Un pleito de 34 años por siete apartamentos

En los juzgados de La Orotava (41.800 habitantes, Tenerife) sigue su interminable curso un juicio que comenzó en 1985, cargado de tensiones y sufrimiento entre las partes. Con casi 34 años detrás, constituye el pleito con más retraso de la historia judicial de España. En disputa, la propiedad de siete apartamentos y dos locales comerciales en primera línea de la tinerfeña playa del Puerto de la Cruz. Mientras, ocho afectados de ambas partes se han quedado por el camino, entre imputados, denunciantes, testigos, abogados.

El origen de este longevo litigio arranca cuando el fallecido Manuel Yanes (un conocido constructor del Puerto de la Cruz que incluso tiene una calle con su nombre en la zona) avaló con los apartamentos y los locales (ubicados en el edificio Martina, frente al mar) un préstamo que luego resultó impagado. Otras personas se hicieron cargo de la deuda y se quedaron los inmuebles. Pero no pudieron tomar posesión de ellos. ¿Por qué? Se abrió entonces un pleito civil entre las partes y, cuando los nuevos dueños iban a escriturarlos con el aval del Tribunal Constitucional, el fallecido Yanes dinamitó el pleito, que hasta ese momento lo llevaba el Juzgado 2 de La Orotava. Yanes presentó una querella por estafa y falsedad contra los supuestos nuevos dueños. Alegó que en puridad ellos tampoco habían pagado la deuda. Y eso le permitió mantener los apartamentos bajo su dominio hasta que no se investigasen los delitos.

De la querella se encargó el Juzgado número 1 de La Orotava. Y ahí empezó el desbarajuste judicial. Porque la causa quedó olvidada en la estantería durante 30 años. Y no solo nunca llegó a juicio el asunto, sino que cuando la Audiencia de Tenerife se puso a analizar el caso se dio cuenta de que los delitos habían prescrito por inacción de los 10 jueces por cuyas manos pasó la investigación. Cerrada la vía penal por prescripción tras 30 años, los contendientes han vuelto a la vía civil. Y en ella están ahora.

Los hijos de Yanes, Manuel y Domingo, que ya suman 80 y 72 años, respectivamente, heredaron el pleito en 2000, después de la muerte de su padre. Y hasta el momento han sido los grandes beneficiarios del retraso del litigio. Porque explotan, desde hace 34 años, los nueve inmuebles. Ante la desazón de los contrarios. “Eran de mi padre los apartamentos; unos alemanes y un prestamista lo metieron en el lío”, cuenta Manuel Yanes hijo.

Francisca de Paula Carmona de Argila fue una de las personas que pusieron dinero para quedarse los apartamentos hace 34 años. Harta de esperar, y también con muchos años encima, ha denunciado todo al Ministerio de Justicia. Sus palabras rezuman indignación y dolor: “He permanecido casi 30 años injustamente sometida a la amenaza penal de ser imputada por delitos estafa y falsedad, sin que nunca se haya podido demostrar si los cometí o no; he sufrido la pena de banquillo” cuenta en su denuncia.

Indemnización

Francisca de Paula reclama una indemnización al Estado “por dilaciones en el proceso, daño moral y lucro cesante de 351.000 euros”. Le indigna que la querella haya prescrito por el paso de los años mientras quedaba en el aire la titularidad de los apartamentos. Los hermanos Yanes “han mantenido la posesión y explotación, en propio beneficio, de los siete apartamentos y dos locales comerciales que compré hace casi 30 años (…), y desde entonces no he podido usar, ni vender ni explotar”, se queja. Los tres millones de las antiguas pesetas pagados hace décadas por los nueve inmuebles se han convertido en varios cientos de miles de euros.

Cuando murió el constructor Manuel Yanes, el querellante, el pleito era ya ingobernable. Y no por el volumen de folios que por entonces aunaba la causa, sino por la desidia de los jueces que desfilaron por ese juzgado hasta 2015.

Durante 19 años, según un informe del Consejo del Poder Judicial, algunos jueces tomaron decisiones erráticas sobre este pleito. Dos veces hubo que reiniciar la causa desde cero. También hubo jueces que pidieron documentos irrelevantes, pero que retrasaron todavía más el pleito. “A veces, cuando hay un asunto estancado, algunos jueces (los de La Orotava eran entonces juzgados de paso), no quieren líos y les dejan la pelota a sus sucesores, hasta que, como en este caso, la bola se hace enorme”, sostienen fuentes jurídicas.

Prescripción

La Sección Sexta de la Audiencia de Tenerife: “Este tribunal no puede dejar de hacer mención al descontrol que existió durante fase instructora de esta causa"

La Audiencia de Tenerife, en 2013, culpó de la situación a los sucesivos “encargados del juzgado”, y les reprochó: “Este tribunal no puede dejar de hacer mención al descontrol que existió durante fase instructora” de la causa. Pero no todas las culpas del retraso las tiene el juzgado número 1. Mover un papel de una instancia a otra supuso meses y hasta años. Por ejemplo, en dar por buena la presencia del procurador del querellante en la causa, se tardaron “222 días”; en elevar a la Audiencia un simple escrito, 830 días; en que ese mismo escrito llegase desde el registro hasta el tribunal que debía pronunciarse sobre él, 126 días, y hasta que los jueces del tribunal lo resolvieron, otros 704 días.

Sergio Oliva, titular del juzgado número 1 de La Orotava, casi ni había nacido cuando se inició el pleito a mediados de los ochenta. Dice comprender el sufrimiento de los litigantes y cita al escritor francés Marcel Schwob: “Toda justicia que tarda es injusta”.

Y lo peor del pleito es que este aún no ha acabado porque ha retornado a la vía civil, en la que se quedó cuando Manuel Yanes puso la querella. Lo tramita el Juzgado 2. “No sabemos cuándo acabará esto. Tengo 80 años y ya vamos por la tercera generación de mi familia: mi padre, mi hijo y yo. ¿Qué justicia es esta?”, se pregunta Manuel Yanes, heredero del pleito junto a sus cuatro hermanos, uno de ellos ya fallecido.