Castilla-La Mancha hará públicos los nombres de los que maltraten a mujeres

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy la Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas que, entre otras medidas, incluye la reproducción y publicidad de las sentencias firmes condenatorias sobre violencia doméstica.

De este modo, Castilla-La Mancha se convierte en la primera comunidad autónoma en legislar sobre el maltrato a mujeres con una ley que el presidente regional, José Bono, ha definido como "comprometida, urgente y valiente" y cuyo objetivo es combatir una forma de terrorismo que además supone una flagrante violación de los derechos humanos".

"En el desprecio a la mujer no ha habido fronteras y la lucha para combatirlo no debe respetar fronteras", ha dicho Bono, quien considera que para acabar con la violencia de género es necesario "firmeza y publicidad".

La Ley de Prevención de Malos Tratos y de Protección a Mujeres Maltratadas de Castilla-La Mancha recoge una serie de medidas que supondrán al Gobierno regional una inversión anual de 600 millones de pesetas para llevarlas a efecto.

Entre estas medidas destacan la asistencia jurídica gratuita a mujeres maltratadas, la facultad de la Junta de Comunidades de ejercer la acción popular en los procedimientos por violencia doméstica o la creación de una red regional de casas de acogida y centros de la mujer.

En virtud de esta ley, las mujeres víctimas de malos tratos tendrán preferencia en la adjudicación de viviendas de promoción pública y tendrán más facilidades para acceder a puestos de trabajo por las subvenciones especiales que se otorgarán a los empresarios que contraten de forma indefinida a mujeres con este problema.

Romper el muro de silencio

Bono ha defendido la publicidad de las sentencias condenatorias porque es necesario generar un clima social de rechazo hacia las agresiones a mujeres y romper el "muro de silencio", el conformismo, la resignación y la hipocresía que pesa sobre estos delitos con la excusa de que se producen en la intimidad familiar.

Ha recordado, además, que las sentencias son públicas y ha citado el argumento que en este mismo sentido utilizó el vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al conocer la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha, al tiempo que ha destacado que muchos medios de comunicación reproducen sentencias de forma íntegra sin que se produzcan las mismas críticas que con esta norma.

"No nos asusta ni la crítica ni la polémica", ha asegurado Bono, quien ha destacado que al Gobierno de Castilla-La Mancha sólo le ponen "deberes" los electores y, en este caso, las asociaciones de mujeres progresistas porque de ellas ha partido esta ley que "ha abierto la puerta a la esperanza".

Bono ha reprochado que desde el Gobierno central "hayan intentado doblarnos e incluso quebrarnos" durante la tramitación de esta ley con requerimientos como el remitido por el Ministerio de Administraciones Públicas a la Junta donde se advertía que la norma podría recurrirse ante el Tribunal Constitucional.

El presidente de Castilla-La Mancha ha hecho estas manifestaciones antes de producirse la votación de la ley, que durante su tramitación parlamentaria se ha enriquecido con la incorporación de 14 enmiendas, siete de ellas fruto del acuerdo entre los grupos socialista y popular.

Críticas de la oposición

Desde las filas de la oposición, el presidente regional del PP, Agustín Conde, se ha mostrado de acuerdo en la necesidad de elaborar una ley de prevención de malos tratos a mujeres y ha calificado de bien intencionada la iniciativa del Gobierno de Bono que, no obstante, ha quedado perjudicada al mantenerse la medida de la publicidad de los nombres de los agresores.

Conde ha dedicado la mayor parte de su discurso a enumerar las críticas que desde el sector judicial, político y periodístico ha suscitado esta medida que, a su juicio, fue fruto de la precipitación y de un "calentón de boca" de Bono cuando la anunció en el último Debate sobre el Estado de la Región.

La publicidad de los nombres de los agresores "convierte en polémico algo que no debería serlo", a juicio de Conde, quien ha defendido que ante el problema de los malos tratos a mujeres debe haber una "absoluta unidad" y ha acusado de soberbia al Gobierno de Castilla-La Mancha por mantener esta medida dentro de la ley.

Además de discrepar sobre la publicidad de las sentencias, el PP considera, como quedó de manifiesto durante el debate de las 21 enmiendas que habían quedado "vivas" para el Pleno, que la ley no profundiza en las medidas educativas necesarias para impulsar una transformación cultural que evite la violencia de género.

En este sentido, el PSOE argumenta que en la ley existe un artículo destinado a este fin y que incluye el mandato para que la Consejería de Educación elabore los programas y currículos necesarios para potenciar la igualdad de género.