Las donaciones de Amancio Ortega abren un debate entre Podemos y el PP y Cs

Las donaciones que el dueño de Inditex, Amancio Ortega, viene realizando a la sanidad pública española a través de su fundación desde 2015 han irrumpido de forma sorpresiva en el centro de la campaña electoral. Podemos, Ciudadanos y el PP se han enfrentado en un debate encendido en las últimas horas sobre si es conveniente o no que el hombre más rico de España done 300 millones de euros para equipamiento contra el cáncer, después de que la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isa Serra, cuestionara la iniciativa.

El debate ha subido varios grados desde que Serra defendió este pasado viernes que la sanidad pública no debería aceptar donaciones como las de Amancio Ortega, con una fortuna de 56.000 millones de euros, según Forbes. Dirigentes del PP y Ciudadanos han cargado duramente contra la candidata de Podemos por su “sectarismo”. El líder de Cs, Albert Rivera, le ha pedido que “mire a los ojos a los enfermos de cáncer” y les diga “que su sectarismo ideológico no le permite aceptar estas donaciones”. Serra ha tenido el apoyo de Pablo Iglesias, líder de Podemos. La polémica lleva dos días ardiendo además en las redes sociales.

La dirigente de Podemos cuestionó estas donaciones en una entrevista en la Cadena SER. Tras el revuelo, explicó en su cuenta de Twitter con más detalle su posición: “La sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega. Se debe financiar con impuestos. Los mismos que esquiva y elude Inditex. 600 millones en tres años”, escribió sin aportar pruebas de tal acusación. Que la compañía eluda impuestos por medio de los mecanismos con los que cuentan las transnacionales (algo legal y distinto del fraude), no ha sido demostrado. Un informe del grupo de Los Verdes Los Verdes/Alianza Libre Europea, presentado en el Parlamento Europeo en 2016, elevó a 585 millones de euros el ahorro en impuestos entre 2011 y 2014 de Inditex gracias a sus filiales en Holanda, Irlanda y Suiza, pero la compañía rechazó las acusaciones y sostuvo que el estudio (que firma el economista Marc Tataret, de la Universidad de Barcelona y vinculado a ERC) se equivoca “gravemente”.

Serra criticó también que estas donaciones son finalistas, es decir, destinadas a una causa concreta, y “no vienen precedidas de un análisis experto que estudie donde se distribuyen los recursos. Esto provoca desigualdades y enfermedades y pacientes de primera y segunda clase”. El inspector de Hacienda y diputado de Cs Francisco de la Torre contestó a la candidata con los datos de la Comunidad de Madrid: “Si tienes un presupuesto de 7.865 millones y recibes 46 millones de una donación finalista, ¿quién controla la finalidad del dinero? Basta con destinar algo menos de dinero a comprar el aparato que te regalan... De verdad, no hay que hacer un máster para saberlo”.

Una disculpa

La derecha defiende las donaciones y pide una rectificación. “Isa Serra debería disculparse y Ángel Gabilondo exigirle lo propio”, reclamó la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el debate entró en juego la trayectoria profesional de la candidata de Podemos: en las redes sociales se ha difundido su declaración de bienes como diputada regional en Madrid, de 2015, en la que consta que no ha percibido nunca un sueldo antes de entrar en política.

La Fundación Amancio Ortega desarrolla desde 2015 un programa de apoyo a la renovación del equipamiento en los hospitales públicos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. El importe total es de más de 300 millones de euros. La renovación de máquinas sanitarias urge en comunidades como Madrid, donde una investigación de EL PAÍS reveló el pasado marzo que un 40% de los equipos de alta tecnología de los hospitales públicos madrileños tiene más de 10 años. En 2017, pacientes y sanitarios aplaudieron las donaciones.

El PSOE se situó en el medio en la controversia. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, defendió que “no es incompatible” una fiscalidad justa con que “una empresa pueda dedicar revertir parte de sus beneficios y sus donaciones a servicios que son para todos los ciudadanos”. El Gobierno recordó que pretende una revisión de la fiscalidad para que las grandes corporaciones tengan una tributación mínima del 15%. El objetivo es que “todo el mundo cumpla, sin que encuentren atajos a la evasión fiscal”.