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7.000 euros y 18 años de espera para demostrar que un mando policial se libró del alcoholímetro

Dolores Ruiz, víctima del accidente, ve una "mano negra" en la demora de la causa contra el antiguo jefe de la policía local de Sanlúcar de Barrameda

Dolores Ruiz, a la derecha, con su hija, en su vivienda de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en 2018.
Dolores Ruiz, a la derecha, con su hija, en su vivienda de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en 2018.

El Ministerio de Justicia ha decidido indemnizar con 7.000 euros los 18 años de juicios y angustia sufridos por Dolores Ruiz, gaditana de 64 años, después de que el exjefe de la Policía Local de Sanlúcar de Barrameda, Antonio Coronilla, embistiese por detrás con su coche al de Dolores en un semáforo. El agente policial rehusó hacerse la prueba de alcoholemia y hubo que esperar 18 años para que fuese juzgado y sentenciado por ello a una multa de 510 euros. Esta es una de las causas más fáciles de instruir y más largas en ser sentenciada de la reciente historia de España. Ocurrió en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Coronilla y su segundo en la Policía Local de Sanlúcar, Idelfonso Venzala, acabaron muchos años después en el banquillo gracias a la perseverancia de Dolores. La noche del accidente, el 4 de septiembre de 1998, Venzala hizo todo lo posible para que Dolores desistiera de exigirle que sometiera a su jefe Coronilla al alcoholímetro. Después del siniestro, el jefe policial se marchó a su casa (“apestando a alcohol”, recuerda Dolores) sin someterse a la citada prueba, mientras ella era atendida en el hospital por sus heridas.

“Es muy poco dinero, pero después de tantos años y dolor, al menos hay un reconocimiento por parte del Estado de que nada de lo que me ha pasado fue normal”, señala Dolores

Tras 18 años de juicios, el jefe y el subjefe, que finalmente tuvieron que sentarse en el banquillo, se han ido prácticamente de rositas (el subjefe fue inhabilitado, pero se jubiló antes de que se ejecutara la sentencia contra él por no perseguir el delito de su entonces jefe). El juicio por estos hechos se suspendió en ocho ocasiones. Dolores, a la que le han quedado lesiones físicas y psicológicas, siempre vio “una mano negra” detrás de las reiteradas suspensiones del juicio. La octava vez que se suspendió la vista, perdió el habla de rabia y hubo que llevarla inconsciente al hospital en una ambulancia.

La única y "pequeña satisfacción" que ha obtenido Dolores tras tantos años son los citados 7.000 euros con los que Justicia ha decidido indemnizarla por la dilación judicial sufrida y los consiguientes daños morales. “Es muy poco dinero, pero después de tantos años y dolor, al menos hay un reconocimiento por parte del Estado de que nada de lo que me ha pasado fue normal”, señala Dolores, a través de su abogado, Juan José Rivas. Aparte de estos 7.000 euros, el ministerio le ha concedido otros 3.500 euros (en total 10.500) para compensarle las costas que Dolores tuvo que abonar injustamente al abogado del policía por un recurso fallido ante el Tribunal Supremo. En todos estos años, Dolores ha tenido que pagar más de 80.000 euros en abogados.

“Tenía voz aplomada y echaba un fuerte olor a alcohol", describe Dolores Ruiz. “Me dolía todo el cuerpo, sufrí graves daños en tres vértebras. 172 días de baja”

Oficial de cocina, Dolores iba de copiloto con su marido aquel 4 de septiembre. Estaban detenidos en un semáforo de la avenida de la Constitución de Sanlúcar, recta y de amplia visibilidad. Eran cerca de las 12 de la noche. Venían de recoger a su hija de once años de un cumpleaños.“Y de pronto oí '¡plof!', parecía como una bomba, y mi cabeza se balanceó dos veces, como los muñecos esos que ponen en los coches de las pruebas de accidentes de la tele”, contó Dolores Ruiz. Del otro vehículo se bajó el entonces jefe de la Policía Local, hoy alto cargo policial en Cádiz. “Tenía voz aplomada y echaba un fuerte olor a alcohol, apestaba", añadió. “Me dolía todo el cuerpo, 172 días de baja".

Su exigencia esa noche ante los agentes de Sanlúcar para que le hicieran la prueba del alcoholímetro al oficial jefe fue obviada. Los subordinados del jefe policial no solo esquivaron hacérsela, sino que, en concreto el segundo al mando, el suboficial jefe, Venzala, “habló con mi marido hasta en cuatro ocasiones para convencerle, y lo consiguió, de que quitásemos de la denuncia mi exigencia de que le hicieran la prueba a su jefe”.

Papeles que tardaban meses en moverse

La instrucción, el juicio, la sentencia, todo se eternizó a partir de entonces. Papeles que tardaban meses y años en ir de una estantería a otra del juzgado, juicios que se suspendían casi por rutina. Al fiscal del caso se le olvidó ir al juicio en una de las ocasiones, etcétera. “Todo el mundo parecía conchabado contra mí, jueces, abogados, fiscales…”, narró Dolores a EL PAÍS.

Muchos años después denunció el caso ante el Consejo General del Poder Judicial, que le dio la razón. También se la ha dado el Consejo de Estado, que propuso para ella una indemnización de solo 5.000 euros. Dolores Ruiz pedía 150.000 euros por todo un sufrimiento que se ha prolongado 18 años. Apenas va a recibir 7.000 euros. No va a recurrir, quiere olvidarlo todo.

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