El juez encarcela a siete CDR y les acusa de formar parte de un nuevo grupo terrorista

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón envió este jueves a prisión a siete de los nueve independentistas catalanes detenidos el lunes, y que supuestamente planeaban acciones violentas coincidiendo con la sentencia del procés. El magistrado los vincula con los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), una nueva “organización jerarquizada” que, sostiene el juez, busca la independencia de Cataluña por vías violentas, y les imputa delitos de integración en grupo terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos.

El magistrado de la Audiencia Nacional adoptó ayer la que quizá sea la decisión judicial más grave contra militantes independentistas desde el encarcelamiento de los líderes políticos y sociales del procés tras la frustrada proclamación de la república catalana en el otoño de 2017. García-Castellón envió a prisión provisional incondicional —sin posibilidad de salir bajo fianza o con otras medidas cautelares— a siete miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), los grupos independentistas radicales surgidos en toda Cataluña para facilitar la celebración del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, y que luego se han arrogado la misión de convertir a esa comunidad autónoma en un Estado independiente. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuya hija milita en los CDR, ha animado a estos colectivos a “apretar” en sus actos de protesta.

Los ahora encarcelados almacenaban, según la investigación, material susceptible de ser utilizado para la fabricación de explosivos. En Sabadell, los agentes de la Guardia Civil hallaron ácido sulfúrico, parafina, aluminio en polvo, decapante industrial y gasolina, además de termita, una composición pirotécnica. También encontraron nitrato de amonio, un fertilizante utilizado habitualmente por grupos terroristas para fabricar explosivos. A uno de los arrestados se le incautó un arma de fogueo, según fuentes policiales. Entre la documentación hay anotaciones con los componentes de la Goma 2 —un explosivo industrial que no puede ser elaborado con los materiales intervenidos— y otros explosivos que sí podrían prepararse de manera casera.

El magistrado vincula a los siete arrestados con un nuevo grupo surgido supuestamente de los CDR: los autodenominados Equipos de Respuesta Táctica (ERT). García-Castellón califica en su auto a este grupo como una “organización con estructura jerarquizada que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta”, según fuentes judiciales.

“El ERT es una organización con capacidad suficiente como para llevar a cabo tácticas y maniobras con un alto nivel de profesionalización”, señala el auto de prisión firmado por el magistrado. La resolución añade: “Esta instrucción fue testigo el 15 de septiembre de 2018 de una maniobra orquestada por el ERT que se gestó en la máxima clandestinidad. En la citada estrategia se planteaba el encuentro con una persona que por la reacción de los integrantes al conocer su identidad debía tener un componente peligroso”.

En esa fecha, según se ha publicado, tuvo lugar una “acampada por la libertad” en la que participó Fredi Bentanachs, uno de los fundadores de la extinta organización terrorista Terra Lliure. Fuentes de la investigación vinculan a los ahora encarcelados con la celebración de este acto.

Apoyo de diputados

Los siete detenidos —Eduard Garzón, Xavier Buigas i Llobet, Germinal Tomás Aubeso, Jordi Ros Solá, Xavier Duch Palau, Ferrán Solis y Alexis Codina— salieron de la Audiencia Nacional sobre las 18.30 en vehículos de la Guardia Civil hacia la prisión madrileña de Soto del Real. Un grupo de familiares esperaba la salida en las inmediaciones del tribunal y saludaron a la comitiva con gritos de “No esteu sols” (“No estáis solos”, en catalán). Por la mañana, ante el edificio judicial se personaron también parlamentarios y dirigentes de Junts per Catalunya, ERC, la CUP y EH Bildu, que mostraron su apoyo y solidaridad con los detenidos y calificaron la Operación Judas de “montaje policial”.