Los detectives detenidos por espiar a un exjuez apuntan a Villarejo

Dos de los cuatro detenidos la pasada semana, entre ellos varios detectives, por participar supuestamente en la grabación a un exjuez para coaccionarlo señalaron este lunes al comisario jubilado José Manuel Villarejo como la persona que se lo encargó. Según detallaron fuentes jurídicas, ambos relataron al juez Manuel García-Castellón y a la Fiscalía Anticorrupción que el antiguo agente de la Policía Nacional, encarcelado desde noviembre de 2017, contactó con ellos para poner en marcha una operación contra el exmagistrado. La víctima ejercía entonces como letrado de un tercero, M. M. N., que se encontraba enfrentado a los empresarios Juan Muñoz Tamara, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, y su hermano Fernando. Estos dos también están imputados en la bautizada como pieza Pintor, incluida en el caso Villarejo.

En esta parte de la instrucción, los investigadores siguen la pista a los presuntos encargos de los Muñoz Tamara a Villarejo. Según el magistrado, los empresarios contrataron al comisario jubilado para espiar a M. M. N. —al que “reclamaban una cantidad importante de dinero”— y a su abogado con el objetivo de contar con armas que les permitiera lograr “un acuerdo ventajoso” en el conflicto que mantenían abierto. Las pesquisas revelaron que, para ello, accedieron a sus correos electrónicos, a sus mensajes de Whatsapp y pusieron cámaras en un baño para obtener un vídeo donde se observa al antiguo magistrado consumiendo sustancias estupefacientes.

De hecho, en relación a esta grabación, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional activó la pasada semana un dispositivo para detener a las cuatro personas presuntamente implicadas en ella (dos hombres y dos mujeres): un antiguo militar, un escolta y dos detectives. Tras su arresto y posterior puesta en libertad, los cuatro comparecieron este lunes finalmente como imputados ante el juez, pero solo tres respondieron a las preguntas de los investigadores. La cuarta se acogió, en cambio, a su derecho a no declarar.

Según fuentes jurídicas, una de ellas admitió que percibieron 20.000 euros por este trabajo y tres de los imputados elaboraron un informe que entregaron al comisario jubilado. El militar dijo este lunes que se encargó, por su parte, de poner en contacto a este grupo con Villarejo.

García-Castellón mantiene que la idea de la trama era mostrarle a los espiados los vídeos con “la advertencia” de que lo difundirían a través de internet por medio de Youtube o se lo enseñarían a sus familiares si “no accedían a sus pretensiones”. La investigación aún sigue abierta.