Gigantes de la arquitectura lastrados por la política

Lugo era la única ciudad gallega sin auditorio. ¿Era o es? Hace tres años los arquitectos Ángela García de Paredes e Ignacio García Pedrosa dieron por concluido el nuevo teatro, pero cuando el periodista Suso Varela se preguntó en La voz de Galicia “¿Para qué vale el nuevo auditorio?” no halló respuesta. Necesitaban cinco millones de euros para equiparlo. El inmueble evoca la muralla y consigue que una grada con 900 asientos tenga luz natural. Pero García de Paredes explica que “no había previsión ni de programación ni de mantenimiento al no existir acuerdo entre el Ayuntamiento (PSOE) y la Junta (PP)”. Esas dos cuestiones, la falta de presupuesto y las discrepancias entre partidos, retrasan a menudo la apertura de las infraestructuras públicas que se construyen hoy en España. Así, Lugo lleva tres años con auditorio, pero sin él.

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El desafío de las ciudades

La falta de presupuesto de las instituciones públicas navarras hizo que los rothko, oteizas, picasso o tàpies de la colección de arte abstracto de María Josefa Huarte recalasen en el Museo privado de la Universidad de Navarra que Rafael Moneo terminó en 2015. Y una mezcla de falta de presupuesto y discrepancia, sumada a una incapacidad de gestión, se juntan en uno de los mayores elefantes blancos del país. El CREAA, Centro de Creación de las Artes de Alcorcón, se anunció en 2007 como el nuevo Guggenheim.

Su alcalde, el socialista Enrique Cascallana, que dejó de militar en el partido hace un año, todavía lo siente como una oportunidad perdida. Pero de los nueve edificios —un auditorio, un conservatorio o un circo— planeados, hoy solo existe una ruina que no tuvo el final del Guggenheim, pero sí superó su presupuesto. En 2008 las obras se pararon. Tres años después, el popular David Pérez —que aumentó su exposición mediática al describir a las feministas como “frustradas o fracasadas”— se hizo con el Consistorio por mayoría absoluta y siguió la política de austeridad de su partido: paró las obras. No logró adjudicar las ruinas ni al centro budista que quiso instalar Richard Gere ni a la Universidad Católica San Antonio de Murcia, que trató de levantar allí su Universidad del Deporte.

El arquitecto Fernando Abad, que escribió el demoledor ensayo La piel de toro como trofeo, atribuye los retrasos a que “Cristóbal Montoro estableció un estricto control presupuestario a autonomías y Ayuntamientos. Ha sido difícil terminar las obras desproporcionadas e incluso ponerlas en servicio una vez terminadas”. Ese es el problema de la arquitectura española reciente: los grandes edificios vacíos o el gran retraso de su inauguración.

A veces sucede que la política oculta misterios económicos inexplicables que la lenta justicia tarda en desenmarañar. Hace dos años, los Reyes inauguraron, tras más de tres lustros de espera, el Museo de Arte Íbero de Jaén, una valiosísima colección alojada en un edificio que arrastraba un pasado turbulento. En 2003, Álvaro Soto y Javier Maroto ganaron el concurso para construirlo rehabilitando la antigua cárcel como prescribían las bases. Con el premio en mano, una obra afectó a la cárcel y fue necesario demolerla. Eso les obligó a cambiar el proyecto. Cuando lo hicieron, la Junta de Andalucía los apartó y nombró a un nuevo equipo: Francisco Javier Sánchez Castro, Loreto Camacho y Fernando Mármol idearían un nuevo museo.

Cuando Soto pudo encontrar el nuevo proyecto en las páginas de contratación de la Junta vio su propio edificio. Un informe de la Academia del Colegio de Arquitectos de Madrid confirmó “la coincidencia punto por punto”. El COAM advirtió al Colegio de Arquitectos de Jaén y los responsables de esa coincidencia renunciaron a la dirección de obra. “Eso sí, en seis meses cobraron casi el doble que nosotros habiendo ganado el concurso”, apunta Soto. Tres sentencias, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Supremo, dan la razón a Soto y Maroto, pero, mientras la lenta justicia actuaba, una empresa sevillana terminó de construir el museo que inauguraron los Reyes. ¿Por qué cambió la Junta a los arquitectos? ¿Tuvo algo que ver que el nuevo arquitecto, Sánchez Castro, trabaje asociado al entonces gerente de urbanismo Miguel Sola Martínez —como él mismo publicita en su página web—? Ese cambio multiplicó la inversión pagando tres veces por el mismo proyecto o, como advirtió el COAM, por “un proyecto coincidente punto por punto”. No hace falta decir que más que la falta de presupuesto e incluso la discrepancia entre partidos, las decisiones inexplicables dañan profundamente la credibilidad de la Administración. También pueden arruinar la carrera de un arquitecto.

Especulación

Así, frente a los dolorosos escombros de la especulación desaforada —las ciudades de la Cultura, del Medioambiente o de las Artes que caracterizaron anteriores legislaturas y permanecen inacabadas, abandonadas o en reparación—, el retraso de los últimos años puede ser interpretado como cautela. O como mala gestión. Un caso sobresaliente se dio en la Estación-Museo de Alcázar Genil en Granada, que se inauguró cuando su autor, Antonio Jiménez Torrecillas, ya había muerto.

Hoy, sin embargo, constituye un legado de cómo avanzar sin destrozar. Y evidencia que no hay arquitecto que pueda trabajar solo. Los Ayuntamientos son responsables de los encargos que mejoran las ciudades. También de los que las arruinan. La mayoría de las veces es la arquitectura —y no la gestión inepta o fraudulenta— la que se convierte en el símbolo de una ruina con la que tiene poco que ver.

El enésimo Guggenheim

El caso del Palacio de Congresos de Plasencia —que fue inaugurado 11 años después de que los arquitectos José Selgas y Lucía Cano ganaran el concurso— es paradójico porque, a pesar del retraso, sigue siendo un edificio del futuro: ha sido finalista al premio Mies van der Rohe, que concede la UE.

Su extraña belleza no admite acuerdo y genera sentimientos encontrados de orgullo o rechazo. Pero lo que lo hace paradigmático es que ha conseguido el consenso entre políticos. Cuando el socialista Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, lo inauguró en 2017 lo describió como una “catedral cultural”. Y lo comparó con el Guggenheim de Bilbao. Para entonces, el alcalde de Plasencia, el popular Fernando Pizarro, había sustituido a la socialista Elia María Blanco, del PSOE, que, condenada por delito de fraude continuado en operaciones de adjudicación de obras, pasó 15 meses en la cárcel abulense de Brieva. En ese marco, es paradigmático el acuerdo para salvar la inversión de dinero público. Siendo de otro partido, Pizarro inauguró el auditorio definiéndolo como un “espacio magistral”.