Los casos de sustracción de menores por un padre extranjero crecen hasta los 178 al año

Los casos de niños a los que uno de sus padres se lleva ilegalmente al extranjero tras una separación han crecido de forma "espectacular" en España hasta alcanzar los 178 al año, según un informe del Colegio de Abogados de Barcelona, que lo atribuye al auge de los matrimonios mixtos fruto de la globalización.

Los últimos datos de que dispone el Ministerio de Justicia, y que reproduce el Colegio de Abogados en su Informe de la Justicia, son del año 2006 y cifran en 178 el número de menores sustraídos por uno de sus progenitores tras un divorcio o separación. De esos casos registrados, 59 corresponden a niños -a veces hasta a varios hermanos- a los que o el padre o la madre se llevó al extranjero sin el consentimiento del otro progenitor residente en España, por lo que el Ministerio de Justicia los reclamó a otro país para que la justicia española decidiera sobre su guarda y custodia, tal como establece el Convenio de La Haya.

Durante 2008, dice el informe, se ha invertido la tendencia de los anteriores años y se ha registrado un incremento "espectacular" de los casos en que España es el país que reclama a un niño llevado al extranjero de forma ilegal. En la mayoría de ocasiones, los países objeto de las reclamaciones son suramericanos, aunque últimamente, según el informe, han crecido más los casos de requerimientos al resto de Europa. El mayo número de denuncias en España por estas prácticas ilegales se concentra en el litoral mediterráneo, las Islas Canarias y Baleares, además de las grandes urbes: Madrid y Barcelona.

Entre los años 1987 y 1994 se registraron en España 266 casos de sustracciones -en 201 de ellos España era el país reclamante-; entre 2000 y 2002 se contabilizaron 258 (en 148 España era la autoridad que hacía el requerimiento) y en 2003 un total de 170.

Frente al incremento de las demandas por sustracciones de menores, el Colegio de Abogados de Barcelona advierte de la falta de especialización y formación de los profesionales de los juzgados de familia o primera instancia, así como de los propios letrados. Además, alerta de que el Ministerio de Justicia, que es el competente para intervenir en estos casos en España, carece de medios para desempeñar adecuadamente su función, ya que no dispone de facultades para localizar a los menores mediante la consulta de archivos. Por este motivo, el Colegio de Abogados de Barcelona reclama un marco normativo que permita mejorar la situación.

El Convenio Internacional de La Haya, firmado por 180 países, entre ellos España, obliga a que el menor sustraído ilegalmente retorne al lugar de origen para que sean los tribunales de ese país los que decidan sobre el caso.