El juez no ve delito en las noticias sobre el sumario de los CDR

El titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha acordado el archivo de la investigación abierta por la supuesta filtración masiva a medios de comunicación del contenido del sumario por terrorismo que se instruye en la Audiencia Nacional contra nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). El magistrado considera que no existió ningún delito de revelación de secretos ya que la causa “ya no era secreta” cuando se publicaron las noticias. Por estos hechos, otro juez de Madrid, que terminó remitiendo sus actuaciones al magistrado que ahora ha archivado la causa, imputó a 12 periodistas de ocho medios, entre ellos los redactores de EL PAÍS Óscar López-Fonseca y Fernando J. Pérez, aunque más tarde la retiró.

En su auto, fechado el pasado 13 de febrero, el juez detalla que gracias a un “exhaustivo y brillante informe” de la Policía considera demostrado que cuando se publicaron las informaciones todas las partes tenían ya acceso a las actuaciones y, por tanto, ya no eran secretas, sino que tenían carácter de reservadas. El magistrado recuerda que “son numerosas las difusiones públicas de diligencias judiciales reservadas por la prensa en España, sin que ello dé origen a ninguna causa criminal, máxime cuando se trata de informaciones de gran interés público como en el presente caso”.

“Sin datos objetivos”

Por todo ello, el juez Carretero acuerda el archivo de las actuaciones al entender que, de continuar con las pesquisas, “estaríamos ante una hipotética investigación prospectiva sin datos objetivos para la misma y que podría vulnerar los derechos fundamentales de personas totalmente inocentes y ajenas a la filtración”.

La investigación comenzó después de que las defensas de los miembros de los CDR detenidos el 23 de septiembre de 2019, y que estuvieron tres meses en prisión provisional, denunciaran ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de la causa, que, pese a que el procedimiento había sido declarado secreto, se estaban publicando en los medios de comunicación detalles del operativo policial y de las diligencias. Por ello, solicitaron abrir una pieza separada para averiguar la autoría de lo que consideraban filtraciones. García-Castellón acordó enviar la denuncia a los juzgados de Madrid, donde ahora ha quedado archivada.