Guerra interna en el PSOE de Ourense por un puesto en la candidatura al Senado

La batalla por asegurarse un puesto de salida en la candidatura al Senado ha acabado con dos excargos del PSOE ourensano sentados en el banquillo, acusados por el fiscal de un delito de descubrimiento y revelación de secretos para impedir la competencia de otro posible candidato de su mismo partido. El ministerio público pide dos años de cárcel para cada uno de los acusados, petición que la acusación particular, que suma en ambos casos a ese delito los de injurias y calumnias, eleva a cinco.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2015 cuando, durante el proceso de elaboración de las candidaturas para las elecciones generales de 2016, Teresa Taboada, entonces secretaria de Acción Electoral del PSOE de Ourense y aspirante a un puesto en la lista para el Senado, habla por teléfono con Enrique Camoeiras, miembro de la ejecutiva provincial socialista y policía nacional. Taboada le pide que se entere de si un compañero de partido, el letrado José Arcos, que cree que aspira también al puesto en la misma candidatura, tiene antecedentes policiales.

Según la acusación particular, Taboada pretendía informar de posibles antecedentes de su contrincante a una tercera persona “para que advirtiera a Arcos de la posibilidad de hacerlo público si salía elegido y así obtener la finalidad perseguida", que entiende la acusación que era “evitar que le disputara el escaño”.

La Fiscalía sostiene que Camoeiras, “sin estar autorizado para ello ni encontrarse en el curso de ninguna investigación”, accede a la base de datos de denuncia del Cuerpo Nacional de Policía, Sindepol, en busca de información sobre el posible contrincante de Taboada e informa a esta posteriormente de su consulta; una supuesta infracción de tráfico, un incidente ocurrido ocho años antes del que Arcos había resultado absuelto. El PSOE había, de hecho, situado al abogado en el número dos de la lista al Congreso en las elecciones generales de 2011 -tres años después de la supuesta infracción de tráfico- en sustitución de la exministra Elena Espinosa.

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Los acusados vuelven a hablar por teléfono. La secretaria de Acción Política “le da instrucciones” a su compañero policía sobre qué hacer con la información recabada y este “vuelve a consultar la base de datos”. La acusación particular sostiene que Camoeiras obtiene además copia del atestado “para ponerlo en conocimiento de terceros”, ya que Arcos “recibió varias llamadas preguntándole por los referidos hechos”.

Las conversaciones entre los dos cargos socialistas quedaron grabadas. Como otros agentes gallegos, Camoeiras tenía el teléfono pinchado en una causa bajo secreto de sumario abierta por un juzgado de Vilagarcía de Arousa que acabó derivando estas escuchas a Ourense.

La Fiscalía sostiene que, como consecuencia de la acción de los cargos socialistas, el contrincante de Taboada, que acabó dimitiendo, fue perjudicado ya que su puesto en la candidatura al Senado “se vio alterado”. Finalmente, Ferraz impuso otro candidato.