El Gobierno pide candidatos para alojar el almacén de residuos nucleares

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un paquete de reformas en el ámbito nuclear, entre ellas la construcción del almacén de residuos nucleares. El Ejecutivo estudiará un informe del Ministerio de Industria sobre la necesidad de construir un único almacén para los residuos radiactivos de las nucleares españolas. Una vez analizado, Industria enviará al Boletín Oficial del Estado la orden ministerial para pedir ayuntamientos candidatos. Los pueblos que quieran acogerlo tendrán un mes de plazo y deberán aprobar en un pleno municipal la candidatura. El Ejecutivo espera tener elegido un emplazamiento tres meses después de cerrar el plazo de candidaturas.

Hasta ahora, cada nuclear guarda sus residuos en piscinas de combustible, pero la vuelta de los residuos de Vandellós enviados a Francia -prevista para 2011-, el cierre de Garoña y la saturación de las piscinas obliga a buscar un único emplazamiento. El Ejecutivo ha demorado la decisión durante años. En 2004, el Congreso instó por unanimidad al Gobierno a que construyera un único almacén.

Aunque los alcaldes lo niegan, Industria y la Empresa Nacional de Residuos radiactivos (Enresa) han mantenido contactos los últimos años con ediles interesados. Entre ellos se encuentran los municipios de Yebra (Guadalajara), Tivissa y Ascó (en Tarragona) y Merindad de Cuesta Urria (Burgos), todos en zonas donde ya hay una nuclear. El alcalde de Vandellòs ha negado que su municipio vaya a albergar este Almacén Temporal Centralizado (ATC). La Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (Amac) ha afirmado que presentaría candidatos si Industria iniciaba el proceso y éste era democrático y transparente. En noviembre de 2008, el Ayuntamiento de Yebra llegó a invitar a la asociación de mujeres del pueblo al almacén de Habog, en Holanda, la referencia para la construcción en España.

El ATC de residuos radiactivos y el centro tecnológico asociado supondrá una inversión de 800 millones de euros, un plazo de construcción de cinco años y 500 empleos. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, auguró en septiembre que habría "bofetadas" entre los ayuntamientos. Con la crisis económica, es probable que surjan candidatos de áreas no nucleares, pero sin haber preparado a la población local sus opciones se reducen.

Además de lanzar el ATC, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la ley que endurece las condiciones de los seguros que deben suscribir las nucleares en caso de accidente, que pasa de 700 a 1.200 millones.

Por último, estudiará si reforma la Ley de Seguridad Nuclear para introducir que las nucleares que tengan más de 40 años -el periodo para el que inicialmente fueron diseñadas- tengan que superar requisitos más exigentes en caso de prórroga, como una evaluación de impacto ambiental. El Gobierno anunció este cambio legal tras el caso de la nuclear de Garoña, con permiso para funcionar hasta 2013, cuando tendrá 42 años.