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El arzobispo de Granada niega la acusación de acoso moral que le imputa un sacerdote

Francisco Javier Martínez comparece ante el Juzgado de Instrucción 1 de Granada

El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, se ha convertido hoy en el primer prelado de España denunciado y citado a declarar ante un juez por supuestas injurias, calumnias, acoso moral y coacciones. Martínez ha asegurado que nunca quiso perjudicar al sacerdote que le acusa de estos delitos y que la divulgación pública del asunto se ha hecho con la "pretensión de dañar a la Iglesia".

El prelado ha sido recibido a su llegada al juzgado de instrucción número 1 de Granada por varias decenas de fieles que han aguardado su llegada rezando el rosario. Después ha negado los hechos objeto de la querella y se ha acogido a su derecho constitucional a no responder a las preguntas de la acusación. Las numerosas modificaciones que el arzobispo ha planteado tras la trascripción de su declaración inicial, han motivado que ésta se considerara nula y que las manifestaciones del prelado, que se prolongaron durante unas cuatro horas, fueran recogidas de forma "literal".

La querella contra el arzobispo fue presentada por un religioso después de ser inhabilitado para ejercer sus funciones sacerdotales, destituido como canónigo, retirado su acceso a la Cátedra de la Facultad de Teología y relevado de su puesto de archivero en la catedral de Granada.

Aunque Martínez ha rehusado a hacer declaraciones a los periodistas, ha remitido a los medios de comunicación un comunicado donde se explicitan los "puntos" fundamentales en los que se ha centrado la comparecencia del religioso. En el mismo Martínez mantiene que todas las actuaciones que dan lugar a la querella "son actos de gobierno interno de la Iglesia" y son, por tanto, "competencia de la jurisdicción de un Obispo Diocesano en el libre ejercicio de su ministerio".

"El querellante se ha sometido a sí mismo libremente a esa disciplina y a esa jurisdicción de la Iglesia", considera el arzobispo que añade que, además, éste "ha reconocido reiteradamente la jurisdicción propia de la Iglesia abundantemente mientras ha creído que eso le era útil". Según el Arzobispado, el sacerdote que interpuso la querella había apelado primero a la Santa Sede, "quien le impuso unas condiciones que nunca cumplió", tras lo cual "abandonó ese ámbito jurisdiccional y se dirigió a los tribunales civiles".