El primer año del 'cheque bebé' cuesta más de 1.000 millones al Estado en tiempos de déficit

Un total de 401.371 familias recibieron la paga de 2.500 euros por nacimiento o adopción de hijos desde el 1 de julio de 2007 hasta el pasado 30 de junio, lo que ha supuesto un coste para las arcas del Estado de más de 1.000 millones de euros, el equivalente a casi la cuarta parte del déficit al término del primer semestre (4.683 millones de euros y el 0,42% del PIB), según datos de la Agencia Tributaria.

Un total de 401.371 familias recibieron la paga de 2.500 euros por nacimiento o adopción de hijos desde el 1 de julio de 2007 hasta el pasado 30 de junio, lo que ha supuesto un coste para las arcas del Estado de más de 1.000 millones de euros. Una cifra mínima si se compara con los excedentes de 23.300 millones de euros con los que las arcas públicas cerraron 2007 pero que contrasta con los números rojos de 4.683 millones registrados durante el primer semestre.

En este sentido, el propio Gobierno reconoce que detrás de este déficit de la Administración central, el primero que se registra desde finales de 2005, están las medidas adoptadas por el gabinete de Rodríguez Zapatero desde el estallido de la crisis financiera internacional y la propia desaceleración económica ya que, mientras las primeras aumentan la partida de gastos, la segunda reduce la de los ingresos.

Sin embargo, el impacto del cheque-bebé, que ha cumplido las previsiones del Ejecutivo en torno al número de familias que lo han solicitado, es considerablemente inferior al de otras iniciativas, como la deducción de 400 euros del IRPF que tiene un coste total de 6.000 millones en las arcas públicas.

A pesar de su factura financiera, el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha valorado hoy que esta iniciativa ayudará a más de 400.000 hogares cuyos proyectos, ha recalcado, no pueden "verse obstaculizados por la situación económica". Además, Granado ha celebrado que van a permitir a España cumplir "por primera vez en su historia con los convenios internacionales que hasta ahora había tenido que dejar de firmar porque no tenía ayudas suficientes a la familia".

En cuanto a la distribución geográfica de las ayudas, las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y Madrid acapararon más de la mitad del importe de las mismas, con más de 509 millones de euros. Concretamente, los andaluces fueron los más beneficiados por la medida, con 80.692 beneficiarios, que recibieron 201,5 millones de euros. A estos les siguieron los 65.195 perceptores catalanes (162,8 millones de euros) y los 57.996 madrileños (144,6 millones de euros).

Siguiendo la lista de los más beneficiados se situó la Comunidad Valenciana, con 43.891 familias (109,6 millones de euros); Galicia, con 19.104 (47,6 millones); Castilla-La Mancha, con 17.307 (43,1 millones de euros); Castilla y León, con 17.263 (43,1 millones de euros); País Vasco, con 17.183 (42,9 millones de euros), y Canarias, con 17.156 familias (42,8 millones de euros).

Cierran la lista, Murcia, con 14.494 perceptores de la ayuda (36,2 millones de euros); Aragón, con 10.748 (26,8 millones de euros); Baleares, con 9.304 (23,2 millones de euros); Extremadura, con 9.107 (22,6 millones de euros); Asturias, con 6.993 (17,4 millones de euros); Navarra, con 5.608 (13,9 millones de euros); Cantabria, con 4.810 (12 millones de euros); La Rioja, con 2.719 (6,7 millones de euros); Ceuta, con 988 (2,4 millones de euros) y Melilla, con 813 beneficiarios (2 millones de euros).

La crisis ha acabado con el superávit del Estado en apenas seis meses. Si a finales de 2007 las cuentas de la Administración Central presentaban unos excedentes equivalentes al 1,3% del PIB, la desaceleración en el sector inmobiliario y al aumento de los costes empresariales por el encarecimiento del crudo han provocado una caída en los ingresos del Estado que han llevado a las arcas públicas a cerrar el primer semestre con déficit y unos números rojos de 4.683 millones de euros, un 0,42% del Producto Interior Bruto.

"Ningún tipo de estrechura"

En este sentido y sobre la evolución a medio plazo de las arcas de la Seguridad Social, Granado ha puntualizado que cuando el Gobierno habla de "problemas" se refieren al cumplimiento o no del presupuesto anual de este organismo, no a una quiebra del sistema, para el que no vaticina "ningún tipo de estrechura" durante la presente legislatura.

A continuación, el representante ministerial ha afirmado que la Seguridad Social tiene margen para mejorar las previsiones de ingresos presupuestadas para 2008, que en 2009 se cumplirá con lo previsto y que en 2010 será cuando probablemente se obtenga un "superávit menor" a la previsión.

"Afortunadamente la consolidación fiscal del sistema de Seguridad Social ha sido muy fuerte y en los últimos cuatro años hemos ahorrado más de 40.000 millones de euros, lo que permite contemplar el futuro con un desahogo que nunca ha tenido el sistema de Seguridad Social", ha resumido.

No obstante, Granado se ha considerado implicado con la tendencia de "austeridad" marcada por la Administración General del Estado en los apartados de gastos de personal y gastos corrientes, aunque ha defendido que su departamento ya realizó esta práctica durante la pasada legislatura, por lo que prevé que los efectos se notarán menos.