El auténtico derecho a decidir

El rechazo del Plan Ibarretxe hace diez años dejó a Euskadi descolgada del proceso de reforma de los estatutos de la pasada década. Está, pues, justificada la reforma del Estatuto vasco, el primero de los aprobados en España, porque muchas cosas han cambiado desde 1979 como la entrada de España en la Unión Europea y las transformaciones sociales, además de una experiencia acumulada en las relaciones con el Estado no exenta de conflictos. Adaptar el Estatuto a una Euskadi dinámica, cuyas primeras preocupaciones son sociales y económicas, es necesario así como mejorar las relaciones y el encaje de Euskadi con el Estado.

Recientemente, el desafío independentista catalán ha planteado un nuevo escenario del que no puede sustraerse la reforma estatutaria. Una enseñanza básica es que no puede utilizarse una reforma estatutaria para cambiar el modelo de Estado. El fracaso del Plan Ibarretxe, primero, y del desafío independentista catalán lo demuestran. El Estado no lo toleraría y está respaldado por la Unión Europea, recelosa con los nacionalismos y hostil con el secesionismo.

El Estatuto vasco reconoce a Euskadi como sujeto político, pero no su soberanía. Si la reforma intenta reconocer la soberanía de Euskadi y, con ella, el derecho a la autodeterminación o a decidir, cruzará otra línea roja tanto para el Estado español como para la Unión Europea.

Hace unas semanas, Podemos trató de sacar el conflictivo debate sobre el derecho a decidir de la reforma del Estatuto para facilitarla con la aquiescencia del PSE y del PP. Bildu, sin embargo, respondió que no aceptaría una reforma sin derecho a decidir y el PNV optó por mantenerlo.

El derecho a decidir puede poner en riesgo la reforma estatutaria. La posición del PNV es decisiva. Por un lado, no quiere dejar todo el terreno del soberanismo a Bildu que ha modulado su posición. Por otro, considera básico su pacto de Gobierno con el PSE, que le otorga centralidad y cohesión social. Sabe que ni el PSE ni el PP aceptarán el derecho a decidir y que esto provocaría la división social. Tampoco el Estado ni la Unión Europea como se ha demostrado en Cataluña.

El PNV tiene tiempo para modular su posición, que partirá de máximos. El lehendakari Iñigo Urkullu se comprometió a una reforma consensuada y legal en Euskadi, pactada con el Estado y refrendada. Ese será el auténtico derecho a decidir.