Educación negociará con los rectores los aspectos más polémicos de la nueva ley

La estructura de gobierno que se pretende establecer con la nueva ley , según los rectores de 61 de las 68 universidades españolas (50 de públicas y 11 de privadas) afecta gravemente al derecho constitucional a la autonomía universitaria'.

Para ellos, "no distingue con claridad dirección, gestión, representación y control; es complicada y confusa. El excesivo número de órganos, su inadecuado tamaño y composición, junto a la complicada elección de sus miembros, son anticipo de un funcionamiento difícil, generador de inestabilidades e incompatible con la gobernabilidad".

El presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza, considera que "no parece adecuado que representantes del órgano de control participen del órgano de gobierno", y ha recordado que en el anteproyecto, el Consejo de gobierno de la universidad, presidido por el rector, está limitado a 30 miembros, de los cuales, un tercio corresponde a la parte social (no académica) del Consejo Social.

Este órgano "debe ser el titular de la autonomía universitaria, y estar constituido por miembros de la comunidad académica", con presencia de todos los sectores, "no disminuida", como en la propuesta ministerial.

En cuanto al sistema de selección del profesorado que quiere aprobar Pilar del Castillo, los responsables univeristarios consideran que "la carrera académica aparece seriamente perjudicada, confusa, desorganizada y fragmentada".

Asimismo, con respecto del profesorado contratado, los rectores opinan que hay que "favorecer y propiciar la movilidad, pero se debe permitir la carrera académica aunque fuese dentro de la propia universidad".

El anteproyecto de ley establece que en la carrera docente, para pasar de "ayudante" a "profesor ayudante doctor", ambas figuras contratadas, será necesario estar dos años sin vinculación con la universidad contratante, para evitar la endogamia.

La alternativa de los rectores

El 30 de mayo, los rectores tendrán perfilada su alternativa a estos dos puntos concretos del anteproyecto de ley de universidades, en los que discrepan con la propuesta del Ministerio de Educación, ha anunciado hoy el presidente de la CRUE después de que ayer esta institución aprobara un documento crítico sobre el texto, que a su juicio es reglamentista y define un marco rígido

El Ministerio, que ya anunció la ampliación del calendario de debate en el seno del Consejo de Universidades, "ha acogido con satisfacción" la propuesta de la CRUE y "estamos seguros de que habrá un marco de acuerdo", ha dicho el secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias de Ussel.

Tras las conversaciones de rectores y Ministerio, las propuestas acordadas se trasladarán al Consejo de Universidades, donde se desarrolla el debate de la reforma y que en junio celebrará un Pleno para dar luz verde a su dictamen preceptivo (no vinculante), ha aclarado el secretario de Estado.

En este sentido, la titular del departamento, Pilar del Castillo, ha afirmado en Barcelona que "seguimos manteniendo que antes del verano el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto, que entraría en trámite parlamentario en septiembre porque en julio el período de sesiones está acabado".

Del Castillo ha considerado que las críticas de los rectores no se corresponden con lo que realmente dice el anteproyecto y les ha pedido demostrar en qué parte se intenta crear una universidad "rígida o uniformista", en línea con el secretario de Estado, para quien las diferencias de la CRUE "cuando se analizan, son menos sustantivas".

Para el presidente de la CRUE, "el debate precisa sosiego", y a preguntas de los periodistas sobre el calendario de tramitación de la ley, ha indicado que "un mes puede ser suficiente o no, depende del trabajo conjunto y la disponibilidad de aceptar los cambios".

"Es muy importante hacer consultas a las juntas de gobierno y claustros para pulsar su opinión, y por ello era imprescindible la ampliación del calendario", ha asegurado De la Plaza, quien ha hecho hincapié en que "no se trata de una táctica dilatoria, ni de dificultar" la reforma.

Las principales novedades de la futura ley

Cuarenta y seis páginas, seis capítulos y ciento cincuenta y seis apartados, uno de ellos dedicado íntegramente a las universidades privadas, conforman la nueva Ley Orgánica de Universidades (LU). Dicha ley sustituirá a la Ley de la Reforma Universitaria (LRU) e incorpora novedades sustanciales.

1. Acceso a la universidad

La nueva ley deja en manos de una normativa básica establecida por el Gobierno (presumiblemente, la Ley de Calidad) las bases para el procedimiento de admisión de alumnos.

2. Órganos de gobierno.

El Consejo de Coordinación Universitaria será el órgano de gobierno de la Universidad española, en el que se incluirá el voz y el voto de las universidades privadas, que podrán intervenir en cuestiones como el modelo y financiación de los centros públicos, y la oferta y convocatoria de plazas.

3. Claustro universitario

La nueva ley permite, además, que el claustro pueda reprobar no sólo al rector, sino también a alguno de sus vicerrectores; para ello se necesitará el voto favorable de la mitad más uno de los miembros del mismo.

4. Acceso a plazas de profesor universitario

Los profesores que quieran acceder a una plaza de titular o catedrático deberán superar una habilitación nacional que les faculta para presentarse al concurso de acceso de la plaza en cuestión. Dicha habilitación constará de tres pruebas: presentación de los méritos, expediente y proyecto docente, exposición de un tema y prueba práctica.

5. Nuevas figuras de profesorado

Las figuras del profesorado también cambian: la nueva ley permite que las universidades puedan configurar una plantilla docente a medida. La duración de los contratos de los ayudantes pasa a ser de dos a cuatro años y habrá tres figuras fundamentales: los ayudantes doctores, los colaboradores y los contratados doctores, todos ellos contratados.