Caso Julen

La jueza del caso Julen rechaza hacer las pruebas que solicita el dueño de la finca

La instructora cree que las diligencias no son necesarias en este momento del proceso

Los equipos de rescate trabajan este martes en Totalán (Málaga) para encontrar a Julen.
Los equipos de rescate trabajan este martes en Totalán (Málaga) para encontrar a Julen. PACO PUENTES

La jueza que instruye la causa sobre la muerte del pequeño Julen tras caer a un pozo de Totalán (Málaga) ha rechazado hacer las pruebas que solicitaron los abogados de David Serrano, dueño de la finca en la que el niño perdió la vida y único investigado en el caso. La defensa de Serrano intenta acreditar que el niño murió por los golpes de una piqueta utilizada durante las labores de rescate y no por la caída al pozo. El pasado 28 de febrero, sus abogados presentaron un informe de parte y solicitaron que se practicaran nuevas diligencias, que la juez no considera pertinentes en este momento del proceso. A pesar de ello, ha ordenado que su escrito se incorpore a la causa. 

Los abogados de Serrano pedían la declaración de Julián Moreno, jefe del Consorcio Provincial de Bomberos en Málaga, que participó activamente en los 13 días que duró la búsqueda de Julen, así como a los bomberos que intervinieron durante las dos primeras jornadas —13 y 14 de enero— en el operativo de extracción del menor. Igualmente, solicitaban que el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil realizara estudio morfológico de la composición de las muestras de tierra recogidas en la parte superior del niño.

La jueza Elena Sancho Mallorquín, titular del juzgado de instrucción número nueve de Málaga, no va a poner en marcha ninguna de esas propuestas porque entiende los abogados no han justificado “la finalidad o necesidad de las mismas”. En un auto de dos páginas, firmado el 5 de marzo, la magistrada argumenta su decisión recordando que todavía falta la declaración de varias personas que acuden como testigos y que están citados la próxima semana. Entre ellas, Antonio Sánchez —el profesional que ejecutó el pozo—, así como la persona que posteriormente realizó una zanja en la parcela, además de cuatro agentes de la Guardia Civil y el ingeniero que dirigió el operativo, Ángel García Vidal.

La instructora recuerda también que todavía no se conoce el resultado definitivo de la autopsia, por lo que las conclusiones de la defensa de Serrano están unidas “tan solo” a un informe preliminar, y que también están pendientes de análisis las muestras de tierra del pozo, por lo que habría que esperar al resultado.

La magistrada incide además en que el informe presentado por la defensa con la hipótesis de que la piqueta causó la muerte del niño, no tiene “consideración de informe pericial”, ya que solo incluye las "valoraciones" de un arquitecto sobre el contenido de un atestado y las declaraciones que hay en el mismo. El trabajo está elaborado por el arquitecto Jesús María Claros, quien criticó en televisión el operativo de rescate mientras se estaba desarrollando. Poco después, el Colegio de Arquitectos de Málaga se desvinculó de sus opiniones y mostró su apoyo y confianza en el equipo técnico que realizaban el rescate.

David Serrano, el único investigado, también se ha quedado solo en su versión de los hechos. Tanto su pareja como los padres de Julen, Victoria García y José Roselló, declararon días atrás que no habían sido avisados del peligro que suponían los pozos existentes en la finca y tampoco pudieron confirmar a la juez que el orificio por el que cayó el menor estuviese bien tapado, como siempre ha defendido Serrano.

Denuncias por comentarios ofensivos en Internet

N. S.

Los padres de Julen, a través de su abogada, Antonia Barba, han presentado dos denuncias ante la Policía Nacional contra tres perfiles de Twitter y una página web por comentarios ofensivos o en tono de burla en Internet sobre la muerte del niño. En las acusaciones se transcriben los comentarios vertidos y se alude al artículo 173 del Código Penal, que prevé penas de prisión de entre seis meses y dos años para el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. La primera de las denuncias ya ha llegado a la justicia, aunque el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga se inhibió a los juzgados de Madrid, porque los mensajes se difundieron desde allí, según han explicado fuentes judiciales. Barba ha insistido en su petición de “respeto” para los progenitores de Julen, “que están sufriendo muchísimo” y ha defendido que con estas acciones judiciales solo pretende que se detengan los comentarios.

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