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Una juez pide amparo tras un choque con grupos antidesahucios

La magistrada ordenó a la PAH que no publicara fotos de los funcionarios que participaban en desalojos

Miembros de los colectivos antidesahucios se concentran ante los juzgados de Guadalajara.
Miembros de los colectivos antidesahucios se concentran ante los juzgados de Guadalajara. PAH

El enfrentamiento entre los grupos antidesahucios y una magistrada ya está sobre la mesa de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según explican fuentes de esta institución, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Guadalajara, Cristina Guerra, ha pedido al órgano de gobierno de los jueces que la ampare tras considerar que su independencia se puede ver perturbada por las acciones impulsadas por estos colectivos sociales, que llegaron a convocar el pasado junio una concentración contra la decisión de la magistrada de impedir la difusión de fotografías de la comisión judicial que participó en el desahucio de una familia en la ciudad castellanomanchega.

Tras considerar que se podía estar cometiendo un delito al difundir las imágenes de los funcionarios, Guerra dictó el pasado abril un auto donde ordenaba retirar de las redes sociales las instantáneas y "los comentarios relacionados", incluidos los difundidos por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Y, además, la juez advertía a los colectivos que se abstuvieran de volver a publicar fotos de una comisión judicial "bajo apercibimiento de cometer no solo un delito de revelación de secretos, sino otro de desobediencia a la autoridad judicial".

"Ejecutar un desahucio sin saber quién lo ejecuta, por qué y lo que hay detrás es el sueño húmedo de la banca. La PAH ha sido el principal valuarte de que eso no ocurra. ¿Entiendes a quién beneficia esta cautelar adoptada por la juez?", denunció entonces públicamente la PAH de Guadalajara, que informó de que uno de sus miembros ya había sido citado el 13 de junio como imputado por este asunto. Ese mismo día, se concentraron ante los juzgados.

El choque entre los colectivos y la magistrada saltó después a la arena política nacional. Podemos respaldó a la PAH. "La libertad de información y el derecho a un procedimiento judicial público permiten documentar las actuaciones de los funcionarios. Impedirlo limita la democracia", criticó Rafa Mayoral, secretario de Sociedad Civil del partido de izquierdas.

El CGPJ ya dio trámite el pasado jueves a la petición de amparo de Cristina Guerra, que también ha recibido insultos en las redes. Ahora, el poder Judicial recogerá la versión de ambas partes antes de decidir.

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