La corrupción lastra otra campaña del PP valenciano

Con traje negro impoluto, camisa blanca y corbata de color azul pálido, Rafael Blasco, histórico dirigente del PP valenciano, volvió a sentarse este lunes en el banquillo acusado del saqueo de los fondos de ayuda al desarrollo en la etapa en que Francisco Camps fue presidente de la Generalitat (2003-2011). Blasco ingresó en prisión en junio de 2015 por malversar 1,6 millones destinados a proyectos en Nicaragua, pasó tres años y medio preso y se encuentra ahora en situación de semilibertad. En el nuevo juicio está acusado de desviar otros 4,5 millones de euros que debían ir a programas en África, Asia y América Latina, incluido el de la construcción de un hospital en Haití tras el terremotó de 2010.

Blasco y sus 23 supuestos cómplices —empresarios y responsables de entidades, algunas de ellas presuntamente creadas para apropiarse de fondos de la cooperación—, escucharon durante una hora en la Audiencia de Valencia los argumentos de sus abogados y de las acusaciones. El fiscal solicitó un aplazamiento para tener tiempo de estudiar la causa, que le ha caído de rebote después de que su compañero en la delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Valencia, Vicente Torres, haya sido nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El tribunal aceptó la petición, reclamada también por las defensas, y aplazó el inicio de las vistas al 6 de mayo.

La suspensión proporcionó cierto sosiego a la sede regional del PP, donde lamentan que la corrupción vuelve a lastrar sus expectativas electorales en un momento en el que, creen, la línea entre el éxito y el fracaso todavía no ha sido trazada.

Nada decidido

A pesar de que desde hace un mes todas las encuestas señalan que PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem obtendrán el 28-A mayoría para gobernar, la moral entre los populares no está baja. “Todo está en un puño y hay muchos indecisos o personas que no quieren decir a quién piensan votar. Por mucho que digan los sondeos, nadie se atreve a hacer una apuesta”, afirma uno de los organizadores de la campaña de los populares.

La versión oficial es que los protagonistas de los escándalos que han sacudido al partido desde enero, el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, y Blasco ya no están en el partido. “Isabel [Bonig, la candidata a la Generalitat del PP] se enfrentó al entorno de Barberá y la criticaron mucho internamente. Ha hecho todo lo que tenía que hacer. Claro que los casos desgastan la marca, pero no podemos hacer otra cosa que aguantar el chaparrón, como toda la legislatura”, dice el dirigente.

La incógnita es qué influencia tendrá la corrupción el 28-A. Hace seis años, en plena vorágine de causas judiciales, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señalaba que la preocupación de los valencianos por la materia triplicaba la del conjunto de españoles. El barómetro del CIS publicado la semana pasada reflejó, en cambio, que la cuestión preocupa ahora cinco puntos menos en la Comunidad Valenciana (28%) que en el conjunto del país (33%).

La profesora de Ciencia Política de la Universidad de Valencia Astrid Barrio, cree que las numerosas detenciones, procesamientos y condenas de los últimos años y el cambio de gobierno que se produjo en la Generalitat y Ayuntamientos en 2015 explican la caída de la preocupación. Y que el PP ya pagó un alto precio “en el anterior ciclo electoral por ese motivo”, por lo que no cabe esperar que se repita ahora. La politóloga Paola Cannata apunta, sin embargo, que la acumulación de causas que afrontan los populares valencianos les impide desprenderse del pasado y “proyectar una imagen nueva” ante el electorado.