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El Constitucional considera “manifiesta” y “reiterada” la desobediencia del Parlament

El tribunal considera que la Mesa estaba "obligada" a impedir resoluciones a favor de la autodeterminación y contra el Rey

El presidente del Parlament, Roger Torrent, el pasado 28 de enero.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, el pasado 28 de enero.

El Tribunal Constitucional considera que la desobediencia del Palament está siendo “manifiesta” y “reiterada”. Lo expone en sus dos últimas sentencias sobre las declaraciones de la Cámara catalana en reivindicación del derecho a la autodeterminación y de crítica al Rey. Son las resoluciones en las que los magistrados instaron a la Fiscalía a plantearse la presentación de una querella contra el presidente del Parlament, Roger Torrent. El Constitucional dice que no le corresponde iniciar acciones penales, pero pone la munición en manos de los fiscales.

Las dos últimos autos del Tribunal Constitucional sobre declaraciones del Parlament son un auténtico pliego de cargos contra los representantes de los partidos independentistas en la Mesa de la Cámara, empezando por su presidente, Roger Torrent. Las resoluciones le imputan una contumaz voluntad de incumplir las decisiones del tribunal de garantías, al reiterar la tramitación de las resoluciones a favor del derecho de autodeterminación y en contra del Rey Felipe VI.

Estos autos —cuyo sentido se anticipó el pasado martes— son los que llevaron al Constitucional a pedir a la Fiscalía que estudIe querellarse contra Torrent (ERC) y contra Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, ambos de Junts per Catalunya (JxCat). El texto de las resoluciones —hecho público ayer— es de inusitada dureza. En la Fiscalía no hay prisa para decidir sobre la querella, hasta que no se incorpore la futura fiscal general, Dolores Delgado. Los fiscales son conscientes de que Torrent ha tratado de no traspasar ciertas líneas rojas, acudiendo a veces a subterfugios, pero, a la vista de las acusaciones que formula el Constitucional, es seguro que en la Fiscalía habrá debate sobre la procedencia de querellarse.

El Constitucional argumenta que ante las iniciativas de ERC, JxCat y la CUP, la Mesa del Parlament “venía obligada, conforme a nuestra reiterada doctrina (...), a inadmitir la propuesta de resolución”, porque “la admisión a trámite, para su sustanciación en el pleno de la Cámara, implicaba un manifiesto incumplimiento del deber de la Mesa de respetar lo acordado por este tribunal”. Los dos autos insisten en un argumento que fue caballo de batalla en el juicio en el procés en el sentido de que la inviabilidad de las declaraciones sobre la autodeterminación y contra el Rey no suponen una limitación del derecho a la libertad de expresión. Lo que entrañan —explica el Constitucional— es un ataque a la Constitución, realizado por quienes tienen mayor obligación de cumplirla, como representantes públicos.

“La autonomía parlamentaria —afirman los autos—no puede en modo alguno servir de pretexto para que el Parlamento de Cataluña se considere legitimado para atribuirse la potestad de vulnerar el orden constitucional, ni erigirse en excusa para soslayar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional”. Añaden que, sin embargo, el Parlament “ha desatendido una vez más” las advertencias que se le han dirigido.

El tribunal subraya que “todos los poderes públicos” deben atender a su “obligada” sumisión a los mandatos de la Constitución. Por ello, las advertencias que ha recibido “no son contrarias a la autonomía de la Cámara” ni atentan a “la inviolabilidad de los parlamentarios”. Los autos vuelven a advertir a Torrent de su deber de no incurrir en actuaciones similares. Pero esta vez no se quedan ahí, sino que remiten información a la Fiscalía para que estudie una posible querella contra los dirigentes mencionados “por incumplir” los mandatos anteriores.

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