El juicio de las ‘herriko tabernas’ arranca 11 años después de la operación policial

El juicio a 36 dirigentes de la izquierda abertzale, entre ellos Joseba Permach, Rufi Etxeberria, Karmelo Landa, Juan Cruz Aldasoro y Joseba Álvarez, por la subordinación de las estructuras de Batasuna a ETA y la financiación de la banda terrorista a través de las herriko tabernas, que comenzó a investigarse en 2002, ha arrancado esta mañana en la Audiencia Nacional. La vista oral, que está previsto que se desarrolle a lo largo de cinco meses en la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares (Madrid), empezó con retraso debido a las dificultades para el acceso y el acomodo en la sala tanto de los procesados como de los 110 dueños de las herrikos que comparecen como responsables civiles en la causa.

En la vista oral están representados 20 abogados de las tabernas vinculadas a la izquierda abertzale, cuatro letrados de las defensas, dos de la acusación popular –la Asociación de Víctimas de Terrorismo y Dignidad y Justicia- y la fiscalía, representada por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza. Los acusados se enfrentan a penas de hasta nueve años de prisión por integración en organización terrorista. Entre el público están la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero y los parlamentarios de Amaiur Xabier Mikel Errekondo, Jon Iñarritu y Maite Ariztegi. También ha acudido a la primera sesión la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha sido recibida por el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes.

El ministerio público entiende que la “simbiosis” entre las diferentes estructuras del MLNV (en particular de HB-EH-BATASUNA) y ETA ha sido “absoluta”. Según el fiscal, el entramado institucional ejecutaba “en distintos frentes una actividad complementaria de apoyo, soporte y cobertura a las estrategias y fines de la organización terrorista, sin las que no hubiera sido posible la subsistencia de ésta”. En la causa no están ya como acusados el secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi o el dirigente del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga, ya que han sido condenados con anterioridad por integración en ETA y no se puede procesar a alguien dos veces por un mismo delito.

La vista se inició a las 11.52, casi con dos horas de retraso con la presentación de cuestiones previas. El abogado de la izquierda abertzale Iñigo Iruin pidió que se eximiera de juicio al dirigente de Batasuna Joseba Álvarez, que se ha sometido a una operación quirúrgica el pasado 7 de octubre y que se considere prescrito el delito de Josu Iraeta, a quien el fiscal presenta como “delegado de ETA en la Mesa Nacional de HB”. Iraeta fue miembro de la mesa desde mayo de 1988 hasta abril de 1992, más diez años antes de su imputación por el juez Baltasar Garzón, que se realizó el 21 de noviembre de 2002. Iruin ha sostenido que el Código Penal de 1973, vigente en el momento en el que se cometieron los delitos fija un plazo de prescripción de diez años. También se ha pedido la absolución por el mismo motivos para José Antonio Egido Sigüenza. El fiscal se ha mostrado favorable a esta petición en ambos casos. Al rechazar la prescripción las acusaciones populares, el tribunal decidirá en un auto en los próximos días.

Una de las cuestiones previas busca subsanar un error que supuso la congelación de los activos de la asociación Askabide-Liberación, para la atención de personas que se dedican a la prostitución, con la herriko taberna del mismo nombre en el barrio bilbaíno de Zorrotza. "En esta sala hay dos askabides, la herriko taberna y la asociación a la que yo represento. Pretendemos y pedimos que se solucione en este acto, nuestra asociación nada tiene que ver con las herriko y no debe ser traída a un procedimiento cuando se ha constatado que hay un error que debe ser corregido. Pedimos que se nos saque del procedimiento y se nos permita abandonar la sala", ha reclamado el abogado de la asociación.

La Asociación Askabide-Liberación de ayuda a las prostitutas conoció que se encontraba inmersa en el procedimiento en el año 2011 y fue incorporada al sumario después de que la herriko del mismo nombre hiciera constar la circunstancia sin hacer referencia a los números de identificación fiscal, lo que llevó a la confusión posterior. Finalmente, los magistrados, con el visto bueno del fiscal, han acordado su exclusión del juicio.

Los letrados también han pedido dispensar de asistir a la vista oral a seis acusados, cuatro por enfermedad y otros dos en atención a su situación familiar, con hijos y padres dependientes. El tribunal ha acordado que los medicos forenses examinen mañana a los enfermos para constatar si pueden o no enfrentarse a un juicio de cinco meses.