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Cerco desigual a la venta ambulante ilegal en Huelva

La agresión al policía de Punta Umbría ha destapado la lucha soterrada entre vendedores con licencia e irregulares, mientras los Ayuntamientos buscan distintas soluciones

Su sombrilla roja y su carrito y camiseta amarillo chillón les hace destacar en el avispero de bañistas en los que se convierte la playa de Punta Umbría (Huelva) en pleno puente de agosto. Son los vendedores ambulantes de bebida y snaks que están autorizados a despachar su mercancía entre los veraneantes. El apuñalamiento el pasado 8 de agosto del jefe de la Policía Local del municipio onubense durante una operación contra la venta ambulante ilegal sacó a la luz la guerra soterrada que existe entre quienes ejercen esta actividad de manera lícita y quienes la realizan al margen de la ley. Otros municipios turísticos de la provincia luchan contra esta situación, aunque sin una estrategia uniforme. En algunos existe una prohibición absoluta, en otros se regula mediante concesión y otros operan a través de licencias individuales. Las asociaciones de comercio ambulante de Andalucía y Huelva demandan una mayor implicación por parte de las Administraciones para preservar una forma de vida amenazada por quienes comercian de forma irregular.

En Punta Umbría el conflicto arrancó en 2013, cuando el Ayuntamiento decidió regular la venta de comida y bebida ambulante en las playas y adjudicó a la empresa Bebidas y Snaks de Punta Umbría, la concesión del servicio de explotación. Quienes hasta entonces operaban por su cuenta quedaron excluidos de la venta autorizada. “Hemos estado amenazados, pero ya podemos trabajar tranquilos y se nota en las ventas”, explica uno de los empleados de la entidad concesionaria que no quiere dar su nombre por miedo a represalias. La puesta en marcha del operativo policial en el que han resultado heridos varios agentes ha disuadido, por el momento, a los vendedores ilegales de pasearse por las playas puntaumbrieñas. La Fiscalía rebajó este miércoles de cuatro a dos los años de cárcel para el autor de la agresión al jefe de Policía de Punta Umbría, durante la vista que se celebró en los juzgados de Huelva. Todos los acusados -el autor del apuñalamiento, su hermano y un bañista que los ayudó- reconocieron los hechos.

Su ausencia ha permitido aumentar el número de vendedores legales en Punta Umbría “Antes éramos unos seis, por la competencia desleal no podían pagarnos a más. Ahora los fines de semana llegamos a ser hasta 12 y conseguimos una media de 170 euros diarios, antes no llegábamos a 40”, explica el vendedor, mientras llama a un compañero para que acuda a rellenarle el carrito con hielo. Están organizados. Se reparten por sectores los 14 kilómetros de playa y tienen apoyos en la carretera que acuden a su zona cuando necesitan reponer. Por las tardes se les unen los vendedores de helados, con uniforme rojo, y los de chucherías, de blanco.

Sin embargo, muchos bañistas habituales de Punta Umbría, echan de menos a los ilegales. “Esto ahora está menos alegre y además hay que esperar mucho para conseguir un tintito. Los otros pasaban a todas horas, los de amarillo pasan muy poco”, explica Rocío Díaz-Montenegro, sevillana asidua de esta playa onubense. “Yo no sabía que había vendedores legales e ilegales y, de hecho, con algunos de los que ya no están hasta nos pegábamos nuestras charlas”, reconoce Manuel Sánchez, otro veraneante.

El último altercado no hace sino reforzar la impresión en el Ayuntamiento puntaumbrieño de que su decisión de regular la venta ambulante y la presión policial es efectiva. “Los últimos casos de listerioris [infección causada por el consumo de alimentos contaminados] detectados en Huelva nos reafirman en la importancia de garantizar la salubridad en nuestras playas”, explican desde el consistorio.

Entre la concesión y la prohibición absoluta

Como en Punta Umbría, los Ayuntamientos de Lepe y Ayamonte también han decidido regular la venta de bebidas y comida en su litoral a través de una concesión administrativa. Lepe lo hace desde 2008 y Ayamonte desde este mismo verano. Las beneficiarias son asociaciones locales que promueven el desarrollo de la comunidad gitana: Anakerando Kaló, en las playas leperas y Pro Calé en las ayamontinas. La mayoría de los vendedores de esas platas pertenecen a esa etnia. En ambos casos son las organizaciones quienes se encargan de contratar a los vendedores y de garantizar que están dados de alta en la Seguridad Social. “Ellos mismos son los que avisan a la Policía cuando ven que se han colado vendedores que no pertenecen a la asociación”, explica Rosario de los Ángeles, concejal de Playas de Ayamonte. En ninguno de los dos municipios se han registrado problemas con vendedores ilegales, aseguran desde ambos ayuntamientos.

El sistema de concesión administrativa no satisface a muchos profesionales de la venta ambulante. “No se puede dejar en manos de empresas o asociaciones la tarea de garantizar que los vendedores están dados de alta con el IAE correspondiente o de ejercer el control de la venta ilegal en las playas, esa es una función que corresponde a los Ayuntamientos y subrogarlo es una dejación de sus funciones”, advierte José Juan Ayora, presidente de la Asociación Provincial de Profesionales del Comercio Ambulante de Huelva.

En otros destinos estivales de referencia en Huelva, como Isla Cristina o Matalascañas, la venta ilegal de todo tipo está prohibida. Sin embargo, por sus playas es habitual ver pasear a vendedores anunciando cervezas y camarones. Muchos bañistas incluso les guardan las neveras. Para las Policías Locales de ambas localidades su persecución no es prioritaria y se quejan, además, de falta de personal y medios materiales para poder adentrarse en la arena. La Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales de Andalucía (Ajdepla) reclamó la pasada semana mayor implicación a las Administraciones públicas para poder dotarles de infraestructura y evitar agresiones como la del jefe de policía de Punta Umbría.

La agresión al policía de Punta Umbría ha hecho aflorar el problema de la venta ambulante ilegal. La Policía y las asociaciones alertan de la degradación de la situación y advierten del perjuicio que supone para la seguridad, la convivencia y la economía local. Ayora no dispone de datos económicos sobre cómo afecta a su sector la venta irregular, pero advierte del riesgo que supone para la subsistencia de muchas familias. “Sus precios no nos permiten competir, porque nosotros necesitamos de un margen para compensar lo que pagamos en impuestos”, afirma.

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