Un juzgado de Madrid suspende cautelarmente el permiso para exhumar a Franco

“Es un proyecto sectario y divisor. Representa el ansia de venganza y el odio de los vencidos de la Guerra Civil”. Es una de las opiniones sobre la ley de memoria histórica que vertió en un artículo en 2007 en la revista Aportes el juez que acaba de poner un nuevo obstáculo para la exhumación de Franco, José Yusty Bastarreche, titular del juzgado de lo contencioso administrativo 3 de Madrid. El magistrado ha suspendido de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial —término municipal al que pertenece el Valle de los Caídos— que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo el traslado de los restos del dictador. El Consistorio madrileño tiene tres días para presentar alegaciones.

Tras señalar que no ve “especial urgencia” en la exhumación de Franco —al que se refiere como “jefe del Estado”— por llevar enterrado en la Basílica “más de 44 años”, el juez recuerda que para proceder al traslado de los restos del dictador es necesario remover una losa de mármol y otras de granito, de unos 2.000 kilos de peso. “Y no hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar y por tanto peligroso, por el riesgo evidente de caída, rotura, o cualquier otro accidente que pueda ocurrir y que a su vez pueda causar daños a las personas que tienen que realizar la citada maniobra”. En el auto, el juez Yusty llega a citar el artículo 15 de la Constitución, que establece: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte”.

En la operación inversa, el entierro de Franco en 1975, trabajaron nueve canteros, que en apenas unos minutos colocaron la losa de granito (de 1.500 kilos) ayudados por un gato, unos rodillos y unas cuerdas.

El Gobierno aseguró,  tras conocer el auto del juez, que el expediente de exhumación de Franco “continúa”, aunque admite que estos procedimientos, a los que se refiere como “obstruccionismo del entorno del dictador”, pueden retrasar la fase de ejecución final. El Ejecutivo ya admitió el pasado viernes que quizá no les dé tiempo a exhumar a Franco antes de las elecciones del 28 de abril. Los juzgados contenciosos administrativos “no son competentes para resolver sobre los acuerdos del Consejo de Ministros”, pero sí pueden retrasarlos, y en cualquier caso, queda pendiente lo que diga el Tribunal Supremo, que se reservó la última palabra tras pedir los Franco que paralizara cautelarmente el proceso. El Ejecutivo ha contabilizado 12 demandas judiciales presentadas por personas diferentes reclamando la suspensión y anulación de las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial en relación con la exhumación de Franco. La Abogacía del Estado trabaja de hecho, para acumular todos esos procedimientos judiciales en uno y tratar de garantizar que exista un único pronunciamiento. Fuentes judiciales elevan hasta 17 el número de recursos presentados.

Una obra menor

Francisco Javier Zaragoza Ivars, el abogado que ha interpuesto 15 de estos recursos, considera que el Gobierno pretende hacer “una profanación” de la tumba de Franco, pero afirma que los escritos se centran en las “irregularidades urbanísticas graves” en las que, a su juicio, incurre la licencia: “Es una licencia para realizar una obra menor en un edificio protegido donde solo están permitidas las obras de mantenimiento y restauración. Entendemos que es nula. Lo que están intentando hacer es una barbaridad jurídica. Las irregularidades son tantas que duelen los ojos. Si ese hombre lleva ahí 43 años durmiendo, no creo que por esperar seis meses a que la sentencia nos diga si tenemos razón no se causaría ningún perjuicio”, concluye.

Los textos de los recursos a los que ha tenido acceso EL PAÍS van más allá de las consideraciones urbanísticas y destacan “la necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales solicitadas”. Señalan también que “lo que se busca es la profanación de la tumba del anterior Jefe del Estado” por lo que piden “suspender cautelarmente las obras de demolición”. Según su argumentación, exhumar el cuerpo supondría vulnerar los artículos 8 y 9 del Convenio de los Derechos Humanos sobre libertad religiosa.