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Halladas varias armas en una residencia de Murcia investigada por maltrato a ancianos

El centro de lujo no tenía permisos y se sospecha que pudo estafar a alguno de los mayores

Una mujer, en una residencia.
Una mujer, en una residencia.

En pleno centro de Murcia, a escasos metros de la catedral, con precios por encima de los 2.500 euros mensuales, instalaciones exclusivas, un completo plan de nutrición y deporte, talleres y actividades de socialización y un servicio personalizado para los residentes basado en el concepto de “club residencia”. Así se publicitaba la Institución López y Espejo, ILE Senior Club, que, sin embargo, no tiene las licencias pertinentes para operar como residencia de ancianos.

Desde este martes, sus propietarios, Juan Ramón López y Manuela Espejo, están siendo investigados por presuntos delitos de trato vejatorio, estafa y coacciones a los ancianos a los que acogían. En los registros se han hallado además diversas armas, algunas ilegales en España. En concreto, la prensa local apunta a que en las instalaciones había al menos un revólver y dos pistolas de descargas eléctricas de gran potencia, que están prohibidas, motivo por el que podrían ser acusados también de un supuesto delito de tenencia ilícita de armas.

“Esta es vuestra casa”, reza la página web de la empresa a la que la policía accedió en la noche del pasado 12 de marzo después de que un familiar de uno de los residentes denunciara que los propietarios no le dejaban visitarlo.

No es la primera vez que los familiares se encontraban con ese tipo de negativas injustificadas cuando intentaban visitar a sus parientes, ha explicado a EL PAÍS el responsable del Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) del Ayuntamiento de Murcia, José Morales, que acompañó a la Policía Nacional, junto con trabajadores sociales del servicio, al registro de la institución. Había en ese momento cuatro personas viviendo en este peculiar club. Un quinto “asociado”, como los denominan desde ILE, lo había abandonado unos días antes por las sospechas de sus familiares, ha explicado.

Captura de la página web de ILE.
Captura de la página web de ILE.

A ellos, tampoco les fue fácil acceder a las instalaciones, ya que los propietarios negaron la entrada a la policía, que tuvo que esperar varias horas hasta la llegada de la pertinente orden judicial. Los cuatro residentes están ahora a cargo de sus familiares y apoyados por el SEMAS, que en febrero ya recibió la primera voz de alarma relacionada con el club, en esa ocasión, por un asunto económico: una entidad bancaria avisó de que una persona de muy avanzada edad había acudido acompañada de alguien que no pudo acreditar ser familiar suyo con la intención de hacer algunas operaciones que levantaron las sospechas de los empleados. “Los ancianos pueden ser altamente influenciables y es habitual que las entidades nos trasladen si detectan algún comportamiento anómalo. El SEMAS puso el asunto en conocimiento de la familia y de la Policía Nacional, aunque en ese momento no sabíamos la relación de la anciana con ILE”, ha indicado.

El bufete que defiende a los propietarios ha confirmado en un comunicado que se están instruyendo diligencias contra ellos por presuntos delitos de los que “no existe prueba alguna”, sino que se basan en la denuncia de los familiares de “una asociada” que “se marchó del club en contra de su voluntad”. Para reforzar esa afirmación, el bufete adjunta al comunicado una entrevista grabada en audio con una persona que dice también ser asociada del club y niega cualquier maltrato.

El presidente murciano, Fernando López Miras, informó de que ILE Senior Club nunca ha tenido licencia para operar como residencia, porque no estaba inscrito en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales. En la última inspección que se llevó a cabo por parte de la Administración regional en las instalaciones, el pasado mes de diciembre, no se halló ninguna evidencia de que hubiera mayores viviendo en el centro, por lo que en ese momento no se pudo tomar ninguna medida sancionadora.

La comunidad autónoma sí había multado a ILE con 3.000 euros por publicidad engañosa, ya que a pesar de los avisos que se le dio, no retiró de su web y sus anuncios la palabra “residencia” un servicio que, al menos hasta que se aclare esta investigación, no podrá seguir ofreciendo.

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