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Garoña, en ocho claves

El Gobierno prorroga cuatro años más el funcionamiento de la central nuclear de Garoña, en Burgos. Se trata de una decisión con enormes repercusiones políticas, de imagen y económicas. Estas son las principales claves de lo que supone.

1. ¿Qué se juega en Garoña?

Garoña es la central más antigua y pequeña de España. En 2008, produjo un 1,4% de la electricidad del país. Tiene 466 megavatios, la mitad que el resto de los reactores de España, que en conjunto producen un 18% de la electricidad. Su cierre no sería un trauma para la red, pero sí un mensaje político de calado. Mientras muchos países piensan en alargar la vida de sus nucleares –otros también en construir nuevas plantas- el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha labrado una imagen verde, toma la primera decisión sobre la energía nuclear después de cinco años de discurso antinuclear. Como definió el Financial Times, sus "credenciales verdes” están en juego. Si la cierra en 2011 habrá mantenido su discurso. Al dejarla abierta más allá de 2011, previsiblemente hasta 2013, dará aire a una industria que en España, al contrario que otros lugares como Francia, nunca ha estado bien vista. En 2011, Garoña cumple 40 años para los que fue diseñada inicialmente y su prórroga abrirá el camino al resto de centrales, que comienzan a cumplir los 40 años en 2021.

2. ¿Qué opciones tenía el Gobierno?

La nuclear (propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola) tenía licencia para operar hasta el próximo domingo y pidió permiso para funcionar 10 años más, hasta 2019. El Consejo de Seguridad Nuclear dio el visto bueno por unanimidad a esa prórroga si la central invertía unos 50 millones de euros. Sin embargo, el Ejecutivo ha descartado darle 10 años más de prórroga y ha pedido al Consejo de Seguridad Nuclear que opine sobre qué requisitos debería cumplir para funcionar dos, cuatro o seis años más. Zapatero –“cuando llegamos a una central nuclear con cuatro décadas de existencia, la norma ha sido que deje de funcionar. [...] Además, Garoña tiene un impacto neutro en nuestro sistema energético. Exportamos tres veces más electricidad”- y José Blanco –“sólo seguirá funcionando si hay déficit energético pero que no parece el caso”-apuntaba al cierre en esa fecha las últimas semanas. Sin embargo, ante la falta de apoyo público –las encuestas publicadas en Público y La Razón y la realizada por Ipsos para el Foro Nuclear revelaron que ni la mayoría de los votantes socialistas apoyan la clausura- la opción era darle una prórroga de cuatro años, hasta 2013, en la próxima legislatura. Aunque Industria en su consulta al CSN incluyó que las condiciones serían para el "cese definitivo de la actividad" tras la licencia, fuentes del Gobierno admiten que es extremadamente sencillo volver a alargar la vida entonces. La licencia de la central es una orden ministerial, con lo que se puede modificar de un día para otro sin un acuerdo del Consejo de Ministros ni del Parlamento. Si llega un Gobierno del PP lo tendría fácil. Uno del PSOE también podría alargarla dado que no la ha cerrado ahora. Las condiciones económicas y sociales pueden cambiar mucho en cuatro años.

3. ¿Qué posiciones hay en el Gobierno y el PSOE?

Los socialistas están divididos en este asunto. La pasada legislatura, Zapatero avanzaba que cerraría la central llegado el momento. Aznar cerró la nuclear de Zorita (en Guadalajara) y él -que se definió como "el más antinuclear del Gobierno"- tendría su Garoña. Sin embargo, no ha obtenido el apoyo que preveía. Con mayor o menor visibilidad y claridad, Felipe González, Solchaga, Almunia, Solana, Gómez Navarro, Claudio Aranzadi, Juan Manuel Eguiagaray y Luis Atienza, entre otros, han apoyado la prórroga. Se trata de gente respetada en el mundo económico. De forma velada, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, también ha defendido la continuidad de la planta. Algunos pedían que Garoña pagase un peaje, que sus beneficios no fuesen tan astronómicos como son actualmente y que se le obligase a invertir en renovables como forma de pasar el trago de prorrogarle la vida. Por el contrario, los ex ministros Jesús Caldera y Cristina Narbona o el responsable de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, han insistido en que había que cerrarla. Ideas, la Fundación del PSOE, dirigida por Caldera, llegó a pedir en un informe el cierre de la central, y del resto cuando cumplieran 40 años. Zapatero conocía el contenido del informe y dio el visto bueno a su publicación.

4. ¿Qué dice el programa electoral?

