El atentado de Zaragoza y la causa por lesa humanidad, delitos pendientes de Josu Ternera

José Antonio Urrutikoetxea, detenido este jueves en Sallanches, una localidad de los Alpes franceses, junto a las fronteras de Italia y Suiza, es de esos terroristas cuyo apodo ha marcado de manera macabra a varias generaciones. La figura de Josu Ternera, de 68 años, atraviesa prácticamente toda la historia de ETA desde el franquismo hasta el comunicado de disolución de la banda terrorista, que él mismo leyó —en una grabación de audio— junto a la exdirigente encarcelada en Francia Soledad Iparragirre, Anboto, en mayo de 2018. El arresto de Ternera pone fin a una huida legendaria que ha durado 17 años y deja el papel de fugitivo más conocido de la banda residual a otro de sus mayores asesinos, Iñaki de Juana Chaos, refugiado en Venezuela.

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Cuatro son las causas que esperan a Josu Ternera ante la justicia española, cada una de ellas con su correspondiente Orden Europea de Detención y Entrega (OED). La primera es el atentado con coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, el 11 de diciembre de 1987 y en el que murieron 11 personas —cinco niñas de entre 3 y 12 años y un adolescente de 16— y otras 88 personas resultaron heridas. Los investigadores consideran a Urrutikoetxea inductor de esta acción terrorista. Precisamente, la fuga de Ternera comenzó en noviembre de 2002 cuando, siendo parlamentario de Euskal Herritarrok en el Parlamento Vasco, el Tribunal Supremo lo citó en dos ocasiones para declarar como imputado por este crimen, uno de los más recordados de la historia de ETA.

La segunda gran causa pendiente de Josu Ternera en España es el sumario por delitos de lesa humanidad abierto por el Juzgado Central de Instrucción número 3 contra los últimos jefes de la banda terrorista. La causa se centra en los atentados cometidos por la banda a partir de octubre de 2004 porque fue entonces cuando se introdujo en el Código Penal español el delito de lesa humanidad, castigado con hasta 20 años de prisión. A Ternera no se le ha comunicado todavía el procesamiento, por el que ya se ha propuesto juicio para Mikel Karrera Sarobe 'Ata', Aitzol Iriondo Yarza 'Gurbitz', y Garikoitz Aspiazu 'Txeroki'.

Esta causa, investigada por los magistrados Carmen Lamela y Juan Pablo González, atribuye a los dirigentes de la banda la máxima responsabilidad sobre los atentados mortales cometidos por ETA desde 2004, entre ellos el atentado de la T-4 de Madrid, en diciembre de 2006, en el que murieron los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio; el asesinato del concejal del PSE Isaías Carrasco, en marzo de 2008; la muerte del empresario Ignacio Uría, en diciembre de ese año; y la del inspector de policía Eduardo Puelles, en junio de 2009.

La Justicia les aplicó el delito de lesa humanidad, contemplado en el artículo 607 bis del Código Penal, al considerar que estos atentados se cometieron “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella” y que las víctimas lo fueron por su pertenencia “a un grupo colectivo perseguido por razones políticas”. “Lo que buscaba ETA era crear un clima de temor e inseguridad que anulara política y socialmente a los sectores a los que estas personas pertenecían”, argumentaba el juez González en octubre de 2015.

La tercera requisitoria contra Ternera se refiere al asesinato del directivo de Michelin vasco Luis María Hergueta Guinea, ocurrido en el centro de Vitoria en junio de 1980. Hergueta, perito industrial, recibió amenazas por su posición dura durante el conflicto laboral en la fábrica alavesa de neumáticos. Dos trabajadores de Michelin —Modesto García Marañón y su esposa Miren Edurne García Artal— fueron los los que facilitaron a Ternera la información sobre el directivo de la factoría en una cita que mantuvieron en el hospital de Bayona (Francia) en mayo de 1980. A la cita acudieron Urrutikoetxea con otro histórico de la banda, Juan Lorenzo Lasa Michelena, Txikierdi. El matrimonio, que fue condenado por colaboración con ETA, entregó a los terroristas un ejemplar de la revista corporativa de la fábrica, en la que aparecían varias fotografías del asesinado.

La última de las causas que pesan contra Josu Ternera es el llamado sumario 35/02 sobre las herriko tabernas, en el que se le imputa, de manera genérica, un delito de integración en organización terrorista por la integración de las estructuras de Batasuna a ETA. En ella, varios dirigentes de la izquierda abertzale como Rufi Etxeberría, Joseba Permach, Joseba Alvarez, Karmelo Landa y Juan Cruz Aldasoro fueron condenados por pertenencia a organización terrorista.

Fuentes jurídicas afirman que algunos de los juzgados que instruyen estas causas han ordenado ya la traducción al francés de la Orden Europea de Detención para agilizar la entrega de Urrutikoetxea para ser interrogado y juzgado en España.

La entrega del terrorista a las autoridades españolas podría demorarse hasta que cumpla la condena de ocho años de prisión que se le impuso en Francia en rebeldía por asociación de malhechores, el equivalente francés al delito de integración en organización terrorista. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha reconocido que la "entrega material" de Ternera a la justicia española se puede retrasar, pero ha añadido que existen otras posibilidades, como que las autoridades judiciales francesas lo entreguen transitoriamente a España para ser juzgado en la Audiencia Nacional y que después regrese a Francia o que solicite cumplir su pena en una cárcel española.

La entrega podría agilizarse, según fuentes jurídicas, si Ternera no aceptara la condena que le fue impuesta en Francia en rebeldía, lo que obligaría a repetir esa vista oral con su presencia.