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ANÁLISIS i

Una oportunidad para Euskadi. ¿Y para Cataluña?

Se perdió el tren de las reformas estatutarias de mediados del año 2000 a causa del plan soberanista de Ibarretxe

El lehendakari Iñigo Urkullu, durante un debate en el Parlamento vasco, el pasado noviembre.
El lehendakari Iñigo Urkullu, durante un debate en el Parlamento vasco, el pasado noviembre.

El deterioro de la cuestión territorial en Cataluña ha incubado tal pesimismo que no son pocos los que vaticinan que no tiene salida y que Euskadi irá detrás. Esa corriente olvida que durante la Transición, con un terrorismo desatado y un golpismo amenazante, el clima político era peor y se superó una crisis múltiple que desbordaba la cuestión territorial. Para salir de una crisis hay que apostar por las propuestas y el diálogo. Viene a cuento subrayarlo hoy, en Euskadi, con la presentación de las propuestas de la comisión de expertos sobre el nuevo Estatuto.

Euskadi perdió el tren de las reformas estatutarias de mediados del año 2000 a causa del plan soberanista de Ibarretxe y el debate de su nuevo Estatuto se ha complicado al coincidir con el proceso soberanista unilateral catalán. El lehendakari Urkullu pretendía adaptar el Estatuto de 1979 a la Euskadi de hoy, ampliar su consenso y desarrollar una reforma legal, válida para otros 40 años y, en un plano ideal, que fuera referencia para Cataluña cuando sus gobernantes abandonen la unilateralidad.

Pero, conocidas las propuestas, esos objetivos hoy son difíciles. La comisión de expertos ha realizado una profunda exploración de las posibilidades que la Constitución ofrece al autogobierno vasco. PNV, PSE y Podemos han presentado un texto con acuerdos de entidad en su estructura, relaciones con Europa, competencias y derechos sociales. El PP se ha situado al margen y Bildu ha hecho del derecho a decidir el eje de su propia propuesta.

El principal problema radica en que el PNV mantiene, aunque modulado, el "derecho a decidir", una propuesta de máximos, inviable jurídicamente y políticamente inaceptable por los partidos constitucionalistas y las Cortes, como señala el PSE. El mantenimiento de esta posición tendría consecuencias graves para el gobierno de coalición PNV-PSE.

Pero al proceso le queda un recorrido de, al menos, dos años. El sociómetro del Gobierno vasco acaba de revelar que el apoyo a la independencia se ha rebajado al 20% en Euskadi, que vive un momento único con alto nivel de bienestar, tras la desaparición del terrorismo, y sin ganas de reverdecer las tensiones territoriales.

Urkullu sabe que ha recuperado la centralidad para el PNV, perdida por Ibarretxe, al gobernar con el PSE y protagonizar las cuestiones sociales sobre las identitarias. Por eso este fin de semana ha enfatizado el consenso alcanzado entre sensibilidades distintas —PNV, PSE y Podemos— en la comisión y su posibilidad de ampliarlo, respetando la legalidad para pasar el listón de las Cortes. Ha admitido que, por tanto, habrá que modular posiciones maximalistas. Sabe que tiene una oportunidad única con una mayoría progresista. Tiene dos años por delante. Pero, con un plazo tan largo, difícilmente el nuevo Estatuto vasco podrá ser referente en Cataluña. Quizás en los procedimientos.

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