Absueltos los siete acusados del asesinato del alcalde de Polop en 2007

El jurado popular no ha considerado probados ninguno de los indicios presentados en contra de los siete acusados del asesinato de Alejandro Ponsoda, alcalde de Polop (Alicante) en 2007. En su opinión, no se ha demostrado ninguna de las tesis de la Fiscalía y la acusación particular, basadas en el relato de un testigo protegido. Según el dictamen definitivo, no existió una reunión en la que Juan Cano –sucesor de Ponsoda al frente del Ayuntamiento– y el empresario Salvador Ros, junto al propietario y el gerente de un club de alterne, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, conspiraron contra la víctima. Y tampoco han encontrado pruebas suficientes de que Radim Rakowski, Robert Franek y Raúl Montero Trevejo fueran los autores materiales del crimen. La magistrada, Cristina Costa, ha dictado sentencia absolutoria para todos los acusados.

La deliberación, que ha durado apenas 24 horas, solo ha validado la evidencia de que el 19 de octubre de 2007, Ponsoda recibió tres tiros de dos armas distintas en su vehículo, justo cuando acababa de llegar a su domicilio y se disponía a aparcar en su garaje particular. Una de las balas impactó en su cabeza y le causó la muerte tras una agonía de ocho días en el Hospital General de Alicante. El resto de indicios presentados se han resuelto con el rechazo de los nueve integrantes del jurado popular, bien por mayoría simple (cinco votos contra cuatro), bien por unanimidad.

En el escenario del crimen, los agentes responsables de la investigación no encontraron ninguna evidencia física. Ni arma, ni huellas, ni rastros de ADN que pudieran servir para identificar al autor o autores de los disparos. Por ese motivo, las tres semanas del juicio se han ceñido principalmente a examinar la verosimilitud de la declaración de un testigo protegido que se convirtió en el detonante para que se detuviera a todos los acusados y, al mismo tiempo, en la principal baza de la acusación.

Este testimonio fue el que situó a Cano y Ros en una reunión celebrada en la sala VIP del club de alterne Mesalina, junto a su propietario, Hermosilla, y su gerente, Gatto. Allí, según relató el testigo protegido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los cuatro le encargaron el asesinato de Ponsoda. Sin embargo, rechazó el trabajo y recomendó a sus dos amigos Rakowski y Franek, quienes acompañados de Montero se convirtieron en presuntos autores materiales del crimen. Por estos hechos se pedían 25 años de prisión para cada uno de los acusados y dos más para los tres presuntos autores materiales, por tenencia ilícita de armas.

Doce años después del asesinato, tras una tortuosa instrucción que se atascó también ante el colapso de los juzgados de Villajoyosa, las declaraciones de los acusados han pesado más que la del testigo principal. A su salida de la Audiencia Provincial, el que era considerado cabecilla de la conspiración, Juan Cano, ha soltado parte de la tensión acumulada durante estos doce años. “Dejadme tranquilo, ya soy una persona normal, soy inocente”, ha declarado. Su presunta mala relación con la víctima y su supuesta ambición eran los argumentos esgrimidos por las acusaciones que ha tenido que contrarrestar su abogado, Javier Boix.

La defensa del resto de encausados  –ejercida por los letrados Jorge Martínez Navas, Francisco González, Jaime Pérez Linares, Sebastián Parrilla, Mariana Ivanov y José María Borja– se ha ceñido a negar su participación en el asunto y cualquier beneficio que hubieran podido obtener tras la muerte de Ponsoda. La dilación en el desenlace del juicio ha causado mella en todos ellos. “Nos han castigado trece años por la cara”, ha declarado Hermosilla en la puerta de la Audiencia.

Otro de los acusados, Raúl Montero, ha celebrado su absolución y ha subrayado que, a partir de ahora, “las fuerzas de seguridad deben dedicarse a averiguar quién es el culpable de la ejecución de Alejandro Ponsoda”. El crimen, doce años después, sigue sin resolver.