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Los Asociación de Internautas fuerza un debate en el Parlamento europeo sobre las libertades en la red

La Asociación asegura que un proyecto normativo de la UE puede suponer "un recorte de las libertades civiles"

La Asociación de internautas de España, junto con el grupo de Los Verdes, han forzado al Parlamento europeo para que, en la última semana de septiembre, celebre una sesión en la que se debatan dos enmiendas que en su opinión suponen un "quebranto de las libertades en la red". Se trata de un paquete de medidas cuyo objetivo es regular las telecomunicaciones en el ámbito de los países de la Unión.

Según la Asociación de Internautas, el proyecto normativo acaba de iniciar su tramitación e incluye enmiendas de "de última hora" que, de aprobarse, "supondrían un recorte de las libertades civiles"

El proyecto legal, siempre según la Asociación de Internautas, impide el fomento de la libre competencia, refuerza la consideración del número 112 como el de emergencias en Europa y, sobre todo, regula el nuevo espectro radioeléctrico fruto de la implantación de la televisión digital terreste (TDT) y el consiguiente apagón analógico. Este apagón, según esta asociación, liberará una importante red de banda ancha que podrá ser utilizada por las operadoras de internet.

La Asociación de Internautas nada tiene que objetar a esta regulación; "en todo caso, su retraso", señala Víctor Domingo, presidente de la citada asociación. El problema, señala, es que, a última hora, se han introducido "varias enmiendas que van más allá de lo previsto inicialmente". La asociación las denomina "enmiendas torpedo". Son conocidas como las enmiendas H1, H2 y H3, dado que se corresponden con la inicial de su patrocinador, el eurodiputado británico conservador Malcolm Harbour. Estas enmiendas, según los Internautas, "suponen un ataque a los derechos civiles en la red porque vulneran la privacidad y el secreto de las comunicaciones, ya que obligan a la instalación y ejecución forzosa de software espía (spyware), capaces de monitorizar y filtrar las comunicaciones electrónicas, sin consentimiento de los usuarios".

"El procesamiento automático de los datos de tráfico sin consentimiento del usuario supondrá una absoluta desprotección de los datos personales", denuncia Domingo. Además, estas enmiendas también obliga a las operadoras de telefonía a trabajar con los productores de contenidos y de las gestoras de derechos de autor. Es decir, según la asociación se trata de enmiendas cuyo objetivo es "controlar a los usuarios cuando accedan a sitios dudosos (por ejemplo, a páginas de descarga)". Esa colaboración incluye la posibilidad de "enviar mensajes intimidatorios sin supervisión judicial alguna, lo que, en la práctica, no es más que una emulación de la Ley Sarkozy", destacan la Asociación de Internautas.

Pedro Martínez, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y experto en tecnologías de la información y comunicación, señala: "Si se aprueban esas enmiendas, los jueces y tribunales de justicia serían vaciados de sus competencias en favor de actores privados y de medidas técnicas de vigilancia y filtrado". Ya que, añade, "elimina las garantías de los ciudadanos". Martínez recuerda que la Ley de Impulso de la Sociedad de la Infomación (LISI), aprobada la pasada primavera en España, ya dejó la puerta abierta para introducir esta normativa, puesto que permite que una autoridad no judicial pueda retirar los contenidos de Internet".

La Asociacion de Internauta de España asegura que grupos ecologistas, como el de Los Verdes europeos, así como otros colectivos de defensa de los derechos civiles de toda Europa, se han unido en "una coalición sin precedentes" para denunciar "el tijeretazo que amenaza a las libertades civiles". Desde España, la Asociación de Internautas puso en marcha una campaña en junio pasado "por las libertades civiles, contra la vigilancia y contra el canon". Y recientemente, solicitó fehacientemente al presidente del Parlamento Europeo que haya "trasparencia" en este proceso legislativo. La Asociación teme que "los grupos de presión de las gestoras de derechos de autor pretendan utilizar al Parlamento Europeo para sacar adelante el proyecto de regulación sin que trascienda a la opinión publica y así eludir el debate a nivel nacional".