Las empresas que discriminen a discapacitados serán multadas con hasta un millón de euros
El Gobierno aprueba la el anteproyecto de Ley de Infracciones y Sanciones en materia de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad
El acoso y discriminación a las personas que sufran algún tipo de discapacidad será sancionado con multas que podrán alcanzar el millón de euros, según prevé el anteproyecto de Ley presentado hoy por el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ante el Consejo de Ministros.
La ley tiene como objetivo establecer un régimen sancionador eficaz ante las vulneraciones de la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad aprobada hace dos años.
En la rueda posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha recordado la necesidad de aprobar este texto, ya que, "si no establecemos un régimen de infracciones y sanciones en la materia, la ley queda en papel mojado".
Las multas oscilarán entre los 301 euros y el millón de euros y serán aplicables a las empresas, personas físicas y jurídicas que discriminen a personas con problemas de discapacidad.
Serán consideradas como tal las vulneraciones del derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; los acosos a personas pertenecientes a este colectivo; el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables; y el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para el infractor.
De la Vega ha explicado además que "es misión de la sociedad, del Estado y también por supuesto del Gobierno asegurar que las personas con discapacidad cuenten con garantías del respeto a sus derechos, de acceso al trabajo y a los servicios y con garantías para que no queden como ciudadanos de segunda".
En este mismo ámbito y también a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Gobierno ha anunciado que reconocerá por ley la lengua de signos española como lengua de las personas sordas en España que libremente decidan utilizarla, así como su aprendizaje, conocimiento y uso. Además, la norma establecerá y garantizará los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
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