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Los obispos acudirán a los tribunales si el Gobierno les priva del derecho a elegir al profesorado de religión

La Iglesia anima a los padres a rebelarse contra la asignatura Educación para la Ciudadanía porque va contra "la moral católica"

El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, ha advertido hoy al Gobierno de que la Iglesia Católica se reserva la facultad de acudir a los tribunales si el episcopado se ve privado de su actual potestad de decidir sobre el régimen laboral de los profesores de religión en la escuela pública. "Es posible que sea necesario recurrir a las acciones legales oportunas para que sea respetado el ordenamiento jurídico vigente, que tutela los derechos a todos". En este sentido ha recordado la polémica sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatus laboral de esos profesores, contratados y pagados por el Estado pero seleccionados por la Iglesia para cada curso, en la que los jueces avalan que los obispos despidan a docentes de religión por su vida privada.

Al término de la reunión de la Comisión Permanente de la CEE, Camino ha afirmado que "todavía hay tiempo" para solucionar el contencioso abierto con el Gobierno socialista a cuenta de las clases de religión en la escuela pública, y ha explicado que el Real Decreto que desarrolla la Ley Orgánica de Educación (LOE) y los derechos fundamentales de los padres y las escuelas es todavía un borrador y por lo tanto pueden alcanzarse acuerdos.

La LOE vincula a estos docentes al Estatuto de los Trabajadores, como al resto del profesorado, lo que a juicio de los obispos choca con lo establecido en el acuerdo entre el Estado y la Santa Sede sobre enseñanzas y asuntos culturales de 1979. En este contexto, ha confiado en que la doctrina del Constitucional "contribuya" al acuerdo y se logre la completa seguridad de que la autoridad de la Iglesia "puede garantizar a los padres la idoneidad de los profesores de Religión para impartir esta asignatura a quienes voluntariamente la soliciten".

En este sentido, el documento aprobado por la Comisión Permanente concluye que "es la autoridad de la Iglesia quien puede ofrecer tal garantía. No son los poderes públicos, ni las organizaciones sindicales, ni ninguna otra instancia quienes están en condiciones de garantizar la idoneidad del profesorado para impartir la religión y la moral católica, es decir, la misión canónica. Eso es lo justo y lo propio de un Estado de derecho que tutela de modo positivo la libertad religiosa".

Objeción de conciencia

El portavoz de los obispos también ha arremetido contra la nueva asignatura de educación para la ciudadanía, que los grupos más conservadores rechazan argumentando que se va a adoctrinar a los niños. Según la Iglesia, dicha asignatura "es inaceptable en la forma y en el fondo: la forma, porque impone legalmente a todos una antropología que sólo algunos comparten y, en el fondo, porque sus contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la persona". Además, Martínez Camino ha dicho que obligar a los colegios católicos impartir la citada materia atenta contra la libertad religiosa y la libertad de enseñanza.

Así, ha defendido la objeción de conciencia como "medio legítimo" para expresar el rechazo a la nueva asignatura y que los padres "harán muy bien" en recurrir a ella para defender su derecho a elegir la educación moral que quieren para sus hijos.