Murcia, el caballo de batalla del agua

La Región de Murcia tiene una lista de reivindicaciones recurrentes que se repiten año tras año a modo de lista de “cuentas pendientes”. Junto con la infrafinanciación (Murcia es, después de Valencia, la comunidad autónoma que menos dinero por habitante recibe del Estado), tres son los grandes clásicos en las reivindicaciones sociales: medio ambiente, infraestructuras y agua.

De este último, el PP ha hecho su caballo de batalla desde hace décadas por su importancia para el sector agrario, que genera un 20 por ciento del PIB regional. El importantísimo caladero de votos de la agricultura llevó a los gobiernos del PP, al frente de la comunidad desde 1995, a invadir los balcones de los ayuntamientos con pancartas de “Agua para todos” y multitudinarias manifestaciones. Con Mariano Rajoy en La Moncloa, en marzo de 2018, el actual presidente, Fernando López Miras, que tratará de revalidar el cargo este 26 de mayo, fue también a Madrid a pedir agua y repite, allí donde le preguntan, que los regantes son “su gente” y que el trasvase es “irrenunciable”. Y añade, ya desde el primer acto de la campaña, que “nunca había estado tan en peligro como ahora”, con el Gobierno socialista.

El trasvase es “irremplazable”, añade Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, que asegura que “todos los partidos políticos, ¡todos!, coinciden en esa máxima, aunque luego cada uno tenga su forma de interpretar las posibles soluciones, no solo a la falta de agua, sino a sus costes”. Porque los agricultores pagan cara el agua que reciben del Tajo, a unos 22 céntimos de euro por metro cúbico, y más aún la desalada, que llega a los 60 céntimos. La media de España para el riego agrícola está en torno a los 2 céntimos de euro, según Jiménez.

Diego Conesa, candidato socialista a la presidencia de la comunidad autónoma y delegado del Gobierno hasta hace apenas un mes, asegura a El País que “con el PSOE, nunca ha faltado agua” en la región, pero insiste en aumentar la desalación en paralelo al impulso de las fotovoltaicas para abaratar sus costes como única forma de supervivencia de una agricultura en la que el 84 por ciento de los regadíos están modernizados y se reutiliza el 98 por ciento del agua.

Esencial también para la supervivencia del sector agrario es su mano de obra, que se nutre en buena medida de población extranjera. Y Vox ha encontrado en municipios del campo, como Torre Pacheco, con un 30 por ciento de inmigrantes entre sus habitantes, un bastión para defender sus ideas y recabar votos, casi una cuarta parte de los que se emitieron en las pasadas generales. Según datos del Centro Regional de Estadística, en 2018 había en la Región de Murcia casi 202.500 extranjeros, lo que supone en torno al 14 por ciento de la población total, mientras la media de España se sitúa en el 10,7 por ciento.

La agricultura tiene también que ver, y mucho, con otras aguas, en esta ocasión, saladas: las del mar Menor. La joya medioambiental de la comunidad autónoma llegó al completo colapso en el verano de 2016 convirtiéndose en una especie de sopa verde y fangosa por un proceso denominado “eutrofización”, un exceso de nutrientes que hace proliferar el fitoplancton. Esa situación se dio, explica Isabel Rubio, miembro del grupo de coordinación de la plataforma ciudadana Pacto por el Mar Menor, por la llegada masiva a la laguna de tres tipos de vertidos durante años: los de aguas residuales urbanas, los arrastrados por las lluvias y, principalmente, los que provoca la agricultura intensiva de la zona, que utiliza aguas subterráneas contaminadas por nitratos.

La transparencia aumentó en 2018, pero la plataforma ve con preocupación el aumento de la turbidez de nuevo. Las medidas puestas en marcha, asegura Rubio, no actuaron en origen y muchos agricultores han seguido utilizando de forma clandestina desalobradoras, como demostró recientemente una importante operación de la Guardia Civil. Además, la ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor no se ha cumplido: “El PP no la apoyó y, una vez aprobada, no ha vigilado su cumplimiento. Hay que tomar medidas para no vivir en esta zozobra constante” en este y otros aspectos relacionados con el medio ambiente porque “no puede ser casualidad”, lamenta, que la comunidad autónoma haya soportado “los dos casos más graves de contaminación de todo el Mediterráneo”.

Se refiere a la Bahía de Portmán, en el municipio de La Unión, que recibió desde 1957 hasta 1990 vertidos de la industria minera, unos 60 millones de toneladas, que robaron unos 8 kilómetros cuadrados de superficie al mar. El proceso de regeneración se inició en 2016 pero ha quedado interrumpido desde principios de abril como consecuencia de una sentencia de la Audiencia Nacional por las modificaciones del proyecto. Pedro Martos, que representa a media docena de colectivos vecinales, ecologistas y sociales de la zona, considera fundamental agilizar el proceso y recuperar no solo la bahía, sino también la sierra minera, en la que quedan numerosos depósitos de estériles que siguen siendo arrastrados hasta el mar con las lluvias.

Recuperar estos enclaves tendría una repercusión no solo medioambiental, sino también turística, porque el sol y playa ha sido el producto estrella que la comunidad autónoma ha vendido a lo largo de su historia para atraer visitantes. Aunque en los últimos años las cifras han ido en aumento y 2018 se cerró con un 3,3 por ciento más de turistas que el año anterior (5,7 millones de viajeros), este sector genera un 11 por ciento del PIB regional, una cifra insuficiente según todos los partidos. Para la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la comunidad, Isabel Franco, “ha faltado visión estratégica” a la hora de potenciar el sector, por lo que una de las medidas de su programa será un plan que fomente una mayor diversidad de productos turísticos. El objetivo es disminuir la gran estacionalidad del turismo de sol y playa, que se concentra en unos pocos meses del año y que lleva aparejada una gran temporalidad en el empleo.

Una temporalidad que se repite también en el sector agrario y que es una de las principales quejas de los sindicatos porque, aunque en 2018 el empleo creció en Murcia por encima de la media nacional (al 3,31 por ciento, frente al 3,18), la tasa de temporalidad es del 32 por ciento, afirmaban desde CC.OO. y UGT con motivo del Día del Trabajo.

Para revertir esa situación, el candidato de Podemos a la presidencia autonómica, Óscar Urralburu, tiene claro que es necesario “mejorar el modelo productivo” de la región lo que, en su opinión, pasa por el fomento de la industria fotovoltaica y el desarrollo de una industria basada en la producción de energías limpias, que genere empleos estables, de calidad, cualificados.

Para el final queda el otro gran capítulo en el que todos los partidos coinciden en que hay mayores carencias en la región: las infraestructuras. En 2019, se han cerrado dos de las cuentas pendientes desde hace décadas: la inauguración del nuevo aeropuerto internacional y la de la variante ferroviaria de Camarillas, en la que no hubo cortes de cintas porque ocurrió ya en plena campaña de las generales.

En el saldo pendiente, uno de los asuntos que ha puesto a Murcia en las páginas nacionales, no por la acción política, sino por la lucha vecinal: la llegada del AVE y el soterramiento de las vías del tren en la capital. Los vecinos acumulan ya más de 600 días consecutivos saliendo a la calle para lograr ese objetivo, que a día de hoy parece “más cercano que nunca”, explica su portavoz, Joaquín Contreras, con la mitad de las obras ejecutándose, pero “no acaba de llegar”, porque la otra mitad está pendiente de adjudicación, con el proceso de licitación ya completo, desde agosto del año pasado. De los resultados en las urnas el próximo 26 de mayo dependerá, en parte, que este asunto tenga o no que repetirse en los programas electorales de dentro de cuatro años.