Extremadura: El vagón de cola busca nuevas vías
La comunidad cuenta con la tasa de paro más alta (23,6%) y con el mayor porcentaje de funcionarios
Alfonso Vallejo, de 31 años, es socio fundador de Cerex, premio a la mejor cerveza artesanal de España en 2015 y 2017. Tras estudiar en Salamanca, regresó en 2013 a Zarza de Granadilla (Cáceres), su pueblo, y creó esta exitosa marca. “La lentitud para crear una empresa en Extremadura es tremenda. La filosofía de la Administración tendría que ser: ¿Qué necesitáis?’, pero te dicen: tráeme este papel’. La presión fiscal es altísima y no se premia la fijación del empleo en la población rural”.
Crear y fijar empleo. Este es el principal problema de la región, según la última encuesta publicada por El Periódico de Extremadura. La comunidad cerró con la tasa de paro más alta en 2018 (23,6%), según el INE; seis puntos más que el promedio nacional. Al inicio de la legislatura la cifra alcanzaba el 28,5%.
“La situación está razonablemente mejor que en 2015, pero no como yo quiero que esté”, resume el presidente Guillermo Fernández Vara (PSOE), que recuperó en ese año para su partido el Ejecutivo regional —un feudo tradicional de los socialistas— tras cuatro años de Gobierno del PP. “Al llegar tuvimos que poner orden en las cuentas sin olvidar los asuntos sociales”, dice. Extremadura es la tercera comunidad que más invirtió en 2018 en estas políticas. A Educación le dedica 943 euros por habitante; a Sanidad, 1.428 euros per cápita.
“Necesitamos sí o sí un plan especial de empleo”, opina la secretaria de UGT en la región, Patrocinio Sánchez. “Hay que derogar la reforma laboral”, añade Encarna Chacón, de CC OO. En la patronal extremeña creen necesario un plan de ventajas fiscales para revertir la situación. “Estamos a la cola de todos los indicadores”, cuenta su secretario general, Javier Peinado.
“O nos ayudan o será muy complicado mantener los servicios públicos mínimos. La gente joven se marcha y esto no se sostiene”, dice José Antonio Monago, presidente de la Junta de 2011 a 2015 —gracias a la abstención de IU— y ahora nuevamente candidato del PP. Según las encuestas, Vara mantendrá el sillón presidencial de Mérida, y el PSOE podría incluso recuperar las alcaldías populares de Cáceres y Badajoz con la suma de Ciudadanos.
“La situación para cualquier extremeño es insostenible. Nuestros pueblos son grandes geriátricos”, dice el candidato de Ciudadanos a la Junta, Cayetano Polo. “Si de mí depende la gobernabilidad, no impongo vetos a nadie”, apunta, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones. El partido de Albert Rivera logró un diputado regional en 2015; la última encuesta le otorga entre ocho y nueve.
El extremeño medio tiene 44 años e ingresa —como media— 18.174 euros, la renta per cápita más baja del país: el promedio nacional está por encima de los 25.000 euros al año. El 44,3% de los habitantes de la región —casi 480.000— está en riesgo de exclusión social: viven con 710 euros mensuales o menos, según el último Informe sobre el estado de la pobreza en España elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español). Eso supone 25 puntos más que antes de la crisis. Muchos de estos extremeños trabajan —regularmente o en la economía sumergida—, pero no pueden mantener una temperatura de la casa adecuada, estar al día con los gastos de la vivienda, afrontar gastos imprevistos o irse de vacaciones una semana al año.
“Miles de jóvenes estarían en una verdadera situación de pobreza sin el respaldo familiar”, cuenta Enrique Hernández, investigador de la Universidad de Extremadura. En total, 13.000 chavales se han marchado en los últimos cinco años, según el INE. “El problema de rentas es severo, pero no es de los más fuertes porque aún existen las coberturas familiares”, apunta Sali Guntín, vicepresidenta nacional de Red de Lucha contra la Pobreza.