El programa del PSOE afirma: "Mantendremos el compromiso de sustitución gradual de la energía nuclear por energías más seguras, más limpias y menos costosas, cerrando las centrales nucleares de forma ordenada en el tiempo, al final de su vida útil, dando prioridad a la seguridad y con el máximo consenso social". El concepto vida útil fue puesto con intención. El primer borrador del programa era mucho más claro al anunciar "el cierre de la central nuclear de Garoña en 2009" y "el cierre de las restantes centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento". En 2004, el programa sólo incluía "la reducción gradual de la energía nuclear", aunque Caldera anunció su cierre en 20 años. Vida útil es un concepto que sólo aparece en el plan general de residuos radiactivos, de 2006, en el que contempla una vida útil de 40 años. El Consejo de Seguridad Nuclear define vida útil como el "período durante el cual una central puede ser operada cumpliendo las exigencias de seguridad impuestas en su autorización y siendo económicamente rentable”, lo que incluye los próximos 10 años. Así que el programa apuntaba a los 40 años y Zapatero sostuvo en el Senado sobre Garoña: "En 2011 se cumple su ciclo de vida útil, los 40 años para los que fue diseñada". Permitir que funcione más allá es un incumplimiento del programa aunque las eléctricas y los trabajadores de Garoña consideran que no es así.

5. ¿Quién apoya qué?

Las últimas semana, España ha vivido un choque de opiniones entre partidarios y detractores de la energía nuclear como nunca se había visto. En el lado antinuclear, ecologistas, IU-ICV, ERC, PNV, algunos sindicatos y parte del PSOE. Si el PSOE quiere pactar los presupuestos con la izquierda no le venía nada bien prorrogar la vida de la nuclear más allá de 2011. En 2005, Zapatero anunció un "plan de cierre" nuclear a preguntas del diputado de ICV, Joan Herrera. Desde entonces le ha dado largas y no ha vuelto a mencionarlo. Los ecologistas llevan un año esperando a Zapatero después de que relevase a Narbona y diluyese el Ministerio de Medio Ambiente en el de Agricultura. En la trinchera pronuclear, empresarios, economistas, ingenieros, eléctricas y, la gran sorpresa, el Partido Popular. El PP, que cerró una nuclear, ha salido del armario. Entre 2004 y 2008, el secretario de Estado de la Energía, José Folgado, declaró que no quería abrir el debate nuclear, y cuando ante la campaña de las generales de 2008, el diario ABC publicó que el programa popular incluiría el apoyo a la nuclear, fue desmentido rotundamente. Ahora Rajoy, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y cualquiera que ve un micrófono, defiende la continuidad. Además, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, pidió una prórroga de cuatro años para la nuclear, y podría acercarse a los nacionalistas al mantenerla. El debate ha sido en demasiadas ocasiones de muy bajo nivel, con abuso de datos manipulados o retorcidos. Incluso Zapatero y los argumentarios del PSOE han incurrido en errores de bulto o cuestiones simplistas como que la nuclear la inauguró Franco.

6. ¿Qué pueden hacer las eléctricas?

Ante un eventual cierra de la nuclear, las eléctricas ya han advertido de que reclamarían una indemnización millonario por "daños y perjuicios". Y no es descabellado pensar que lo pudieran ganar en los tribunales. Aunque la política energética la fija el Gobierno, debe fundamentar muy bien su decisión, que no puede ser arbitraria. Un abogado experto en estos temas, resume: "Uno tiene un hotel y cumple con todos los requisitos para tener la licencia. Y llega el alcalde y dice que lo cierra porque lo lleva en su programa electoral. Eso en un Estado de derecho no funciona así". De todas formas, no hay precedentes. En 2002, el Gobierno pactó con el PSOE el cierre de Zorita y lo ejecutó el CSN, que ordenó el cierre en 2006. Unión Fenosa, propietaria de la central, primero acudió a los tribunales y luego retiró el recurso. Fuentes conocedoras del caso sostienen que el Gobierno del PP negoció con la eléctrica que recibirían dinero de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) pero que luego nunca les llegó porque legalmente Enresa no podía destinar ese dinero a tal fin. Fenosa apenas peleó a favro de Zorita, una central más pequeña aún que Garoña -era un reactor para un submarino- y con un diseño único que permitió que el cierre lo ordenase el CSN.

7. ¿Qué hay en juego en la zona?

La mitad de economía de la comarca en la que se encuentra la nuclear depende de la central. Así lo afirma un estudio encargado por la propia nuclear a la Universidad de Burgos. Incluso si la cifra está hinchada, la central emplea a unas 330 personas de forma directa y otras tantas en contratas. Eso, en una comarca agrícola tiene un peso enorme. El desmantelamiento comenzaría tres años después de parar la nuclear y dura casi una década, en la que se mantendría el empleo. El único precedente el de Zorita, se nota el cierre de la centra sólo tres años después, según el alcalde de Almonacid de Zorita, Gabriel Ruiz del Olmo, del PP. Miranda de Ebro o Trespaderne serían los pueblos más afectados, de allí proceden la mayoría de los trabajadores. Por el contrario, los 14 municipios con territorio a menos de 10 kilómetros de la central seguirían recibiendo dinero por albergar los residuos radiactivo.

8. ¿Qué ocurre en el extranjero?

La tendencia en el mundo es alargar la vida de las nucleares hast alos 60 años. EE UU ha dado permiso a 41 centrales nucleares con permiso hasta los 60 años. 10 de ellas son similares a Garoña. En todo el mundo hay 58 nucleares con permiso para funcionar seis décadas. Otra cosa es construir nuevas centrales, un proceso mucho más arriesgado económicamente y que allí donde se está llevando a cabo -como en Finlandia- topa con retrasos y sobrecostes.