ir a juicio y limpiar nuestro nombre, creemos que lo importante es centrarse en el futuro del pueblo ogoni, porque es la base para la estabilidad y la paz de la región". A pesar de todo, no se hará justicia hasta que no se limpien los vertidos y gases tóxicos, afirma Steve Kretzmann, director ejecutivo de Oil Change International, una ONG dedicada a denunciar los abusos de la industria petrolera en el mundo.

Hace apenas un año, un jurado declaró inocente a Chevron tras ser acusada de complicidad en la muerte de un grupo de activistas nigerianos que en 1998 ocuparon una plataforma petrolífera para protestar contra el deterioro medioambiental provocado por la extracción de petróleo.

Otro acuerdo que se saldó a golpe de billetera fue el que en 2005 firmó la petrolera Unocal con un grupo de trabajadores birmanos que acusaban a la empresa de haber cometido todo tipo de abusos en la construcción de un gasoducto en 1996. Después de casi diez años, Unocal consiguió evitar el juicio compensando económicamente a los denunciantes, aunque los términos del acuerdo nunca se han hecho públicos. Unocal fue absorbida en 2005 por Chevron.

Todas estas batallas se mantuvieron en juzgados estadounidenses puesto que existe una ley que permite que crímenes contra los derechos humanos cometidos en otros países se disputen en EE UU, con el consiguiente impacto mediático que eso conlleva. Sin embargo, una de las disputas que Estados Unidos rechazó y que fue a parar a los juzgados ecuatorianos se está convirtiendo en una de las más comentadas gracias, entre otras cosas, al documental Crude (Crudo), de Joe Berlinger.

En él se narra la lucha de un abogado ecuatoriano contra Texaco (hoy Chevron) por contaminar una superficie de 5.000 kilómetros cuadrados de la selva ecuatoriana entre 1964 y 1992 en operaciones de explotación petrolera, y por las enfermedades que la contaminación ha provocado en la población indígena. El abogado, asesorado por varias ONG estadounidenses, representa a 30.000 personas. Un experto independiente nombrado por el juez ha presentado una recomendación sin precedentes: que Chevron pague a los afectados unos 27.000 millones de dólares, la mayor cifra jamás barajada en un caso de contaminación ambiental y, sin duda, la primera significativamente dolorosa para una multinacional.

Aún no hay fecha para el juicio, pero Chevron intenta ahora que la demanda vuelva a EE UU alegando que Ecuador es demasiado parcial. Mientras, la empresa intenta que su Gobierno presione al ecuatoriano: según informes federales sobre los gastos de los lobbys de Washington, en el primer trimestre de 2009 Chevron invirtió seis millones de dólares en intentar convencer a la Administración de Obama para que anule los tratados que dan acuerdos de comercio preferentes a Ecuador. No ha tenido éxito: el presidente estadounidense reiteró en junio pasado sus relaciones comerciales con Ecuador. Hay mucho dinero en juego y, por primera vez, no está tan claro quién ganará.