Cinco jueces devuelven la minoría de edad a cinco niños inmigrantes

Abdou, nombre ficticio, llegó a España desde Guinea Conakri con 15 años, pero al cumplir los 17 se le expulsó del centro de acogida de la Comunidad de Madrid donde vivía. Para el sistema ya era un adulto porque la Fiscalía, en función de unas pruebas forenses con un amplio margen de error, había decretado que era un año más mayor de lo que mantenían él y sus documentos.

Abdou no es el único que responde confundido cuando se le pregunta su edad. "¿Cuántos años tengo en mi país o aquí?", suelen cuestionar. Como él hay niños inmigrantes en toda España a los que un fiscal ha convertido en mayores de edad cuando no lo son o hay dudas razonables. Esa decisión es crucial: como niños tienen derecho a protección hasta la mayoría de edad, se les matricula en cursos o en el colegio y se regulariza su situación, pero como adultos son carne de cañón, inmigrantes irregulares expuestos a la expulsión.

Los decretos de mayoría de edad de la fiscalía son irrecurribles, pero el año pasado cinco jueces decretaron que cinco niños volviesen a los centros de acogida de donde tuvieron que salir hasta que se obtenga un pronunciamiento definitivo sobre su verdadera edad. De esta forma, Fundación Raíces, una organización que hace 20 años protege a niños vulnerables, ha encontrado una vía en la Justicia para que se proteja a, al menos, una parte de los menores que pasan por esta situación. La organización asegura que solo este año ha recibido cerca de 60 casos con las mismas características.

Los magistrados de primera instancia reconocen en todos los casos la validez de los pasaportes y partidas de nacimiento que presentaron y que la Fiscalía no tuvo en cuenta para decretar su edad. “Esta documentación nunca es cuestionada por la Fiscalía cuando quien la porta son ciudadanos adultos de esos países o niños que llegan a España acompañados por sus padres”, denuncia la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal.

“Es muy grave que mientras los políticos discuten la manera de controlar los flujos migratorios y las fronteras, muchos niños y niñas se estén quedando en las calles de nuestras ciudades, sin ser mayores ni menores, sin educación, sanidad, alojamiento, cuidados, protección”, lamenta Reyzábal. “En este limbo jurídico se les aboca a la más absoluta exclusión social, con el peligro de que puedan caer en redes de explotación, como en el caso de las niñas que suelen ser interceptadas rápidamente por las redes de trata con las que llegaron a España”.