Islas Baleares, gestionar entre el éxito y el exceso

La sociedad balear afronta las próximas elecciones con un pie puesto en el verano. La temporada alta arrancó motores hace semanas y los turistas se cuentan por miles. La izquierda aspira en la cita electoral a conseguir un cuarto gobierno de pacto progresista multipartito, en una comunidad con una economía en auge que creció un 2,7% durante 2018. Los vientos favorables en el empleo —el paro se sitúa en el 10,9%— han permitido al archipiélago ser una de las pocas regiones que crece en población, hasta alcanzar 1.148.947 habitantes en enero de este año, con un porcentaje de población extranjera de casi el 25%.

Una sociedad multicultural que consigue con el turismo de verano su mayor fuente de ingresos. Baleares vive su temporada álgida a partir de la Semana Santa, cuando la planta hotelera abre sus establecimientos, que en los últimos años se han sumido en un profundo proceso de renovación para actualizar unas instalaciones obsoletas. Las Baleares batieron el año pasado su propio récord de visitantes, con más de 16 millones, cifra que alejó el fantasma de que la tasa turística recuperada por el pacto lastraría el número de viajeros. La búsqueda de un turismo de calidad frente al low cost y los focos de borrachera que han granjeado una fama nefasta a lugares como Magaluf o Sant Antoni, es uno de los anhelos de las autoridades y del sector empresarial.

La gestión de los flujos turísticos y una desestacionalización que permita repartir visitantes durante todo el año forman parte del debate histórico de una región donde se han alzado voces que piden poner freno a la masificación. Según un último informe de los ecologistas de Terraferida, en Baleares se dispararon un 37% las plazas turísticas en los últimos cuatro años hasta superar el medio millón, con municipios que tienen más oferta para viajeros que habitantes censados.

La regulación del alquiler vacacional es uno de los principales caballos de batalla. La reforma emprendida por el Gobierno de Francina Armengol (PSOE) restringió en su totalidad la práctica de esta actividad en pisos de Palma y puso condiciones para llevarla a cabo en el resto de las islas. La ofensiva también se dirigió a las nuevas plataformas comercializadoras, lideradas por Airbnb y Homeaway, que han sido sancionadas con multas millonarias.

En el lado opuesto se sitúan los movimientos sociales que tratan de luchar contra la gentrificación de los cascos antiguos de Palma e Ibiza, ahora dominados por tiendas franquiciadas y viviendas propiedad de inversores del norte de Europa que ofrecen cantidades millonarias para hacerse con inmuebles que posteriormente incorporan al mercado del lujo. Barrios como el de Santa Catalina en Palma han entrado ya en un proceso irreversible, con la mitad de sus viviendas en manos de propietarios extranjeros.

La expulsión de los residentes de toda la vida enfrenta a quienes la sufren con otro de los problemas que reinan en las tertulias: las dificultades para acceder a una vivienda. Durante el primer trimestre, el precio del metro cuadrado para comprar un inmueble alcanzó los 2.014 euros, un crecimiento del 6% respecto al año pasado según la tasadora Tinsa. Y en el mercado del alquiler los datos no mejoran, con una situación especialmente dramática en Ibiza, donde la escasez de vivienda asequible ha provocado la falta de efectivos policiales, médicos y profesores, profesionales que prefieren no ser destinados a la isla y que piden un cambio de residencia en cuanto pueden solicitarlo.

Abandono escolar

La gran dependencia de la industria turística y las facilidades que el sector ofrece a los jóvenes son algunas de las causas que se esconden tras la elevada tasa de abandono escolar temprano, que se situó en el 24,4%, según la última EPA. El sector educativo ha tenido cuatro años para recuperarse de la brecha abierta por el que fuera presidente durante la pasada legislatura, José Ramón Bauzá —reciente fichaje de Ciudadanos, tras abandonar el PP—, que prendió la mecha de la batalla política sobre la lengua en las aulas.

Las diferencias sobre la lengua son solo uno de los puntos que alejan a la candidata socialista a la reelección, Francina Armengol, de formaciones como la de Albert Rivera. “Se han autodescartado desde el inicio, incluso para poder pactar alianzas sobre políticas concretas. Siempre han mantenido una posición muy cercana al PP y últimamente a Vox”, les reprocha la presidenta. Todas las formaciones de izquierda dejaron claro antes de las elecciones generales que reeditarán el pacto de gobierno si la aritmética se lo permite, con un resquicio abierto a los apoyos de los regionalistas de Proposta per les Illes (PI), que aspiran a convertirse en la llave del futuro Ejecutivo. “El PI va a ser decisivo para la conformación de un gobierno”, afirma su cabeza de lista, Jaume Font.

Etapa convulsa de Matas

Ciudadanos también anhela gobernar y sobrepasar al PP. “Vistos los resultados de las generales, tenemos la moral muy alta para quedar por delante del PP”, afirma el candidato, Marc Pérez Ribas. En 2015, los votantes acabaron de un plumazo con la mayoría absoluta de los conservadores. Para borrar el legado de Bauzá y erradicar todo rastro de la etapa convulsa de Jaume Matas, los populares eligieron a Biel Company, un líder de talante regionalista cuyo proyecto topó con el giro a la derecha de la dirección nacional. “Nosotros nunca nos hemos movido del discurso del PP de toda la vida, el del sentido común y la moderación”, remarca el candidato popular.

En un mandato con pocos sobresaltos, el candidato de Més per Mallorca y socio del Gobierno, Miquel Ensenyat, cree que uno de los mayores logros del pacto es demostrar que diferentes partidos “hayan sido capaces” de entenderse. Podemos ha prestado su apoyo a la mayoría progresista desde fuera, algo que cambiará si la izquierda suma de nuevo. “No podemos desaprovechar todo el caudal político y de derechos que se ha conseguido en esta legislatura”, dice su candidato. Juan Pedro Yllanes. Sea del color que sea, aún queda una lista de asuntos pendientes para el próximo inquilino del Consolat de Mar.