El Consejo Escolar del Estado exige que la religión quede fuera del currículo

El pleno del Consejo Escolar del Estado ha exigido hoy que la religión quede fuera del currículo escolar, al tiempo que se ha opuesto a la asignatura Educación para la Ciudadanía y ha solicitado que todos los centros sostenidos con fondos públicos atiendan a inmigrantes y alumnos de otros credos. Estas reclamaciones forman parte del informe que el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa ha aprobado hoy por mayoría y que enviará al Ministerio de Educación en relación con la reforma anunciada por la ministra, María Jesús San Segundo. Además, el pleno ha aprobado una enmienda al texto en la que exige la derogación de los acuerdos firmados entre el Gobierno y el Vaticano por considerarlos "contrarios a la Constitución".

Esta petición de derogar los acuerdos con la Santa Sede es una enmienda presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STES) al texto elaborado por la Comisión Permanente del Consejo Escolar. La enmienda señala que el artículo uno de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, firmados en 1979, dice que "la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana", lo que "vulnera la Constitución". El resultado de la votación de esta enmienda ha sido de empate a 13, lo que ha obligado a la presidenta del Consejo Escolar, Marta Mata, a pronunciarse para lograr el desempate. El voto afirmativo de Mata y la consiguiente aprobación de la enmienda ha provocado la indignación de varios de los miembros del Consejo, como Rosa de la Cierva o Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres (CONCAPA).

"Es de una gravedad suma que la presidenta de un organismo oficial como el Consejo Escolar del Estado vote en contra de la Constitución Española. Es absolutamente insultante", ha señalado De la Cierva. Esta consejera, miembro de la Conferencia Episcopal, ha asegurado estar "absolutamente indignada" con que el ministerio denomine "consenso" a una votación en la que han participado 26 de los 80 miembros del Pleno. En relación con la enseñanza de la religión confesional, el Consejo Escolar del Estado opina que debe situarse fuera del currículo escolar y, por tanto, "no debe ser evaluable a efectos académicos por formar parte de convicciones personales y privadas de las personas y no ser del acervo común propio de la institución escolar".

Contrario a la reválida

Así, continúa el texto, "no parece tener sentido el establecimiento de una alternativa para aquellos alumnos que no deseen cursar las enseñanzas de la religión confesional". En referencia a la admisión de alumnos de diferentes credos o de ninguno, el texto aprobado por el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia escolar considera que todos los alumnos deben ser admitidos en los centros sostenidos por fondos públicos. El Consejo Escolar se muestra contrario a la puesta en marcha de la asignatura Educación para la Ciudadanía, ya que prefiere el tratamiento de la educación en valores de forma transversal en todos los niveles y etapas de la enseñanza. Este órgano consultivo considera "pertinente" que exista una prueba para acceder a los estudios universitarios una vez que los alumnos se encuentren en posesión del título de Bachiller.

"Por tanto", explica el texto, "el citado título de Bachiller no debe estar subordinado a la superación de una prueba de acceso. La prueba deberá respetar la especificidad curricular de las diferentes administraciones educativas". De esta manera, el Consejo Escolar del Estado se muestra contrario a la reválida y apuesta por una única prueba de acceso a la Universidad. En relación con la incorporación de los alumnos extranjeros al sistema educativo, el Consejo Escolar sostiene que debe llevarse a cabo tanto en la red pública como en la red privada concertada. "Las administraciones educativas tendrán que dotar a los centros de los recursos humanos y materiales para llevar a cabo dicha incorporación con éxito".

"Los alumnos inmigrantes y sus familias deberán gozar de los mismos derechos y obligaciones que el resto de los alumnos", indica el documento. En esta línea propone la puesta en marcha de una batería de medidas, entre las que se encuentra la formación del profesorado en materia de interculturalidad, la incorporación de profesores de apoyo, la reducción del número de alumnos por aula, la creación de aulas de acogida y enlace o el reforzamiento de la figura del tutor. En cuanto a la puesta en marcha de un programa experimental en zonas y centros de atención preferente, el Consejo Escolar cree que "puede ser una experiencia positiva", si bien "convendría evitar el peligro de aumentar la condición marginal de algunos centros, por lo que sería deseable plantearse las actuaciones en zonas preferentes y no en centros individualmente considerados".