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El PSOE propone reformar la ley para retirar las medallas a la ‘policía patriótica’

El programa socialista plantea despojar de cualquier condecoración a aquellas personas que realicen "actos incompatibles con los valores democráticos"

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios de comunicación el pasado 9 de abril en Algeciras (Cádiz). EFE

El PSOE no solo quiere retirar las medallas —y las recompensas económicas que algunas de ellas conllevan con carácter vitalicio— a los policías que, como Antonio González Pacheco, Billy el Niño, han sido acusados de torturas durante el franquismo. También plantea hacerlo con todas aquellas personas, funcionarios o no, que hayan recibido alguna condecoración oficial y cuyos actos sean "incompatibles con los derechos humanos y los valores democráticos", según recoge el programa electoral de los socialistas para el 28-A. Fuentes del equipo del ministro y candidato socialista por Cádiz, Fernando Grande-Marlaska, explican que el PSOE aspira a que esta futura norma afecte, entre otros, a los agentes de la llamada brigada patriótica que operó durante la etapa del popular Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. 

"Consideramos que con el espionaje a otros partidos vulneraron estos valores democráticos", recalcan estas fuentes. Siete de estos policías, ya imputados en el caso Villarejo que se instruye en la Audiencia Nacional, fueron condecorados por el PP por sus "meritorias trayectorias profesionales" y se reparten por ello cada año 16.000 euros.

El Gobierno de Sánchez ya anunció el pasado verano su intención de actuar contra los policías franquistas que recibieron condecoraciones precisamente por su actividad represiva. El ejemplo emblemático era el de Billy el Niño, quien acumula cuatro medallas con derecho a una recompensa vitalicia que incrementan su pensión en un 50%, según reveló entonces un informe de Interior. Esta posible modificación legal fue, incluso, incorporada al acuerdo presupuestario que Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, firmaron el pasado septiembre. Al mes siguiente, Grande-Marlaska anunció que su departamento tenía listo el texto normativo, del que no dio detalles, para proceder a la retirada con "efectos retroactivos" de "todo reconocimiento" a aquellos involucrados en actividades contrarias a la legalidad, aunque faltaba concretar el cauce legal para su tramitación. El adelanto electoral condenó a aquel proyecto a un cajón.

La idea era entonces —y, según las fuentes consultadas, lo sigue siendo ahora— incluirlo como una disposición adicional al articulado de la ley de memoria histórica. El problema surgía en la redacción del texto. "La voluntad es que el ámbito de aplicación sea lo más amplio posible, no solo el Ministerio del Interior, y que englobe todo tipo de condecoraciones, tanto las que tienen compensación económica como las que no", señalan estas mismas fuentes, que reconocen que la norma deberá dejar "muy claro, sin lugar a interpretaciones", las circunstancias en que se puede adoptar la decisión de retirar un reconocimiento. Entre ellas, no necesariamente debe haber una sentencia judicial en firme.

"Bastaría con que quedase demostrado públicamente dichos actos, como ha pasado con Billy el Niño, que nunca ha sido condenado, pero del que hay numerosos testimonios de sus víctimas sobre sus actividades", aclaran las fuentes de Interior consultadas. Estas añaden que el PSOE buscará, en todo caso, "el mayor consenso entre los partidos" para aprobarlo en las Cortes que surjan tras las elecciones del 28 de abril.

Un juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ya planteó en abril de 2017 a Interior —entonces encabezado por el popular Juan Ignacio Zoido— que despojase al supuesto muñidor de la policía política, el comisario Eugenio Pino, de los reconocimientos honoríficos que recibió a lo largo de su carrera, entre ellos la Medalla de Plata al Mérito Policial que recibió al jubilarse en 2016 del ministro Fernández Díaz y por la que recibe 3.725 euros al año. De la Mata lo hacía tras sospechar que el alto mando había maniobrado para introducir un pendrive con información de origen desconocido en el caso en el que se investigan las finanzas de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. Por este hecho, el que fuera número dos de la Policía ha sido procesado posteriormente por un magistrado de Madrid.

Pese a ello, Interior no ha podido actuar contra él porque la ley de 1964 que regula concesión de las medallas en la Policía Nacional y la Guardia Civil no contempla, en ningún caso, la posibilidad de retirar las condecoraciones. "Ni siquiera cuando hay una sentencia firme contra un agente por la comisión de un delito grave es posible quitar el reconocimiento", añaden desde Interior. Pino tiene, además, el reconocimiento de otro ministerio. En 2015, cuando ya había estallado el escándalo de la policía patrióticael entonces titular de la cartera de Interior, Rafael Catalá, le concedió la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Con la propuesta del PSOE, esta condecoración también le sería retirada.

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