Un engaño a mafias marroquíes fue el detonante del último ajuste de cuentas entre narcos

El segundo intento de juzgar a cuatro supuestos cómplices del secuestro y posible asesinato de dos narcotraficantes en 2010, José Antonio Pouso, Pelopincho, y Bernardo Amil Villaverde, ha fracasado este jueves en la Audiencia de Pontevedra. La incomparecencia de la testigo de cargo de la fiscalía, que en la actualidad reside en Bolivia, ha sido, por segunda vez, motivo para suspender el juicio, lo cual complica todavía más la resolución del caso.

La testigo clave es una mujer brasileña, pareja de Bernardo Amil, que había denunciado a la Guardia Civil su desaparición el 19 de noviembre de 2010, dos días después de que los cuatro procesados en esta causa fueron a buscarle a su casa de Pontevedra a la que no regresó, hace casi nueve años. En esta encerrona participaron presuntamente Manuel Sineiro, Machuco, José Manuel Fabeiro, Fernando Suárez Suárez, alias Pirata, y Juan José Chávez González, que afrontan una condena de 10 años de prisión.

Por aquellos días, otra mujer brasileña también denunció la desaparición de otro famoso narcotraficante, José Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, contra el que se había dictado orden de busca y captura al no comparecer como principal acusado en un macrojuicio por blanqueo. Su pareja, con la que vivía en Padrón (A Coruña), dijo que se marchó con lo puesto y nunca regresó, dejándola sola con tres hijos menores.

La investigación baraja como único móvil de presunto secuestro y asesinato de Pouso y Amil el transporte, unos días antes, de un cargamento de 4.000 kilos de hachís que ambos organizaron y que aparentemente se fue a pique al encallar el barco Garbi III. Pero en realidad los narcos gallegos engañaron a los proveedores marroquíes y estos descubrieron que la droga no había acabado en el fondo del mar frente a las costas de Portugal, sino en tierra, según desveló el fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, encargado del caso.

Aladro considera fundamental que la mujer declare en el juicio y ha recordado que el delito de detención ilegal que se les imputa a los acusados no prescribe. Aunque el juicio se celebra por la desaparición de Amil gracias a las pruebas obtenidas por la policía, el fiscal ha confirmado que en ambos casos el móvil es coincidente y cree que el posible escarmiento de los dueños de la droga tuvo lugar entre el 20 y el 21 de noviembre de 2010.

Las defensas han incidido en que “no puede estar pesando la espada de Damocles indefinidamente sobre los acusados” y han solicitado que se celebre el juicio con las pruebas que hay o que se dicte una sentencia absolutoria. La abogada de Javier Suárez, Piedad Jara, ha comentado en relación a la incomparecencia de la testigo que “parece voluntaria porque no tendrá mucho interés en conocer el paradero de su marido”.

El tribunal admitió la petición del fiscal y acordó el archivo provisional de la causa a la espera de enviar otra comisión rogatoria para localizar a la testigo en Bolivia, para que al menos pueda declarar a través de videoconferencia. En el supuesto de que la mujer no fuese localizada en un tiempo prudencial, Aladro ha anunciado que el juicio se celebraría sin este testigo de cargo fundamental pero con otras pruebas como intervenciones telefónicas.