“La caída a la mitad en la entrada de migrantes es a costa de vulnerar sus derechos humanos”

Hace casi tres meses que el Ministerio del Interior comenzó las obras para retirar las concertinas —cuchillas— que coronan las enormes vallas de Ceuta y Melilla. Es aproximadamente el tiempo que hace que Marruecos instaló otra alambrada de cuchillas justo en su lado de la frontera. Y ya van tres hileras. Este ejemplo gráfico lo usa la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) para explicar cómo la caída a la mitad del número de inmigrantes irregulares que llegaron a España en 2019 fue “a costa de vulnerar sus derechos humanos”, según ha denunciado Rafael Lara, uno de los responsables de la entidad.

De las 64.120 personas que llegaron a nuestro país en 2018, la cifra se ha reducido a 33.261 el pasado año, según el Balance Migratorio Frontera Sur que la APDHA ha presentado este lunes en Cádiz. El conteo —realizado con datos de Salvamento Marítimo, Cruz Roja, el Gobierno de España, Frontex, Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la propia entidad sobre el terreno— es algo superior a los 32.513 recién llegados que tiene contabilizados el Ministerio del Interior en su informe anual. En una rueda de prensa, Lara, miembro del equipo de trabajo en la Frontera Sur de la entidad, ha asegurado que el motivo del descenso en el número de entradas es “la subcontratación del control de la frontera por parte de la Unión Europea y España a Marruecos”.

La caída de llegadas contrasta, sin embargo, con el incremento relativo de fallecidos en la ruta migratoria, que ha pasado de representar el 1,66% del total de 2018 a suponer el 1,75% en este año que acaba de terminar. La ONG ha contabilizado 585 muertos —331 cadáveres recuperados y 254 desaparecidos— el pasado año, frente a las 1.064 personas fallecidas o de las que nada se supo en el balance anterior. Por procedencia, los subsaharianos acumulan hasta 314 casos fatales, seguidos de los 111 marroquíes y los 81 argelinos. Lara ha explicado que la mayor incidencia de datos mortales de los primeros es consecuencia de que estas personas empleen las vías marítimas del Mar de Alborán y de Canarias, “las más peligrosas”.

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La organización se detiene en la presión ejercida por las fuerzas policiales marroquíes al norte del país. “La zona ha sido peinada y los migrantes han sido detenidos masivamente y llevados a la zona sur”, ha asegurado Lara. Eso ha provocado, asegura, el “desmantelamiento de los campamentos de inmigrantes cerca de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla” donde los subsaharianos preparaban sus saltos a la valla de ambas ciudades. Precisamente, en el entorno de estas ciudades, en el lado marroquí, se ha instalado hasta una triple alambrada de concertinas, según denuncia la entidad, pese a que el Ministerio Interior español hace tres meses que comenzó a retirarlas de sus fronteras terrestres.

La caída de llegadas a España a bordo de 1.194 pateras —276 por Cádiz, seguidas de las 267 registradas en Almería y las 137 de Canarias— no se ha traducido en una caída de las llegadas de menores. Tanto acompañados por familiares como no, el desembarco de menores sigue creciendo: de los 7.053 que llegaron en 2018 se ha pasado a 8.066, según datos contabilizados por la APDHA y que no tienen carácter oficial. Eso ha implicado que el porcentaje de niños y adolescentes, mayoritariamente marroquíes, haya crecido hasta el 29,96% del total de migrantes, frente al 12,26% de hace un año. “Migran porque la situación que se vive en Marruecos sigue siendo desastrosa y sin futuro. Hacemos encuestas entre gente joven y 70 y 80% de que ellos lo que quieren es emigrar”, asegura Lara.

Frente a ello, la APDHA ha pedido al nuevo Gobierno conformado por PSOE y Unidas Podemos “vías seguras para la inmigración”, como ha solicitado Rosado. “Los requisitos para pedir visados para los subsaharianos hacen que sea casi imposible de hacer”, ha puntualizado la experta. Lara ha recordado que existen fórmulas que “rebajarían la presión sobre la inmigración irregular”. “El cambio en los requisitos en la ley de Extranjería, la posibilidad de pedir asilo en las embajadas de origen, el visado de corta estancia, de tránsito o establecer cupos anuales”, ha enumerado el activista.