“¿Por qué dedo quieres que empiece a cortar?”

Una mañana de noviembre de 2013 tres individuos encapuchados y vestidos con uniformes de la Guardia Civil llamaron al telefonillo del chalé en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) del narcotraficante gallego José Ramón Dorgambide, alias El Panadero, de 49 años, cuando este se encontraba en prisión. Fue el comienzo del secuestro de la esposa del narco por el que desde este martes se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra dos de aquellos falsos guardias, agresivos delincuentes con antecedentes para los que la Fiscalía pide hasta 13 años de prisión.

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Cuando ocurrieron los hechos, El Panadero cumplía condena por el desembarco de un alijo de seis toneladas de cocaína apresado por la Policía a la organización de David Pérez Lago, hijastro del excapo del hachís Laureano Oubiña, en la que también acabó implicada la narcoabogada y exfugitiva de la Interpol, Tania Varela. Eran las diez y media de la mañana del 20 de noviembre de 2013. La casa se encontraba en la urbanización O Rial, en el extrarradio de Vilagarcía, objetivo de numerosos seguimientos policiales por ser la residencia de otros famosos narcos. Dentro de la vivienda estaban la mujer de Dorgambide y una empleada que abrió la puerta, a la que uno de los asaltantes dijo que querían entregarle una citación.

Una vez dentro de la finca, los falsos guardias pidieron a la madre el DNI de su hija. Cuando esta se lo entregó, la empujaron dentro de la casa, cerraron la puerta y entraron a la fuerza en el domicilio, mientras le decían que se la iban a llevar detenida junto a la empleada, que ese momento salía de la cocina. Luego les ataron a ambas las manos a la espalda con unas bridas y las obligaron a bajar al garaje.

Los tres hombres las metieron en un coche que estaba en el garaje aparcado y con las llaves puestas. Les pusieron un pasamontañas a cada una y las trasladaron a una nave industrial abandonada de Vilagarcía. Una vez allí, las bajaron a un sótano y las ataron a una columna con las manos a la espalda. A partir de este momento, los secuestradores comenzaron a amenazar a la mujer del Panadero con matarla si no les decía dónde tenían el dinero. Uno de ellos le puso una pistola en la cabeza mientras le mostraba unas fotografías de su hija, diciéndole que la iba a descuartizar. Luego cogió un cuchillo, le estiró la mano y le dijo: "¿Por qué dedo quieres que empiece a cortar?".

Así las mantuvieron retenidas en la nave varias horas hasta que la mujer del Panadero se rindió y les dijo donde escondía dinero en el chalé. Mientras uno de los secuestradores vigilaba a las mujeres, los otros regresaron al domicilio donde revolvieron las distintas estancias, picaron el suelo del garaje, rompieron las cajas de electricidad de un dormitorio y se apoderaron del dinero y joyas que encontraron.

Con el botín en su poder, y cuando las mujeres llevaban siete horas retenidas, sus raptores las obligaron a subir al mismo coche y las trasladaron de vuelta al chalé. Allí las dejaron atadas pero antes de macharse uno de ellos les lanzó una última advertencia: "Tenemos amigos en la Guardia Civil y vamos a saber lo que declaráis". Después huyeron llevándose el coche que habían empleado en el secuestro y que apareció totalmente calcinado en una pista forestal, mientras el otro, un Audi A-8, lo abandonaron delante de un concesionario.

Esos vehículos fueron las pruebas que obligaron a la policía a abrir una investigación del doble secuestro y probable ajuste de cuentas que llega a juicio este martes. En el banquillo solo se sentarán dos de los tres falsos guardias civiles que planificaron el golpe porque el tercero nunca pudo ser identificado. Se trata de agresivos delincuentes con antecedentes para los que la Fiscalía pide hasta 13 años de prisión.

El historial de José Ramón Dorgambide Casais fue el posible móvil de los secuestradores. El Panadero era uno de los hombres de confianza de Pérez Lago y responsable de organizar el desembarco en la ría de Corme (A Coruña) donde cayeron 20 personas de la organización. Dorgambide confesó ser el contacto con los proveedores de la droga y pactó con la Fiscalía una condena de siete años de prisión. Cuando estaba en libertad bajo fianza se fugó, hasta que fue capturado en junio de 2012 en León, con documentación falsa.