Una vallisoletana violada por su padre recibe con dos años de retraso la confirmación de la condena por el Supremo

Una vallisoletana, cuyo padre fue condenado en 2006 por la Audiencia Nacional a 26 años de prisión por abusar de ella cuando contaba con 11 años y violarla posteriormente a los 16 y 17 años, recibió con un retraso de más de dos años la confirmación de la condena por parte del Supremo. El tribunal dictó auto el 15 de febrero de 2007 rechazando el recurso de casación de su progenitor y, sin embargo, no notificó a la víctima tal resolución hasta el 26 de marzo de 2009, pese a estar debidamente personada y representada ante el Alto Tribunal.

Además, la notificación se produjo después de que en varias ocasiones se hubiera acudido ante el Supremo para conocer el estado del procedimiento, indicándose todas las veces que no había ninguna novedad, hasta que en la última ocasión se interpeló para que se comprobara el libro de registro y se conoció entonces que ya había auto de inadmisión, de fecha 15 de febrero de 2007, que no había sido notificado.

Al desliz del Supremo se añade el cometido por la Sección III de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tras conocer la inadmisión del recurso del condenado, dictó el día 14 de marzo de 2007 auto declarando la firmeza del fallo y acordando su ejecutoción, sin ponerlo en conocimiento de la víctima ni de su representación procesal, con el grave perjuicio que ello le ha supuesto.

El olvido de ambos tribunales, tanto el Supremo como la Audiencia Nacional, fue acogido con profundo malestar por la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Valladolid (Adavasymt), cuya presidenta, Rocío Mielgo, lo calificó como un "ejemplo más de lo mal que lo están haciendo los jueces, sobre todo en delitos de abusos sexuales sobre menores".

La sentencia de la Audiencia Nacional, dictada en 2006 y confirmada por el Supremo, impuso un conjunto de penas que suman 26 años de cárcel al médico de Valladolid con iniciales G.G. de C. como autor de un delito continuado de abusos sexuales y otros dos delitos de agresión sexual sobre su hija, menor de edad, sobre la que empezó a abusar en 1996 cuando la pequeña contaba con tan sólo 11 años y a la que, ya con 16 y 17 años, llegó a violar en dos ocasiones en los años 2001 y 2002.

En su fallo la Sala consideraba probada la comisión de los referidos delitos y, por tal motivo, acordó imponerle 2 años de cárcel por el primero y sendas penas de 12 años por los otros dos de agresión sexual, penas de prisión cuyo tiempo máximo de cumplimiento no excederá en ningún caso de 20 años. En concepto de indemnización, el condenado, que lleva cumplidos 6 años, habrá de pagar a su hija 60.000 euros por los perjuicios sufridos, al tiempo de que se le prohíbe acercarse y comunicar con la víctima y su otra hija menor por un tiempo de cinco años a contar desde la extinción de las penas de prisión, la obtención de cualquier clase de permiso o desde el periodo de libertad condicional.

Durante ese lustro tampoco podrá residir en Valladolid o cualquier lugar donde las hijas tengan fijado su domicilio.

La pena impuesta es sensiblemente inferior a las solicitadas por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, de 28 y 33 años de privación de libertad, respectivamente. La condena toma, fundamentalmente, como principal prueba de cargo el testimonio de la víctima, hoy de 24 años, por entender que es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado.

Testimonio de la víctima

El tribunal advierte de que la joven ha mantenido durante todo momento una versión uniforme y coherente, desde que declaró ante la Fiscalía de Valladolid el 20 de diciembre de 2002, se ratificó en el Juzgado de Instrucción el 24 de enero y el 16 de junio de ese mismo año y hasta la celebración del juicio oral. En su relato, considerado probado por la Sala, la joven mantuvo que la situación la venía sufriendo desde los 11 años en forma de tocamientos cuando su padre residía en Valladolid junto con su madre y sus otros tres hermanos.

En ese periodo, entre el verano-otoño de 1996 y mayo de 1999, el condenado se introdujo en más de una ocasión en el dormitorio de su hija, la despertó, desnudó y tocó por todo el cuerpo para luego quitarse él los pantalones y masturbarse, situación que incluso se dio en una época en que la víctima dormía en la misma habitación con una hermana pequeña.

Posteriormente, la hija fue objeto de dos violaciones por parte de su progenitor en la localidad lusa de Valpaço, a la que se había trasladado solo el imputado para dirigir el hospital privado Nuestra Señora de la Salud. La primera de las violaciones se produjo cuando la hija tenía 16 años. La víctima regresaba sola al domicilio tras pasar la tarde con su padre en el centro hospitalario y decidió hacer un alto en una ermita para fumar un cigarro antes de entrar en casa, momento en que G.G. de C. la alcanzó, la tiró al suelo y la violó. La segunda violación se produjo en 2002.

Los hechos denunciados los desconocían tanto la madre, perteneciente a una familia muy conocida de Valladolid, como sus otros tres hermanos más pequeños, hasta que la víctima, incapaz de aguantar la angustia, trató de quitarse la vida el 5 de noviembre de 2002 mediante la ingesta ansiolíticos.

Atendida en el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario, la joven, una vez superada la intoxicación, fue asistida por el Departamento de Psiquiatría y acabó desvelando que el motivo de su intento de suicidio estaba relacionado con los abusos y violación sufridos a manos de su padre. La hija, como así reveló, no había confesado hasta entonces lo que ocurría por miedo a que el padre cumpliera la amenaza de hacer lo propio con sus otros hermanos pequeños.

Detenido cuando iba a declarar

Los responsables del Clínico Universitario pusieron los hechos en manos de la Fiscalía de Valladolid el 26 de diciembre de 2002 y la investigación correspondiente recayó en el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital. La detención del médico, que es natural de Badajoz, no se produciría hasta el 23 de enero de 2003, fecha en la que se desplazó desde Portugal hasta Valladolid para ser interrogado por el Juzgado de Familia. Los análisis forenses confirmaron que la joven tiene roto el himen -ella asegura que tan sólo ha tenido relaciones sexuales con su padre- y que desde entonces sufre una trastorno angustioso-depresivo postraumático del que sigue en tratamiento y que le ha llevado a varios intentos de suicidio.