A pocos kilómetros de Navalmoral de la Mata (Cáceres) se encuentra un centro de educación concertado dependiente de la Consejería de Agricultura que imparte cuatro módulos relacionados con el sector. “Extremadura es campo y el relevo es muy lento”, cuenta su director, Javier Monforte, de 43 años. “Existen ayudas, pero no dan los resultados esperados”. El centro cuenta con 130 alumnos matriculados. “Todos mis amigos se han ido fuera a estudiar e incluso yo puede que me vaya”, dice Lidia Paredes, de 22 años. Alejandro Martín, de 21, quiere ser bombero forestal: “Yo me quiero quedar. La gente se va porque los políticos no se saben gestionar los recursos”.
Hace cinco meses la Consejería de Educación y Empleo y la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos mostraron su preocupación ante el aumento de la tasa de abandono escolar temprano en la región. El 21,8% en 2018, casi dos puntos más que en 2017 (la media nacional descendió al 17,8%). Este indicador mide la población de entre 18 y 24 años que, como máximo, ha terminado la ESO y no ha seguido estudiando después ni el Bachillerato ni un grado medio de FP. “Somos una isla en la península”, sostiene Irene de Miguel, candidata de Unidas Podemos, que a juzgar por las encuestas puede revalidar los seis escaños de 2015. “La verdadera crisis territorial está en la desigualdad. Es ahí donde hay que fijarse. Los indicadores son dramáticos”.
Extremadura es la comunidad que más funcionarios tiene en relación con la población. Por cada 100 trabajadores, 23 están empleados por la Administración, el doble que la media nacional (entre otras cosas, porque es la comunidad con menor privatización sanitaria). ¿Y la industria? A finales de 2018 existían 66.879 empresas: 976 menos que antes de la crisis. Hoy la situación se está revirtiendo. En el último mes se crearon 101, el segundo mayor incremento del país, por detrás de La Rioja.
En 1973 se instaló en Cáceres Catelsa. La primera industria de la provincia llegó procedente del País Vasco y ligada al mundo del automóvil. Su director durante varias décadas fue Marcelo Muriel, un extremeño que ahora tiene 70 años. “La región tiene unas condiciones mejores que las de 1973”, opina. “Pero nos hace falta un nuevo empujón. El único gran recurso del que dispone Extremadura es la energía eléctrica”.
Pero es ahí, en la industria, donde está al menos una parte del futuro. Y en el turismo de interior: en el primer trimestre, Extremadura lideró la tasa de crecimiento turístico en España. A estos dos pilares se sumará un megaproyecto en el que la Junta tiene puestas sus esperanzas: un centro de ocio en Castilblanco (Badajoz) que prevé una inversión de 9.000 millones y la creación de 50.000 puestos de trabajo hasta 2028. En cuanto a las energías renovables, la región pretende generar el 20% del total de España en 2030. Naturgy inauguró en Plasencia el primer parque eólico en febrero. “Los trámites burocráticos fueron muy lentos”, dice el alcalde, Fernando Pizarro (PP).
A muy pocos kilómetros de este complejo se encuentra el Hospital Virgen del Puerto, uno de los 19 centros hospitalarios con los que cuenta la región. Extremadura es la comunidad con menor privatización sanitaria, según el último estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Para operarse hay que esperar una media de 118 días. A inicios de esta legislatura la demora era de 145.
“Nosotros queremos devolver las competencias de Sanidad y Educación al Estado. El Estado de las autonomías ha caducado”, cuenta Juan Antonio Morales, candidato de Vox a la Junta tras pasar 23 de sus 49 años en el PP. Según las encuestas, la extrema derecha irrumpiría con fuerza en el Parlamento con siete escaños. Tanto Morales como los expertos, candidatos, empresarios y ciudadanos consultados hacen hincapié en la mejora de las comunicaciones como palanca de cambio para la comunidad. La región ha recibido 2,76 euros de media de cada 100 que el Estado ha destinado al total de las infraestructuras autonómicas, pero Cáceres y Badajoz siguen sin estar unidas por una autovía. En 2018, el tren extremeño entró de lleno en la política nacional; hoy se prevé que esté listo en 2025.
Desde el 6 de mayo la línea está cortada por obras y así seguirá durante al menos 30 días. 24 horas antes del inicio de estas reformas la cacereña Beatriz Domínguez, de 28 años, se compró un billete de vuelta a Madrid tras acudir a la boda de una amiga. Llegó una hora tarde a la estación de Atocha. “Esto es insostenible, no se va arreglar nunca”.
Sobre la firma
