El Defensor del Pueblo propone al Gobierno la creación de órganos judicial especializados

Para Múgica desde un punto de vista normativo "la primera dificultad estriba en la inexistencia de un texto jurídico específico relativo a la violencia que padecen las mujeres, como sucede en otros países". En este sentido aunque considera que la modificación del Código Penal de 1999 salva en parte las deficiencias mencionadas, señala que "continúan vivos algunos aspectos de las recomendaciones del Defensor no recogidos en la nueva normativa, lo que genera una jurisprudencia a veces desconcertante".

En el caso de los delitos de abusos sexuales dentro de la familia a afectos legales el defensor del Pueblo exige que estos motivos constituyan un hecho agravante. Asímismo pide la aplicación de las medidas cautelares previstas en la legislación, ya que "en la práctica la mayoría de las resoluciones civiles carecen de medidas cautelares y protectoras". En este sentido reclama la coordinación y administración de la jurisdicción civil y penal.

En su intervención, ha detallado que la articulación de estos juzgados "no puede quedar a expensas de la buena voluntad de un grupo de jueces y sería conveniente su planificación para toda España para que todos los ciudadanos estén en condiciones de recibir la tutela judicial que merecen".

La recomendación del defensor del pueblo se debe a que en el informe monográfico que la Oficina del Defensor realizó en 1997, aparece el aumento de las denuncias registradas: de 13.000 denuncias registradas en 1994 a 30.000 en el año 2000. "Ello no quiere decir que los malos tratos aumenten sino que las mujeres maltratadas asumen sus derechos y denuncian los malos tratos. La denuncia es fundamental", ha añadido.

Celeridad en los juicios

Otro de los principales problemas es la dilación con que se resuelven los procedimientos. Por ello, Múgica también apunta a la aplicación de las previsiones legales existentes, incluyendo además la presencia del juez en todas aquellas actuaciones en las que la ley sin necesidad de reformas legales, como modificar las normas civiles para permitir el acceso directo al divorcio en caso de violencia doméstica.

Para ello ha pedido la creación de unidades específicas interdisciplinares con la función de diagnosticar y valorar las unidades familiares así como la regulación de un sistema de adjudicación de viviendas públicas sin necesidad de acudir al procedimiento general.

El Defensor del Pueblo ha recomendado incrementar las políticas de prevención favoreciendo la formación continua del profesorado e introduciendo contenidos educativos adecuados en los diferentes niveles de enseñanza.

En cuanto a las víctimas de la violencia doméstica, Múgica propone la articulación a través de políticas activas de empleo de medidas con el fin de que este colectivo rehaga su vida social y laboral,

La ausencia de estadísticas ha sido otro de los puntos de su propuesta. En lo que se refiere al fenómeno de las estadísticas de la violencia doméstica según datos de las ONG, sólo se denuncian el 20 % de los casos.

También ha destacado la necesidad de aplicar un tratamiento rehabilitador al agresor tanto durante su estancia en prisión como en situación de libertad.

"Hay posibilidades de que los malos tratos sean limitados y marginados mediante prevención, sanciones duras y persecución del delito y vigilancia de los comportamiento de los condenados en libertad condicional", ha resumido.